Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de determinantes de los planes de ordenamiento territorial
La competencia de ordenación del territorio supone la confluencia de varios
intereses, tanto de políticas sectoriales como de niveles de gobierno. En este
trabajo se analizará la concurrencia de todos esos intereses y se propondrá
una fórmula de coordinación entre estos para que se ejerza de manera adecuada
dicha competencia.
La fórmula que ha escogido el legislador para concretar la coordinación
en la ordenación del territorio son los determinantes, establecidos de manera
enunciativa en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y los mecanismos
de concertación, que se contemplan en el artículo 24 de la misma ley. Sin
embargo, la jurisprudencia no ha desarrollado en profundidad esta figura,
y se requiere de una conceptualización de esta institución jurídica para advertir
que por medio de ella no se logra la concertación, sino la imposición de otros sectores o niveles de gobierno sobre el nivel municipal. Si bien se
concreta el principio de coordinación en tanto que se encuentran alineados
los intereses, la participación del ente local en la decisión de quienes adoptan
los determinantes es bastante deficiente.
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Hacia un derecho administrativo y urbanístico crítico: la regularización de asentamientos informales, entre la inclusión y la asimilación
En Colombia, el 37% de la población vive en la informalidad, lo que equivale
a alrededor de 18.500.000 personas, es decir, más de un tercio de la
población. La informalidad supone la vulneración de derechos fundamentales
como la dignidad humana, la igualdad, la salud, la vivienda digna y el
acceso a los servicios públicos, para mencionar solo algunos, e implica vivir
en una condición de vulnerabilidad que tiene consecuencias muy serias para
el Estado y el derecho.
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Presentación - Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano : competencias, instrumentos de planificación y desafíos
El estudio científico del territorio admite múltiples miradas. Las ciencias
naturales y las ciencias sociales reclaman cada una la primacía de su propia
visión, que va desde la física, la biología, la astronomía, la ecología y la geografía
hasta la filosofía, la historia, la política, la economía, la sociología y
la antropología. Ah, sin olvidar, por supuesto, la visión propia del derecho.
Cuando hablamos de territorio nuestra imaginación se remonta en
primera instancia a la geografía, sea esta física, demográfica, económica o
política. En este escenario se instala el derecho público para normativizar
el territorio desde las perspectivas del derecho constitucional, el derecho
internacional y el derecho administrativo. Se trata del territorio definido y
regulado como elemento constitutivo del Estado, como objeto de soberanía,
como receptor de la acción política del Estado, como horma que estructura
la Administración Pública, como punto de referencia para determinar las
competencias de las autoridades administrativas.
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La protección constitucional de la rivalidad en el mercado como interés de las actuaciones administrativas en materia económica
89 páginas
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La delimitación entre el derecho público y el derecho privado en el derecho administrativo. ¿Qué puede aprender Colombia del sistema jurídico alemán?
36 páginas
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Generación y gestión del espacio público en las ciudades: una perspectiva desde el derecho administrativo colombiano
El espacio público es la ciudad, y quizás no haya mejor momento que el
actual en la memoria colectiva para aceptarlo y reconocerlo. La mayor parte de la población global ha estado confinada en sus hogares como consecuencia
de la Covid-19 y se han podido observar las ciudades vacías. Y cuando decimos
y pensamos en ciudades vacías no imaginamos, o recordamos, el éxodo
masivo de los habitantes de la ciudad, sino que visualizamos y recordamos
sin seres humanos los espacios públicos donde transitamos y nos instalamos
pues, ya en el inconsciente colectivo, el espacio público es la ciudad.
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Mecanismos de solución alternativa de controversias (ADR)
5 páginas
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La regulación del contrato de concesión de obras en el derecho español
23 páginas
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Planificación y administración pública: entre lo deseable y lo posible
El origen y el desarrollo de la planificación se dieron en los campos de
la filosofía, la sociología y la economía. Es así como la planificación surgió
como una institución técnica y, en sus inicios, fue utilizada por las empresas
privadas y se caracterizó por su lejanía de las fuerzas políticas y los estamentos
públicos. Paulatinamente, la planificación fue encontrando un espacio en el
escenario estatal, hasta convertirse en una institución esencial para dirigir
la actividad pública hacia un desarrollo económico y social sostenible tanto
a nivel nacional como global.
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Cláusulas excepcionales, potestades públicas y poderes unilaterales de la Administración contratante: prerrogativas, derechos y cargas
Los poderes unilaterales de la Administración contratante han estado cubiertos de un halo de incertidumbre por las dificultades de su concreción jurídica. Desde la Ley 53 de 1909 se establecía la obligación de incluir
cláusulas penales y de caducidad en ciertos contratos de la Administración (arts. 4.º y 5.º). Pero en esa época la caducidad tenía un sentido genérico de terminación del contrato, según la acepción civil que sería recordada muchos años después por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en la época no existía aún la conceptualización jurídica del contrato administrativo, que comenzaba apenas a construir la doctrina francesa, y que sería estructurada con la obra de Péquignot sobre la Teoría de los contratos administrativos en los años cuarenta. Entre nosotros, la inclusión y ejecución de esas cláusulas estaban controladas por la jurisdicción ordinaria, por cuanto solo hasta 1964 surgiría la competencia del contencioso-administrativo para juzgar los litigios originados en contratos administrativos. ¿Contratos de la Administración o contratos administrativos? ¿Cláusulas particulares en contratos comunes o contratos especiales administrativos? Son interrogantes que podríamos formularnos hoy, retrospectivamente, pero que no suscitaban inquietudes en la época en la que, simplemente, las cláusulas eran impuestas por la ley en ciertos contratos de la Administración. La caracterización no fue clara, incluso mucho más tarde, en los primeros estatutos de contratación, porque los decretos ley 150 de 1976 (arts. 47 y 48) y 222 de 1983 (arts. 60, 61) confundían las cláusulas exorbitantes
con las obligatorias.
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Cláusulas excepcionales, potestades públicas y poderes unilaterales de la Administración contratante: prerrogativas, derechos y cargas