La colusión: entre las fórmulas verbales y la realidad dinámica
Este capítulo se orienta a evidenciar el carácter abierto de la norma que prohíbe la colusión en procesos de contratación pública como un factor que dificulta la lucha contra esa conducta anticompetitiva, así como a proponer elementos de juicio que permitan reducir dicho problema mediante la determinación adecuada de los elementos de configuración de tal comportamiento. Con ese fin, propondremos una forma de aproximación a la norma y unos criterios de interpretación que resultarán útiles para establecer de mejor manera su significado y las condiciones en que se configura la conducta que prohíbe. Además, acudiremos a la experiencia que ha adquirido la Superintendencia de Industria y Comercio para subrayar algunos de los más importantes aspectos que determinan el perfeccionamiento de una colusión en el marco de procesos de contratación pública. Esta información será útil para que los lectores puedan valorar, con mejores elementos, las situaciones que podrían configurar la modalidad de acuerdo anticompetitivo materia de estudio.
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El compliance y el derecho de la competencia
Los programas de cumplimiento (compliance) en materia de competencia aún no son una realidad jurídica en el país. En el ámbito colombiano, y de cara al sobreviniente estatus jurídico de Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), la autoridad de competencia debe liderar la construcción e implementación de la guía que señale las pautas necesarias dirigidas a las
entidades que quieran cumplir con la ley de manera efectiva, por lo que la construcción colectiva de normativas son el camino más efectivo para seguir fortaleciendo el régimen de libre competencia económica en Colombia. La implementación de medidas de cumplimiento (compliance) para los agentes económicos del siglo xxi, además de ser una necesidad, es un interés, pues a estos no les es suficiente el cumplimiento de la ley, sino que van más allá del formalismo, implementando una verdadera cultura empresarial fundamentada en la ética. Estos principios mejorarán la competitividad no solo de las empresas, sino del mercado en general, satisfaciendo así el propósito general del régimen jurídico del derecho de la competencia.
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Balance y desafíos del programa de clemencia en Colombia
En Colombia, la Ley 1340 de 2009 introdujo el Programa de
Beneficios por Colaboración, y es, sin duda, una de las novedades
más importantes en el derecho de la competencia.
Fue regulado en el Decreto 2896 de 2010 y reformado con
el Decreto 1523 de 2015.
A diez años de su creación y diferentes casos de implementación,
se presenta un balance con el propósito
de identificar los principales desafíos para la autoridad de
competencia. Algunos se concentran en contrarrestar los
diferentes desincentivos para solicitar clemencia, como la
exposición a responsabilidades en otros ámbitos, necesidad
de mejora de la confidencialidad y el sistema de marcadores,
y otros, en explorar nuevos incentivos para aumentar la
efectividad y adaptabilidad del programa ante el dinamismo
de los mercados. Principalmente, el diseño de incentivos
debe propender a brindar mayor seguridad jurídica para generar más confianza en su utilización y asegurar su eficacia en detectar y reprimir carteles empresariales.
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Análisis de las integraciones empresariales a partir de la ley 1340 de 2009
El régimen de integraciones empresariales en Colombia vivió grandes cambios con la expedición de la Ley 1340 de 2009. Este capítulo tiene como objetivo hacer una revisión de las principales modificaciones que se introdujeron con la Ley y reflexionar sobre la repercusión que han tenido en aspectos como cuáles agentes deben someterse al control previo, las fases del procedimiento, el análisis económico de los efectos de las operaciones y la definición de condicionamientos en aquellos casos en que la autoridad encuentre preocupaciones en materia de libre competencia. Si bien los cambios han tenido un efecto positivo y significativo sobre la función de control previo de la autoridad de competencia, al final del capítulo se señalan algunos retos que el régimen deberá enfrentar para seguir consolidándose como una herramienta idónea para conservar la efectiva competencia en los mercados.
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Presentación - Competencia económica : reflexiones sobre los diez años de la Ley 1340 de 2009
Para hablar del régimen jurídico del derecho de la competencia, y más exactamente de los antecedentes de la Ley 1340 de 2009, se debe empezar por hacerle un reconocimiento histórico al expresidente Carlos Lleras Restrepo, visionario jefe de Estado que entendía el valor de la libertad económica, de la promoción empresarial y de lo determinantes que eran estos elementos para una sociedad que cree en el valor
del capital pero al mismo tiempo en la función social de la empresa.
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Los modelos de regulación de electricidad en América Latina y en particular el modelo de Colombia
La electricidad tuvo sus inicios en América Latina hacia 1857, por medio de un modelo de iniciativa privada, vigente hasta mediados de los años 1940. A partir de 1945, los países fueron cambiando el modelo hacia uno de monopolio público, cada uno con sus razones y justificaciones. Desde 1945 hasta los años 1990 predominó el monopolio público para la prestación del servicio de electricidad. Pero, a partir de la década de 1990 los países de América Latina se dividen entre quienes mantienen el modelo de monopolio público y quienes
cambian el modelo hacia la libre competencia. Es de aclarar que hoy ciertos países, como como Venezuela y Bolivia, que habían cambiado el modelo hacia la libre competencia, regresan al modelo de monopolio público, y países que se mantuvieron en el monopolio público, como México y Honduras, cambian el modelo hacia la competencia, esto en 2013 y 2014 respectivamente.
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Sector minero en Colombia
La institucionalidad del sector minero reposa en cabeza del Ministerio de Minas y Energía (MME) como brazo del poder ejecutivo nacional encargado de la formulación de la política del sector minero-energético. A través
del Decreto 381 de 2012, el MME fue reestructurado internamente y se creó el Viceministerio de Minas que se encarga de gestionar las políticas relacionadas con las actividades de exploración y explotación del potencial
minero en Colombia.
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Arenera regulatoria para el sector eléctrico colombiano. Una respuesta del regulador de cara a la transición energética
15 páginas
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Los servicios públicos y su permanencia como institución jurídica en Colombia
Este escrito está inspirado en el artículo de Juan Carlos Cassagne sobre La permanencia del servicio público como institución jurídica (crisis y metamorfosis)1. Con base en sus importantes aportes a la permanencia de la institución jurídica de los servicios públicos, nos hemos dado a la tarea de analizar el derecho de los servicios públicos vigente en Colombia, con el fin de determinar cómo esta institución permanece, es útil y ha vivido una renovación desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial. Es reconfortante leer a Cassagne2, quien dice que países como Brasil, Chile, Perú y Colombia no se concentraron a poner fin a la ideologización del concepto de servicio público; en cambio sí lo propone, para el caso colombiano, Palacios Mejía, quien habla de la inutilidad del concepto de servicio público.
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Necesidad de cambios regulatorios para el sector minero
Durante el 2017 el Departamento de Derecho Minero-Energético, de la Universidad Externado de Colombia, con sus grupos de investigación, estudió lo referente a las políticas públicas para el sector y esa fue, además, la temática abordada en las jornadas anuales que se programan para el debate de asuntos de importancia y de coyuntura para la industria. Para el presente 2018, se tuvo como objetivo revisar el estado de la regulación, con el propósito de identificar eventuales necesidades de mejora del marco regulatorio sectorial, a fin de impulsar su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que se ha visto seriamente afectado por factores
internos y externos que han reducido significativamente sus resultados.
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