El reconocimiento de derechos a la naturaleza en general, a una parte de ella o a alguna especie en particular es, sin duda, uno de los asuntos jurídicos medioambientales que mayores discusiones y curiosidad han generado en la comunidad jurídico medioambiental internacional.

In the context of violence that Colombia has experienced during the last 50 years, the environment has been affected by the conflict development and in particular, by attacks against energy and oil infrastructure of the country. The critical environmental impacts of these activities began to be discussed in judicial instances in extra-contractual civil liability proceedings. Given this situation, in Law 1333 of 2009, the legislator ordered that the terrorist act is a circumstance exonerating of liability for the environmental infringements investigated in environmental sanctioning processes. This provision raises concerns about the scope of the exonerating circumstance of liability considering the concept of terrorist act, the requirements for the exclusion of liability and the application of the contributory fault for being in a faultbased liability regime.

La marcada ineficiencia de los mecanismos reglamentarios, sumada a los altos costos que deben asumir los actores económicos para dar cumplimiento a los requerimientos legales de protección ambiental, ha llevado a recurrir a instrumentos económicos para estimular la observancia de los estándares ambientales. Igualmente, la introducción de criterios económicos en los foros de decisión ambientales se refleja, entre otras cosas, en el concepto de desarrollo sostenible. Recientemente, además, se ha empezado a impulsar el concepto de “economía verde”, según el cual la economía debe tender al consumo cero de carbono y en general contribuir a evitar los riesgos ambientales y la escasez ecológica, al tiempo que favorece el bienestar humano y la equidad social. Si bien los postulados mencionados suenan muy atractivos, hace falta reflexionar acerca de los aspectos éticos del uso de tales instrumentos económicos a efectos de la preservación de la naturaleza y de si estos son, en últimas, verdaderamente convenientes para dichos efectos, teniendo en cuenta que los principios en los que se sustentan y los intereses en juego suponen barreras a superar.

Gracias a las innumerables características ambientales y ecosistémicos que agrupan, las reservas de biosfera se han convertido en lugares estratégicos generadores de servicios ambientales de gran valor e importancia a nivel internacional. Es debido a ello que a nivel internacional ha tomado gran relevancia la implementación de estrategias de pago por servicios ambientales en las reservas de biosfera con el fin de conservar la calidad y cantidad de los recursos naturales presentes en ellas. Sin embargo, a pesar de que en Colombia se han designado cinco reservas de biosfera proveedoras de servicios ambientales de gran valor aún no se ha implementado este tipo de estrategias, aspecto realmente lamentable porque es una de las maneras más adecuadas de conservar estos ecosistemas de importancia internacional.

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La construcción y operación de la infraestructura dispuesta para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, entendiendo por este su transporte desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, y en especial las actividades complementarias de generación, transformación e interconexión reguladas por la Ley 142 de 1994, provoca impactos ambientales que por su naturaleza, extensión geográfica y duración son calificados como críticos. El almacenamiento de agua en embalses para la producción de esa forma de energía induce a cambios dramáticos en el ecosistema, en los usos del suelo, en las actividades productivas y en ocasiones en la cultura tradicional de los pueblos, ante la presencia de nuevos actores atraídos por oportunidades de empleo, y por el desplazamiento forzado de sus habitantes tradicionales. Con impactos de menor criticidad (impactos moderados), la plataforma tecnológica para la transmisión y distribución de la energía eléctrica producida en plantas hidráulicas y térmicas requiere también la adopción de medidas adecuadas de manejo, que deben ser asumidas por los ejecutores en los términos y condiciones definidos en las licencias ambientales que autorizan los proyectos destinados a ese fin. Como unos instrumentos de compensación y para el beneficio de los ecosistemas afectados con esas obras, el ordenamiento establece diversos instrumentos para la financiación de acciones tendientes a la protección, conservación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas que aportan el recurso requerido para la generación eléctrica, entre ellos, la inversión forzosa de un porcentaje del costo total de los proyectos que, al margen de ser objeto de licenciamiento ambiental, requieren para su ejecución derivar el recurso hídrico directamente de la fuente natural. En este orden de ideas, se hará referencia a dos instrumentos de vital importancia para el medio ambiente: las transferencias por ventas de energía, y la inversión a que se ha hecho referencia. Pero, además, será objeto de unos breves comentarios otra actividad que ha aportado beneficios importantes a la memoria de nuestra identidad cultural: la arqueología de rescate, que se estatuye como requisito esencial para el otorgamiento de la licencia ambiental a cierto tipo de proyectos, y gracias a la cual se ha logrado el rescate de un patrimonio que ahora es valorado como una fiel representación de los orígenes de nuestra nacionalidad.

Este artículo trata de la gestión ambiental concebida por el ordenamiento Constitucional de 1991 y delineada por la Ley 99 de 1993. El principal referente de análisis es el Sistema Nacional Ambiental –sina–, creado por el cuerpo normativo referido para concretar una carga amplísima de preceptos que expresa o tácitamente buscaban en la Carta Política asegurar la sostenibilidad, el ahorro, la planificación y la vigilancia de los recursos naturales renovables. No se trata por demás de realizar un ejercicio descriptivo después de años de implementado el sistema. Lo que sí cobra vigencia, y por tanto constituye la verdadera orientación de este documento, es consignar una serie de reflexiones que se decantan al analizar cada elemento que estructura el sina. Los retos presentes y futuros que se avizoran para el país en materia ambiental son varios y diversos, y si se tiene en cuenta que este elemento es definitivamente transversal en la relación Estado-sociedad-sector productivo, ello implica que las estructuras, instrumentos de planeación, políticas públicas, entidades establecidas, sean lo suficientemente capaces de afrontar con eficacia dichos desafíos, no teniendo otro fin que salvaguardar el derecho superior que consagró con coherencia el artículo 79 de la Constitución Política de 1991.

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A partir de los años sesenta del siglo xx Colombia dio inicio a un proceso de delimitación y alinderamiento de espacios naturales que en razón de su singularidad ecológica debían ser preservados. Si bien es cierto, la gran mayoría de dichos espacios corresponde inicialmente a territorios continentales, no es menos cierto que de igual manera áreas costeras y posteriormente oceánicas, se han ido incorporando al catálogo del patrimonio natural jurídicamente tutelado. Las políticas nacionales en materia de mares y océanos han demarcado un norte en ese sentido, y actualmente, una vez acogidos dichos espacios a los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), se afianza y concretiza una política pública estructurada de protección. Este trabajo de investigación, resultante del proyecto “Procesos de Territorialización del Caribe Colombiano”, presenta un análisis de carácter jurídico en el que se abordan los factores históricos que dieron origen a nuestra actual política de protección de espacios marinos y oceánicos, así como el estudio de la normativa desarrollada en las últimas décadas y las perspectivas futuras que definen el devenir de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esa materia.

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