Conceptualización sobre la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por la existencia de un Estado de cosas inconstitucional - ECI frente al derecho fundamental al agua
Acoording with our Constitulional Court the right to water enjoys in our legal system the status of fundamental and it involves obligations to the Colombian State. However, despite such recognition, it was verified that there is an "Unconstitutional State of Affairs" against the right of water and by default, in this scenario of violation, there are damages that conform to the typology known as environmental damages (ecological and impure); which are atribule to the administration under the tille of imputation of negligence in the public service due to the omission in the fulfillrnent of the positive obligation of protection and materialization of the obligations of the State, being in this sense an inefficiency and inefficiency in compliance of the functions.
In the face of reparation rneasures, apart from the traditional ones, it considers that in this case complex measures must be dictated in order to avoid repeating the facts that have rnade the damages, already mentioned.
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Criterios de reparación con los que debería valorarse el daño ocasionado por el tratamiento inadecuado de datos personales
Las modernas creaciones tecnológicas facilitan en el mundo contemporáneo el acceso, la distribución e intercambio de todo tipo de información. Se habla por ello de una sociedad absolutamente informatizada, en la cual las personas enfrentan el riesgo de que sus datos circulen y se expongan de manera indiscriminada, indefinida e incontrolada.
Ésa circunstancia puede generar un detrimento en el patrimonio de la víctima, pero sin duda, el mayor impacto recaerá en su ámbito moral y espiritual. en sus sentimientos, sus afectos, sus relaciones con el mundo externo, menguándose en consecuencia, un conjunto de bienes intrínsecos e inmateriales de difícil percepción para quién debe de valorar esa pérdida y cuantificarla.
El fin de esta investigación es determinar qué criterio permite valorar con mayor objetividad y precisión los daños a la persona, generados frecuentemente con el tratamiento inadecuado de datos personales.
Para dicho propósito, se analiza la regulación legal colombiana y la jurisprudencia más relevante en la materia, y se contrasta con las normas y las jurisprudencias producidas en Estados Unidos y la Comunidad Europea, Rara establecer cuál de ellos garantiza una menor subjetividad judicial.
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Cuál es el alcance de la reparación de los daños ambientales y ecológicos causados por la contaminación de minas anti-persona
Sin duda el instituto de la responsabilidad patrimonial, civil y estatal, ha atraído las plumas de un sin número de juristas, quizás por la complejidad que involucra a pesar de la aparente sencillez en la formulación de sus elementos: Daño, imputación y fundamento al deber de reparar. Sin embargo, la atención no estriba sólo en las perplejidades y los muchos debates que esta institución ha suscitado, sino también en su carácter transversal, que la extiende a un gran número de esferas o escenarios frente a los cuales, al menos en su planteamiento original, no se sospechó que pudiera estar vinculada. El medio ambiente es sin duda alguna uno de estos escenarios, y en los tiempos que corren parecería inobjetable el hecho de que la responsabilidad patrimonial debe hacer su aparición irrevocable en este ámbito. Pero como las problemáticas ambientales son variadas, y cada una de ellas ofrece sus particularidades, la institución clásica a que se viene haciendo mención debe ajustarse, morigerarse o lenificarse en atención a ellas; de lo contrario su aplicación draconiana e inopinada podría dar lugar a resultados abiertamente inicuos e injustos. La lectura de la responsabilidad ambiental demanda entonces una perspectiva diferente, a fin de que el juez pueda hacer frente a los diferentes conflictos sociales que la lesión al medio ambiente suscita. Así, pues, el mecanismo de la reparación se activará según la gravedad del suceso, la relatividad y periodicidad con que se presente, características estas que constituyen una faz del daño en materia ambiental y que no pugnan con las que tradicionalmente han rodeado al daño: cierto, personal, directo y subsistente.
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Daños a la persona causados por el asbesto. Causalidad
El presente escrito pretende hacer una evaluación y crítica sobre la forma en como algunas autoridades judiciales en Colombia, han abordado la responsabilidad que se deriva de la peligrosidad del asbesto, mineral altamente cancerígeno, causante de varias neoplasias pulmonares, entre ellas el mesotelioma. Lo anterior, a partir de un análisis de los conceptos de contaminación, desde una visión fenomenológica y material, así como la definición de los requisitos exigidos para el reconocimiento del daño a la salud y el desarrollo de la imputación fáctica que han sido recientemente introducidas por la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.
Así mismo, se aborda el concepto del daño a la salud, para referirnos a la necesidad de reconocer la reparación de perjuicios derivados del daño a la salud ocasionado por el asbesto, tanto de aquellos originados en enfermedades diagnosticadas, así como también de los que surgen en función de un temor fundado en la futura adquisición una patología relacionada con el mineral estando demostrada su inhalación, como sucedió con la jurisprudencia francesa que en materia laboral reconoció el perjuicio de angustia, centrado en la protección constitucional y tutela de la persona.
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El artículo 185 de la Ley 1448 de 2011 : ¿una limitación justificada a la reparación patrimonial de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado?
Una de las expresiones más contundentes de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es la reparación integral, catalogada como derecho fundamental. Con la expedición del artículo 185 de la Ley 1448 de 2011, el legislador estableció que la entidad judicial o administrativa que reconozca una indemnización a favor de niños, niñas y adolescentes, ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario a favor de los mismos, que les sería entregada una vez alcancen la mayoría de edad.
Es esta "garantía" el objeto de este trabajo, pues pese a que su fin debió ser salvaguardar los intereses de niños, niñas y adolescentes hasta el momento en que cumplieran la mayoría de edad, puede tornarse en una limitación injustificada que desconozca sus derechos, al no tener en cuenta sus condiciones particulares.
Esta norma puede desconocer los derechos fundamentales de los menores que fueron reparados al no permitirles usar los recursos, cuando sus condiciones personalísimas así lo demandan, por lo que deben buscarse alternativas que superen las afectaciones que puede generar la aplicación fría del contenido normativo, estableciendo normas que respondan a las circunstancias de vida y a la realidad fáctica
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El carácter autónomo del derecho a la verdad como condición necesaria para garantizar efectivamente la reparación integral en eventos de violaciones graves a los derechos humanos : análisis a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El derecho a la verdad a través de su historia ha Sido objeto de un importante desarrollo doctrinal y jurisprudencial dentro del escenario de la responsabilidad internacional del los Estados por graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto guarda una estrecha relación con la reparación integral de dichos daños.
Como consecuencia de ello, a nivel regional, la Corte IDH ha tratado la verdad dentro de su jurisprudencia como un elemento accesorio a la vulneración de los derechos de garantías judiciales y libre acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención americana, subsumiendo así el derecho a la verdad y quitándole todo rastro de autonomía.
Por tales razones dotar de autonomía al derecho a la verdad se torna en una tarea necesaria dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, puesto a que así se cubrirían una serie de eventos dañosos ajenos a los artículos 8 y 25 que se están invisibilizando por dicha subsunción y que por tal razón está afectando de manera directa la reparación integral de las víctimas de las mentadas graves violaciones a DD.HH.
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El consentimiento informado en el caso de personas con discapacidad intelectual para la práctica de procedimientos de esterilización o anticoncepción definitiva
This article shows a brief description of the intellectual disability and the degrees in which it is presented, which are determinants for obtaining the informed consent of the disabled in the practice of sterilization medical procedures, and in cases where their legal representatives may grant the substitute consent, under the application of the rules set by the Constitutional Court, and the paradigm change presented with the 1996 law of 2019, which establishes the presumption of legal capacity in all persons with disabilities, but presenting gaps regarding the limits of their sexual and reproductive freedoms, and the consequences of the full exercise of autonomy.
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El deber de información en los contratos públicos sometidos al estatuto general de contratación pública
El tema que se aborda en este escrito pretende hacer ver que, contrario a lo que comúnmente se piensa, los
oferentes y proponentes en el escenario ,del contrato estatal deben asumir un rol activo y no pasivo en lo que
respecta a la información que las entidades públicas dan a conocer durante la fase previa del contrato estatal. En concreto, abordamos el deber dé información en los contratos públicos regidos por el estatuto general de contratación pública, adentrándonos en las reglas particulares que sobre el proceso precontractual debe acatar el Estado, porque es este, en principio, quien debe ofrecer la totalidad de los elementos que deben regir el futuro contrato, ya que conoce de primera mano cuales son las necesidades que se precisan satisfacer en pro de la satisfacción del interés público, de modo que para elaborar dichos documentos, la ley ha establecido una serie de formalidades y requisitos de obligatorio cumplimiento. El papel de la información en esta fase previa es trascendental para el futuro del contrato, porque entre más conocimientos y mayor detalle se tenga de las características de aquello que se contrata, el consentimiento de las partes será mucho más ilustrado, lo que inevitablemente permitirá que, en mayor medida, las vicisitudes y conflictos durante su ejecución sean menores.
Es trascendental el papel de los oferentes durante la fase preliminar, porque son quienes pueden y deben advertir las dificultades o falencias de los documentos previos, de ahí que su papel, más allá de ser espectadores pasivos de los insumos de las entidades públicas, debe ser el de agentes activos que colaboren en la construcción de documentos previos robustos y confiables, de cara a la ejecución del futuro contrato, so pena de causar perjuicios a las entidades, por haber callado aquello que en su momento pudieron advertir.
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La defraudación al principio de confianza legítima ante la revocatoria de licencias ambientales desde la óptica de la responsabilidad del Estado
The principle of legimitate trust arises aas a limitation to the power to revoke environmental licences, because although State assists the duty of environmental protection and subject to the constitutional and legal postulates that advocate the primacy of the general interest in preeminence of the individuals, it is undeniable that their still legitimate action has the vocation of causing an unlawful damage to the administrated holder of the environmental license, before the transgression of the trust that he places in the durabillty of the decisions of the Administration, and his guardians Principles of legal certainty and good faith.
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La defraudación al principio de confianza legítima ante la revocatoria de licencias ambientales desde la óptica de la responsabilidad del Estado
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La garantía legal del estatuto del consumidor como mecanismo para proteger al comprador frente a vicios inmobiliarios progresivos
Today homebuyers are unprotected against some kind of vices that emerge imperceptibly in their properties but over time progress progressively to generate structural failures that end up deteriorating or collapsing their residences. These defects are not covered by the mechanisms established by the Civil Code to hold sellers liable, such as rehibitorial action and the ten-year guarantee, because they do not constitute ruindefects or do not meet the conditions of required by these rules in order to be subject to legal protection. In the face of this situation, this research article explores the possibility of going to the real estate guarantee established by the Consumer Statute as an alternate route so that homebuyers can obtain the protection of their rights and hold sellers accountable for the progressive defects that their properties may present.
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