Los tres componentes teóricos que articulan el trabajo que se presenta se resumen así: 1. La aplicación del concepto de legitimación estatal en virtud de la implementación de un acuerdo de paz. Este último entendido como instrumento de realización del fin esencial del Estado de promover la convivencia pacífica y, en última instancia, de garantizar la paz; 2. La comprensión de las funciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) como derivados constitucionales del fin esencial de búsqueda de la paz y de la Fuerza Pública como garante de la implementación del Acuerdo, y 3. La apreciación del territorio como el escenario de la implementación y de las dificultades de la misma.

El presente estudio indaga sobre la forma como el Estado colombiano ha abordado la problemática de los miembros de la Fuerza Pública que han quedado en situación de discapacidad mientras se encontraban en actividades propias del servicio, con especial referencia a las normas y medidas que se han adoptado para asegurar la inclusión laboral o económica de los soldados y policías que se hallan en esa situación, producto de su participación como Fuerza Pública en el conflicto armado. En primer lugar, se presenta una referencia al concepto de discapacidad y al sistema de derechos y obligaciones configurado en torno de las personas con discapacidad. En segundo lugar, explora las garantías previstas en el derecho para proteger sus libertades y derechos económicos. Con este énfasis se revisa en tercer lugar el caso de los soldados y policías en situación de discapacidad, y en cuarto lugar se formula una valoración de las normas, políticas y decisiones judiciales que ordenan el sistema de garantías existente. Tras de ello, se formulan los apuntes finales resultado de la investigación.

Con un enfoque democrático, transformador y emancipador del proceso de inclusión de los derechos de los grupos indígenas -tradicionalmente discriminados o invisibilizados durante la Modernidad-, este libro de Soraya Pérez Portilla se centra en el calor de la igualdad con un efoque democrático. El texto orienta al lector para comprender que los momentos constituyentes estudiados en sus páginas de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, de la Reùblica de Ecuador en 2008 y de Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, momentos legislativos refundados como plurinacionales e interculturales con una participación vigorosa de ñas comunidades ancestrales permitieron abrir espacios para que conceptos como pluriétnico y plurilingüismo pasara a ser principios fundamentales de la Carta Política de Colombia en 1991, permitiendo al mismo tiempo inaugurar escenarios para la representación indígena y de las comunidades ancestrales. Este libro nos dice del reconocimiento de la Otredad como principio para el diálogo que nos permitirá caminar juntos en la construcción de sociedades, justas y esenciales.

I. When the Boat Comes In (03 min. 06 sec.) / Coleman -- II. Dives and Lazarus (03 min. 33 sec.) / Coleman -- III. The Keel Row (02 min. 57 sec.) / Coleman -- English Sea Chantey (arr. J. Woolstenhulme for orchestra) (02 min. 40 sec.) / -- Lament (05 min. 34 sec.) / Weberpal -- Rainbow's End (02 min. 44 sec.) / Day -- See Amid The Winter's Snow (arr. D. Forrest and K. Moss for orchestra) (05 min. 53 sec.) / Goss -- Sorochinskaya yarmarka (Sorochintsï Fair), Act I: Gopak (Hopak) (arr. D. Baker Monday for orchestra) (01 min. 55 sec.) / Mussorgsky -- Twinkle, Twinkle Little Star (arr. Albert Wang for orchestra) (02 min. 41 sec.) / -- Ashokan Farewell (arr. C. Custer for orchestra) (04 min. 36 sec.) / Ungar -- Rise of the Majestics (03 min. 52 sec.) / Safford

"El doctor Castaño Peña presenta aquí una notable contribución que, con ligeras modificaciones, reproduce su tesis doctoral, defendida el pasado curso académico 2018-2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis, que tuve la satisfacción de dirigir, recibió la máxima calificación, por unanimidad. Al objetivo mérito de abordar el detalle de la gestación, el recorrido aplicativo y la interpretación de las cláusulas de disciplina fiscal y de estabilidad presupuestaria, de reciente articulación en las constituciones de Colombia y España, suma esta obra el acierto de su consideración en relación con la cláusula constitucional de Estado social. Y en eso estriba, sin duda, el mayor interés de esta relevante aportación doctrinal. A lo largo del estudio relativo a esas constitucionalizadas cláusulas muestra el autor una gran desenvoltura tanto en el manejo de conceptos basilares de la teoría del Estado y de la Constitución como en el tratamiento de las cuestiones concretas en uno y otro ordenamiento y mediante un aseado empleo de categorías económicas de un modo solvente y, por lo demás, inusual entre los constitucionalistas. Seguramente, el autor habría podido ampliar el foco de su estudio a fin de apreciar el grado de incidencia que esas cláusulas hayan podido tener en la vertiente democrática y de derecho del Estado constitucional (ahondando, incluso, en su caracterización tipológica entre las normas constitucionales). Y ello le habría permitido, quizás, enfatizar lo que de constreñimiento del pluralismo encierran articulaciones tan puntillosas de contenidos disciplinarios de las políticas democráticas. Sin embargo, lo cierto es que, mediante su restricta consideración de la vertiente social de la definitoria cláusula de Estado social y democrático de derecho, el autor alcanza a poner de manifiesto su propósito de avanzar en el anclaje constitucional de su faceta o vertiente social, mediante una interpretación comprensiva de las cláusulas de disciplina fiscal y presupuestaria que, lejos de automatismos simplificadores contrarios a la exigencia de sistemática interpretación de las previsiones constitucionales, se pretende contextualizar y modular en consonancia con las finalidades de las cuales es cifra la constitutiva cláusula de Estado social. En esa disposición, el autor apunta a la conclusión de que la articulación constitucional de esas exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria no supone per se un cuestionamiento de la efectiva vigencia de la cláusula de Estado social. Sin perjuicio, pues, de la episódica regresión en unos u otros ámbitos de la política social, a resultas de la efectiva práctica del pluralismo político y, en todo caso, de coyunturas económicas (pues solo al amparo de un férreo dogmatismo cabría imaginar políticas sociales indemnes y a salvo de toda posible regresividad), esas previsiones constitucionales demandarían interpretaciones equilibradas, menos desajustadas, mediante una lectura comprensiva a la luz de la definitoria cláusula de Estado social"

Desde un punto de vista político y, por oposición al régimen que se había establecido a partir de 1886, la Constitución colombiana de 1991 suele presentarse como un punto de ruptura o, si se quiere, un nuevo punto de partida o, como anhelaba un ex presidente liberal, como la “liquidación amistosa del pasado”. Ahora bien, desde un punto de vista social, con la misma Constitución se opera asimismo una refundación o reconstrucción de la realidad social colombiana, la cual no puede sin embargo separarse de un pasado más profundo y remoto de la Nación y del Pueblo de Colombia. Lo anterior obedece a que dicho proceso de renovación puede entenderse como el reconocimiento institucional, concretamente a través del derecho constitucional –con la intervención de los poderes constituyente y constituido–, de ciertas ideas, discursos o reivindicaciones que lo habían precedido.

La Constitución Política de 1991, como resultado de un proceso participativo y pluralista, reconoce en su artículo 7.º el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, así como establece algunos derechos específicos para ciertos grupos de personas.

La controversia resuelta en este fallo por la Sección Primera del Consejo de Estado corresponde a un caso de incompatibilidad entre normas de distinta jerarquía que conduce al juicio de ilegalidad o inconstitucionalidad de un acto administrativo de carácter general. En efecto, con ocasión del ejercicio de la acción pública de nulidad que para la época recogía el artículo 66 de la Ley 167 de 1941, se planteó un contencioso objetivo con el fin de solicitar la nulidad de algunos artículos de un decreto del Gobierno nacional por el cual se dictaban disposiciones sobre asociaciones deportivas en el país.

En Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 C. P.). La Corte tiene la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un control jurídico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material.

Este documento es el resultado de más de 15 años de investigación y fortalecimiento de capacidades para la planeación participativa con perspectiva poblacional que la Universidad Externado de Colombia ha adelantado con socios nacionales e internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, los programas de desarrollo y paz de Meta, Magdalena Medio y Montes de María, y entidades del orden nacional como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Salud y Protección Social.