Tal como señala Gardner, describir una ciudad sostenible requiere, en cierto modo, de un esfuerzo de imaginación. Aunque cada día conocemos más acerca de las tecnologías y políticas necesarias para lograr una ciudad sostenible, todavía no se han desarrollado ni aplicado “recetas” para crear una ciudad completamente sostenible. Es claro que los espacios urbanos, cada vez en mayor crecimiento, generan una presión y una demanda en aumento sobre los recursos naturales; pero a su vez, pueden convertirse en los escenarios ideales para apostarle a un desarrollo sostenible, mediante la interacción y articulación de diferentes dimensiones. Una de estas dimensiones es la biodiversidad urbana, como elemento fundamental de la sostenibilidad y criterio para la calidad de vida de los ciudadanos. Este es el objetivo del presente texto: señalar los diferentes elementos con los que cuestan las ciudades para la gestión de la biodiversidad urbana, principalmente los esquemas para su protección, como presupuesto fundamental para lograr ciudades sostenibles.

Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

The present article is based on in the analysis of the contemporary constitutional implications of the sanctioning power of the Public Administration, mainly in the scenario of the Environmental Sanctioning Procedure. In this context, a deductive study is made based on the Constitution, the law, the jurisprudence and the doctrine on the need to reorient the principles of the administrative function in its sanctioning role, towards a vision that broadens the legalist panorama, through some elements based on multidisciplinary factual circumstances and on a principialist tendency, typical of modern institutionalism. In this way, provide the administrative function with a high efficiency assessment component of its decisions aimed at the peservation of the environment, and a subjective consideration in terms of environmental sanctioning responsibility. The importance of this study denotes a paradigm against the traditional way of seeing responsibility in the sanctioning procedure and the efficiency of fines as a traditional form of punishment.

Los diferentes ejemplos de injusticia, así como las problemáticas que se desprenden del uso indiscriminado del agua en Colombia, ha conducido a que hoy en día se hable con mayor frecuencia de Justicia Hídrica, y sean los Jueces quienes formulen o reformulen, de acuerdo al caso, la Políticas Públicas Ambientales que contribuyan ya sea a la protección y conservación de las fuentes hídricas o a garantizar el acceso de las poblaciones y comunidades de agua apta para consumo humano en las diferentes regiones del país.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

Este artículo presenta los principales debates en materia de responsabilidad ambiental frente a los negocios comerciales y analiza los aspectos relevantes de la debida diligencia legal ambiental, de la negociación de las cláusulas ambientales en los acuerdos comerciales y de los efectos en la responsabilidad ambiental de la venta de activos (venta de establecimientos de comercio), venta de sociedades, fusiones y escisiones de sociedades. De igual forma, examina los efectos legales ambientales de cara a la responsabilidad de los grupos empresariales, el levantamiento del velo corporativo y la responsabilidad de los prestamistas en la financiación de proyectos bajo las leyes ambientales colombianas.

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Este artículo presenta un análisis del procedimiento sancionatorio ambiental actual en Colombia, y cuestiona la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en la medida en que la autoridad ambiental viene actuando como juez y parte. De manera que se proponen soluciones a corto y largo plazo para corregir la tensión existente entre el sistema actual y las garantías constitucionales y legales del individuo a ser juzgado por una autoridad administrativa autónoma, independiente e imparcial.

Este trabajo contiene un análisis de los instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas de Colombia, las cuales se extienden por una amplia porción del territorio nacional y cuentan con un alto nivel de importancia ambiental. El citado análisis se enmarca en el actual y desfavorable panorama financiero de las áreas protegidas, panorama que genera un extenso abanico de dificultades en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con esas áreas.

El procedimiento sancionatorio ambiental establecido en Colombia le permite a los titulares de la potestad sancionatoria imponer a los infractores multas diarias hasta de 5.000 smlv; desde el punto de vista doctrinal se ha considerado que la multa debe cumplir un fin preventivo, y para lograrlo el monto debe ser lo suficientemente perjudicial como para lograr fines de prevención general e individual. Del mismo modo, según una de las metodologías definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para calcular las multas en materia administrativa ambiental se deben tener en cuenta diversos criterios que permitan individualizar la sanción, así como las particularidades de la infracción y del sujeto que ha violado la norma o ha generado un daño ambiental. Este documento procura identificar si el monto máximo de la multa es suficiente para lograr la efectividad del procedimiento sancionatorio y si los criterios dispuestos por la Resolución 2086 de 2010 resultan idóneos para conocer la capacidad económica del infractor.