Por:
William Iván Gallo Aponte
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Fecha:
2020
La deforestación como un daño autónomo se refleja en la importancia que reviste su impacto a partir de un análisis técnico y científico, propuesto y evaluado por las diferentes autoridades ambientales. El progresivo aumento en las cifras de bosques naturales deforestados generan una alarma no solo para el Estado, sino también para los particulares involucrados en los procesos de concesión minera. Frente a esta problemática, ha sido notoria y constante la propuesta de políticas legislativas, gubernamentales y judiciales con el objetivo de establecer un adecuado régimen de protección de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos que revisten estos intentos, no hay resultados concretos. Dentro de este contexto,
hablar de responsabilidad civil y del Estado por la deforestación derivada de la actividad minera es un asunto de actual y relevante importancia; muestra de ello, corresponde con los perjuicios que se generan en todas las esferas. Así pues, la consecución del daño muchas veces corresponde con la omisión en el cumplimiento de las funciones legales por parte de las autoridades ambientales competentes. De ahí, deviene necesario la imputación jurídica del daño, no solo a los particulares sino también al Estado, principalmente bajo un régimen subjetivo de responsabilidad.