Origen y fuente constitucional de los derechos de la naturaleza en Chile. Una perspectiva desde la lógica ambiental del agua
El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.
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Estructuración predial del primer banco de hábitat en Colombia y sus usufructos parciales
El presente documento recoge la investigación realizada en el marco de la estructuración e implementación del primer banco de hábitat en Colombia. En particular, recoge las principales consideraciones jurídicas que se tuvieron en cuenta al momento de realizar la estructuración predial del proyecto de manera que se diera cumplimiento a las condiciones de “sostenibilidad y permanencia” así como de “pago por resultado” establecidas en el decreto 2099 de 2016 y la resolución 1051 de 2017. De esta manera se presenta el análisis
correspondiente a la celebración de contratos de usufructo parcial, con su respectiva alinderación, sin implicar el desenglobe de los predios, como un mecanismo que permita asegurar la sostenibilidad y permanencia del banco de hábitat como un instrumento para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación ambiental y/o de inversión forzosa de no menos del 1%.
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Mecanismos para el fomento de la productividad agrícola : la solución a las problemáticas socioeconómicas de la tierra para víctimas del conflicto armado
The rural population victim of the armed conflict has been exposed with higher intensity to the traditional problems of the Colombian countryside: the property concentration, the informality of labor, the consequences of violence, the inadequate or insufficient use of land, and the state abandonment. The vulnerability of the victims, the low production of the land, and the aforementioned problems, can be positively influenced throughout measurements that promote agricultural productivity. These mechanisms act, in sum, as tools of rural development and social strengthening of the rural population victim of the armed conflict.
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Algunas aproximaciones a la conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible: la nueva agenda urbana
La Nueva Agenda Urbana, hoja de ruta o guía para que las ciudades orienten sus esfuerzos y generen estrategias que conlleven el desarrollo urbano sostenible de las ciudades, fue el resultado final de la Conferencia Hábitat iii que se realizó en Quito (Ecuador) en el año 2016. Este documento incluye los temas más relevantes, en los que las ciudades deberían trabajar e implementar estrategias que propendan al desarrollo sostenible de las ciudades y la eliminación de la pobreza. Sin embargo, y teniendo en cuenta que fueron los mismos Estados los encargados de plasmar en este texto los aspectos claves y generales en los que se debe trabajar, cada país debe elaborar documentos y fijar políticas que conlleven las ciudades a la consecución de este objetivo mediante el cumplimiento e implementación de los logros propuestos en la Nueva Agenda Urbana.
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Análisis del origen del proceso sancionatorio ambiental por infracción normativa. Propuestas
La Ley 1333 de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental vigente para Colombia, cumple diez años de aplicación. En ese lapso se ha recopilado información estadística que permite evaluar, desde el análisis de las infracciones por violación normativa, si esta labor de gestión basada en la vigilancia y el control ha sido eficaz y efectiva. Las actividades de vigilancia y control de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un numeroso grupo de entidades ambientales y entes territoriales con funciones ambientales, pueden estarse distrayendo del principal objeto legal que tienen: la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Y todo por estar privilegiando en algunos casos
la vigilancia normativa y el impulso de procesos administrativos sancionatorios antes que procurar que los ciudadanos usen legalmente los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales, o den manejo adecuado a los impactos generados por sus obras o proyectos. Para corregir y evitar en lo sucesivo este yerro se propone un cambio en la visión administrativa, se hace una crítica a la política pública sectorial, y se plantean alternativas de acción focalizadas en las causas de las infracciones ambientales.
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Restitución y redistribución. Hacia un tratamiento con enfoque social a los opositores campesinos en el proceso de restitución de tierras
Los primeros casos de restitución de tierras, producidos en el marco de la Ley 1448 de 2011, comenzaron a mostrar la presencia masiva de segundos ocupantes en los predios restituidos, una categoría establecida en los principios Pinheiro (principio 17), que reconoce la necesidad de brindar medidas de atención a la situación de los ocupantes que deben desalojar los predios a restituir y que quedan en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del desalojo. En términos generales, la condición que reúne el segundo ocupante supone que se trata de una persona que no participó de los hechos de despojo y/o abandono, ni tuvo vínculos con grupos armados ilegales, pero no logra demostrar su buena fe exenta de culpa y como consecuencia de la restitución se ve abocado a perder su relación con la tierra, de la que deriva el sustento de su familia.
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Reflexiones prácticas y jurídicas sobre la regulación ambiental aplicable a las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH)
Este artículo presenta los resultados de una investigación en la que se analizaron las normas ambientales aplicables para la construcción y operación de pequeñas centrales hidroeléctricas antes y después de la expedición del Decreto 2820 de 2010, norma que incluyó la obligación de contar con licencia ambiental para este tipo de proyectos. De igual forma, el artículo presenta varios casos bajo los cuales se puede analizar la forma como las autoridades ambientales han aplicado e interpretado las normas ambientales al momento de otorgar concesiones de aguas y licencias ambientales para las pequeñas centrales hidroeléctricas. El artículo incluye ejemplos de instrumentos ambientales otorgados para este tipo de proyectos por parte de ciertas corporaciones autónomas regionales, como Carder, Corantioquia, CVC, CRC, Corpocesar, Codechocó y Cortolima.
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Importancia de una estrategia bilateral para prevenir el daño medioambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower por los efectos del fallo de La Haya
23 páginas
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Importancia de una estrategia bilateral para prevenir el daño medioambiental en la Reserva de Biosfera Seaflower por los efectos del fallo de La Haya
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Características generales y clasificación de los trámites ambientales
Cualquier introducción al derecho ambiental que rige en Colombia debe pasar por el conocimiento del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Allí encontrará desde el
principio (art. 3.º) la lista de recursos naturales y los elementos ambientales que comprende. Y muy pronto también hallará la manera como esa compilación básica establece los modos para adquirir el derecho a usar los recursos naturales y demás elementos ambientales que, por ser de dominio público, requieren de previo trámite administrativo ante el Estado y expresa autorización. Sin embargo, es curioso que tal cúmulo normativo no se haya detenido en conceptualizar cada modo y cada procedimiento para esos efectos. Que tampoco lo haya hecho para precisar detalles de cada uno y clasificarlos. Y menos, que haya sistematizado la manera como en las sucesivas reglamentaciones o desarrollos normativos esas disposiciones generales se
hayan respetado.
En este corto escrito, se pretende corregir tales yerros. Y se hace con la intención, no de agotar la investigación acerca de los modos de adquirir en Colombia el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales sino, por el contrario, de estimular mayores investigaciones para
que ello conduzca a mejores fórmulas jurídicas de prevención y resolución de los conflictos sociales como extenuante esfuerzo de un derecho verdaderamente científico-social.
Esta es una exposición sintética y clara de los tipos de modos para adquirir el derecho de uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales, las definiciones y características de cada uno, las clasificaciones posibles de los mismos y las sugerencias, no solo para continuar investigando en esa área, sino para ahondar en el esfuerzo, de forma que desde lo ambiental la ciencia jurídica rescate su esencia como área del conocimiento social. Aboga por tener insumos para enfrentar con mayor éxito las tendencias reformadoras
del régimen ambiental, que si bien son necesarias para contextualizarlo y ponerlo a tono con el conocimiento científico más actualizado, también corre el riesgo de fracasar en el intento de ser más coherente y aplacar los
conflictos crecientes.
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Los animales como parte de la naturaleza: ¿objetos o sujetos de derechos?
En este capítulo se presenta la evolución y el estatus del reconocimiento de derechos a la naturaleza y a los animales bajo el enfoque biocentrista que han adoptado las constituciones en Latinoamérica, entre ellas la de la Ciudad de México promulgada en 2018 bajo un proceso constituyente participativo. Se analiza la confrontación con la normativa, especialmente del derecho civil, que considera como objetos de apropiación a los animales y a la naturaleza, y el tránsito hacia este nuevo enfoque que es trasladado a las constituciones
locales del país (no la nacional), para dotarlas de mayor protección en torno a la idea de bienestar animal, trato digno y humanitario o su consideración como sujetos de derechos. Concretamente se aborda la legislación mexicana federal y de las entidades federativas, así como los efectos de las resoluciones
administrativas ante denuncias de maltrato animal, a la luz de la evolución del enfoque biocentrista en Latinoamérica.
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