Análisis del goce efectivo del derecho a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de desplazamiento forzado (II parte)
Una vez analizado el marco normativo que justifica la política pública de protección del derecho a la justicia de la infancia y la adolescencia desplazada, y verificado cómo en la práctica no se está cumpliendo con la obligación prevalente y especial de investigar, juzgar y castigar el desplazamiento forzado cometido en perjuicio de personas menores de 18 años, corresponde ahora establecer cuáles son las principales causas de dicho incumplimiento, así como las fortalezas existentes que se convierten en facilitadores del goce efectivo del derecho a la justicia de los niños y las niñas en situación de desplazamiento. Para ello, el presente artículo, tercero de una serie de informes, recoge las entrevistas realizadas a expertos, funcionarios de Organizaciones No Gubernamentales –ong– y de un órgano de control.
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Algunas consideraciones respecto del derecho de acceso a la justicia en la ley de "justicia y paz"
Este artículo analiza el derecho de acceso a la justicia en las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno colombiano, a propósito de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de “Justicia y Paz”. Indaga el contenido de este derecho en la doctrina, normatividad nacional e internacional y jurisprudencia nacional e internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Del mismo modo, analiza la garantía del Estado de acceso a un recurso judicial efectivo y su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Deber que se acentúa ante violaciones de derechos humanos en un escenario de desmovilización. Las víctimas de estas violaciones en su mayoría pertenecen a zonas rurales, con escasos recursos, bajo nivel educativo, etc. En la aplicación de la Ley 975 de 2005 se observaron obstáculos de distinto orden que hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia que les asiste y, por supuesto, no permite que las víctimas sean reparadas en sus derechos.
El incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo se hace manifiesto en esta Ley.
La identificación de estos obstáculos resulta interesante en la construcción de una política pública de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que, por la gravedad de las victimizaciones, han sufrido más dolor.
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Consideraciones previas a un análisis detallado del estado de realización efectiva del derecho a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de desplazamiento forzado
El presente artículo es el primero de una serie de informes, resultados de la investigación acerca del derecho, de los niños y las niñas, a que no haya impunidad cuando se vean vulnerados sus Derechos Humanos –DH– y/o el Derecho Internacional Humanitario –DIH–. Y está dedicado al estudio de la magnitud del desplazamiento infantil, del marco normativo del derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los DH y al DIH y de las principales disposiciones que configuran la protección constitucional de carácter reforzado que existe en Colombia para la infancia y la adolescencia.
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Comisión de la “verdad” sobre desplazamiento forzado: pueblos indígenas
Given the lack of access to justice and a comprehensive public policy towards the victims of the crime of forced displacement, it is important to create an alternative (complementary) that recognizes the rights of victims and dignified as such. We propose a Truth Commission to take into account: the history of this crime, the ratio of displacement to the dispossession of land, the impact, the paradigmatic cases and visualization of reality, the actors (victims, state, civil society, local organizations and international organizations), a democratic strategy without polarization and partial and finally build a goal of institutional and social change through historical memory. The proposal centers for all victims of displacement with an emphasis on indigenous peoples.
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Enfoques de investigación y organización del trabajo de campo : el estudio de caso y la encuesta
Este artículo está dirigido a los estudiantes y jóvenes investigadores interesados en la investigación sociojurídica. El mismo presenta de manera sucinta, cómo llevar a cabo una investigación, una vez se ha resuelto las preguntas de: qué, por qué y para qué investigar. En esta etapa se propone que el investigador además de acudir al análisis de fuentes secundarias o diseños bibliográficos, recurra a los hechos que contemplan la realidad social que quiere conocer, es decir a información de primera mano.
Para ello resulta fundamental que elabore su diseño de investigación y realice un “diálogo entre la epistemología y las acciones de campo”3, que le permita seleccionar tanto el enfoque epistemológico de la investigación (cualitativo y/o cuantitativo) como las estrategias y las técnicas de recolección de información que desea emplear para el cumplimiento del objetivo propuesto.
El artículo pretende que los estudiantes conozcan algunas categorías que diferencian el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación sociojurídica y expone brevemente tanto el estudio de caso –método tradicionalmente cualitativo– como la encuesta –estrategia o método de investigación cuantitativa–.
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Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia
Las mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento forzado por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva–. Dicho de otra manera, la mujer desplazada es doblemente victimizada.
La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo en algunas ocasiones trabajan en agricultura, modistería, manualidades, dicho en otras palabras, el trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el desplazamiento como hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno en su contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la justicia, son, casi inexistentes. El 73% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que certifica su situación de desplazada, el resto de las mujeres evidencian su situación con el fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado, pero no denuncian el hecho penalmente.
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Violencia sexual en el conflicto armado : barreras para acceder a la justicia
El patriarcado, basado en la posición dominante del hombre en la familia y en la opresión hacia la mujer, ha permeado las instituciones y las generaciones hasta el día de hoy; el poderío masculino se ha impuesto y se ha mantenido a través de la historia, entre otros mecanismos, con la violencia contra la mujer y los hijos.
La sexualidad ha sido el producto de todas esas prácticas de opresión cuyo mensaje consciente e inconsciente le otorga a la mujer y a su comportamiento un menor valor. Mensaje que ha sido socializado generación tras generación y que al ser internalizado (Berger y Luckmann , 1999: 170 y ss) en el hombre ha legitimado la arbitrariedad y la violencia en contra de la mujer. Dicha violencia –física, sexual o psicológica– se ha extendido tanto en el ámbito familiar –doméstico– como en el público.
Las agresiones sexuales en contra de las mujeres en su mayoría no son denunciadas ante organismos o entidades del Estado. Pero dentro del conflicto armado las agresiones sexuales, pese a ser sistemáticas y generalizadas, han sido invisibilizadas por el Estado y en general por la sociedad. Existe un alto subregistro de estos delitos por parte de organismos del Estado.
El Estado ha incumplido con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, más cuando se trata de violencia sexual contra las mujeres, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado. Deber que se acentúa cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
Del mismo modo, las mujeres víctimas de tales agresiones no denuncian estos hechos, pues se enfrentan a varias causas, como miedo, desconocimiento del código del sistema judicial, desconfianza en el mismo, etc. Esta situación impide que los derechos afectados sean reparados y que dichas agresiones se repitan. De tal suerte que se atenúen los límites del conflicto armado y se amplía cada vez más la brecha entre hombres y mujeres.
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Prólogo - Cátedra Unesco y Cátedra Infancia : justicia transicional y memoria histórica
9 páginas
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Prólogo - Política criminal y libertad
8 páginas
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Prólogo - Cátedra Unesco : derechos humanos y violencia : gobierno y gobernanza. Debates pendientes frente a los derechos de las víctimas
5 páginas
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Prólogo - Cátedra Unesco : derechos humanos y violencia : gobierno y gobernanza. Debates pendientes frente a los derechos de las víctimas