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Centros de Investigación

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    • 9 de Noviembre de 2020
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Contratos públicos : estudios

Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

La publicación que el lector tiene en sus manos reúne diversos artículos escritos en los últimos años sobre el tema de la contratación pública. La volatilidad legislativa y reglamentaria en la materia hace que la mayoría de libros se ocupen del seguimiento de la normatividad aplicable a los contratos de la administración, tanto los regidos por el Estatuto General de Contratación (Ley 80/93) y sus modificaciones como también los regulados por normatividad especializada en variados campos y regímenes particulares. Esta labor de actualización jurídica, sin duda esencial, aplaza con frecuencia el tratamiento de temas transversales que, con independencia de la regulación cambiante y la especialización normativa, plantean problemas importantes de la contratación.
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La aplicación de las normas y principios del derecho internacional humanitario en la planeación y ejecución de las operaciones militares contra los grupos armados organizados y las personas civiles que participan directamente en las hostilidades

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

En el año 2011 la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (en adelante, PISDP) del primer mandato del presidente Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014) se fijó como objeto consolidar y fortalecer la seguridad y el control territorial que se había logrado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez mediante la ejecución de la Política de Seguridad (2002-2006) y de la Política de Consolidación Democrática (2006-2010). En este sentido, la pisdp tenía entre sus objetivos estratégicos continuar con el debilitamiento y la desarticulación de los grupos armados organizados al margen de la ley (en adelante, GAOML), las estructuras del crimen organizado (transnacional, nacional, regional y local) y las bandas criminales (en adelante, Bacrim). Por ejemplo, en el año 2012 las FARC-EP se encontraban debilitadas estructuralmente por las acciones conjuntas y coordinadas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que habían logrado neutralizar a un número importante de sus integrantes (incluidos miembros del Secretariado, cabecillas y numerosos mandos medios).
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Violación de derechos humanos como “política de estado”: una exploración conceptual

Por: Magdalena Correa Henao | Fecha: 2020

El presente trabajo examina el significado que tiene el que las violaciones de derechos humanos, como aquellas que los “falsos positivos” han configurado, puedan constituir una política de Estado. Esto, especialmente cuando no es claro si esta imputación tiene la capacidad de poner en cuestión la legalidad y la legitimidad del poder público institucionalizado, incluida la Fuerza Pública, frente a los integrantes de la sociedad políticamente organizada en torno de él. Así, el artículo busca establecer cuál es el alcance de esta expresión de “política de Estado” de tipo criminal, cómo y por qué su concepción y ejecución pueden ser atribuibles al Estado y cuál es la responsabilidad que genera. Para tal fin, la autora adelanta una exploración que se circunscribe a las fuentes doctrinales y sobre todo a la jurisprudencia internacional o extranjera, y por tanto ofrece en sus resultados un análisis de derecho comparado.
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Uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares: recomendaciones teóricas

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Este documento busca responder a la pregunta ¿Cuáles son los criterios jurídicos que podrían proponerse para delimitar el uso de la fuerza en la planeación, preparación y ejecución de operaciones militares en un escenario de postacuerdo? Una vez sea resuelto ese primer cuestionamiento se pretenderá establecer un procedimiento complementario para la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza en una operación militar específica. Para tal fin, el artículo se divide en tres partes: en primer lugar se presenta una contextualización sobre el uso de la fuerza en el marco de la teoría de los paradigmas. Luego se realiza una exposición breve de los casos estudiados en la reunión de expertos sobre “El uso de la fuerza en conflictos armados. Interacción entre los paradigmas de la conducción de hostilidades y del mantenimiento del orden”. Finalmente, se entrega una propuesta teórica aplicada al caso colombiano sobre los principios que fundamentan una posible norma reguladora del uso de la fuerza.
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Responsabilidad de los funcionarios del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición

Por: Magdalena Correa Henao | Fecha: 2020

Este artículo indaga sobre el régimen de responsabilidad de los funcionarios del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En especial, acerca de la configuración normativa de esa responsabilidad y las garantías que aseguran el cumplimiento cabal de las funciones encomendadas a cada uno de los órganos que conforman dicho sistema. A los efectos de responder a las preguntas y confirmar (o no, o en parte) la presencia de tales garantías en el si SIVJRNR, el artículo se divide en tres partes. La primera presenta brevemente la configuración general de tal sistema y las principales funciones a su cargo. La segunda describe el régimen de responsabilidad penal y disciplinaria de cada una de las entidades que integran el sistema, según las diversas fuentes del derecho que lo determinan. La tercera y última sirve tanto para absolver las preguntas de la investigación como para formular las conclusiones y las consideraciones finales que, por supuesto, buscan reforzar la legalidad y legitimidad, el poder ordenador (sanador) de la verdad y la justicia institucionalizadas acordada con las antiguas FARC-EP para la paz de Colombia.
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Las minas antipersonal contra miembros de la fuerza pública: una violación grave al derecho internacional humanitario

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Por medio de este artículo se pretende establecer que los miembros de la Fuerza Pública afectados en su vida e integridad personal por el empleo de minas antipersonal por parte de los grupos guerrilleros son, en efecto, víctimas de un crimen de guerra en razón de las disposiciones de derecho internacional humanitario consuetudinario que prohíben el empleo de medios y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios a la parte adversa. Que exista claridad en lo anterior resulta imperativo, dado que Colombia se encuentra inmersa en un contexto de justicia transicional que aunque establece ciertos incentivos con la finalidad de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, exceptúa de la concesión de amnistías e indultos a quienes hayan cometido graves crímenes de guerra, entre otras violaciones. En consecuencia, aún en una situación excepcional como es la aplicación de instrumentos de justicia transicional, deberá garantizarse la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, como en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas de un medio ilícito de combate.
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La prolongación del conflicto armado no internacional en Colombia como presupuesto material de aplicación del derecho internacional humanitario: investigación

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Por medio de este artículo se pretende demostrar que aun tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las farc-ep la situación de conflicto armado interno en Colombia se prolongará y, por tanto, el derecho internacional humanitario seguirá siendo aplicable. En consecuencia, las extralimitaciones en el uso de la fuerza en que incurran los miembros de las Fuerza Militares deberán ser investigadas y juzgadas con base en las normas y los principios del derecho internacional humanitario, independientemente de la autoridad judicial competente.
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Un nuevo derecho administrativo de la salud para una paz durable en Colombia

Por: Bernardo Carvajal Sánchez | Fecha: 2020

En Colombia, relacionar jurídicamente la paz, la salud y el derecho administrativo, de manera adecuada y sistemática, es una tarea inacabada para el Estado y la sociedad. En la actualidad, con ocasión del proceso de paz más importante de los últimos tiempos, adelantado para poner fin al conflicto armado interno con las FARC, esa tarea se impone con mayor urgencia si se pretende erradicar la exclusión, el maltrato o la mala calidad de la salud, como causas tenidas en cuenta por algunos para entrar en rebelión. Las vías del derecho constituyen ahora el único camino a seguir, no solo para construir en la práctica un Estado social de Derecho, sino también para que la violencia armada no sea nunca más considerada como una forma de hacer justicia.
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