Este informe presenta un diagnóstico de la situación de los cuidados paliativos en ocho países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay), con especial atención en el desarrollo institucional y el acceso a medicamentos controlados. Así mismo, recoge los resultados de una investigación realizada con el objetivo de dar cuenta la situación actual de los cuidados paliativos en ocho países de Latinoamérica. El objetivo general del proyecto —generar conciencia e incidencia en política pública sobre la necesidad de abordar los cuidados paliativos incorporando una perspectiva de derechos humanos— se vio realizado en el acercamiento entre profesionales de diversos ámbitos en la región, lo que en sí mismo es un avance para integrar las comunidades que defienden los derechos de los pacientes, así como las comunidades que abogan por una política de drogas centrada en un enfoque de salud pública. Esperamos que, como informe de diagnóstico, sea útil para las asociaciones profesionales, los profesionales de la salud, los defensores de los derechos de los pacientes, los activistas de reforma a la política de drogas y los tomadores de decisiones, con el fin de integrar de mejor manera los cuidados paliativos a los servicios generales de salud, así como de usar un lenguaje de derechos humanos para avanzar en estos cambios de política pública y garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas en situación de dolor y sufrimiento en las Américas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/cuidados-paliativos-el-abordaje-de-la-atencion-en-salud-desde-un-enfoque-de-derechos-humanos/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/113

Este documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/posconflicto-y-violencia-sexual/

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario. Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la economía agropecuaria, ha destruido lazos comunitarios, y ha dificultado la consolidación del Estado de derecho, la democracia y la paz. El objetivo de la restitución de tierras no es otro que la consolidación de un verdadero Estado de derecho, y una democracia bajo la idea de que no es legítimo o aceptable reactivar la economía agraria ignorando la ilegalidad que la fundamenta. Ahora bien, este proceso de restitución ha enfrentado enormes dificultades. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de seguridad son entonces enormes, no solo para las víctimas sino también para los funcionarios y funcionarias que implementan la política de restitución. Además, existen problemas jurídicos muy serios y difíciles. Los materiales de formación buscan hacer un aporte modesto, pero importante, a este proceso de reconstrucción de confianza ciudadana en las instituciones, mediante la formulación de metodologías de acción que permitan enfrentar estos desafíos jurídicos y técnicos. El objetivo principal es presentar a los funcionarios responsables de tramitar las peticiones de restitución de tierras, una serie de herramientas que permitan facilitar su trabajo en el terreno. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-restitucion-de-tierras-y-territorios-justificaciones-dilemas-y-estrategias-2/

Por medio de este documento, aportamos algunos elementos pedagógicos para desarrollar un programa de formación en la materia, cuya implementación esperamos contribuya a mejorar la atención a las víctimas, y la investigación y judicialización de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado, con el fin de disminuir la impunidad de estos crímenes y fortalecer el acceso a la justicia de sus víctimas. La violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado (VSCA), comprende una gran cantidad de delitos atroces, que afectan desproporcionadamente a las mujeres. En concreto, el Auto 092 de 2008, partiendo de la calidad de sujeto de especial protección constitucional que tienen las mujeres en Colombia, constató que la violencia sexual contra ellas es una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (Corte Constitucional, 2008a), y se constituye en uno de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las mujeres en virtud de su género, y que causa estos impactos desproporcionados. Todo indica que aunque la ocurrencia de la VSCA es alta, su judicialización es baja; frente a este escenario es importante garantizar el acceso a la justicia de las víctimas especialmente en tanto son víctimas del conflicto armado. La tarea de mejorar la situación de impunidad es en parte labor de la Fiscalía General de la Nación (FGN) como titular de la acción penal (Constitución Política de Colombia, en adelante CP, art. 250). Fortalecer entonces la labor de esta institución es una de las formas por medio de las cuales puede reducirse la impunidad, al mejorarse y aumentarse los procesos investigativos de estos delitos y, de ser posible, obtener condenas. En general, consideramos que un programa de formación en VSCA debería tener dos características fundamentales. Por un lado, estar conformado por componentes de capacitación y sensibilización que se complementen entre sí: la capacitación referida principalmente a los conocimientos, las herramientas y las habilidades técnicas requeridas para el desarrollo de las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias; la sensibilización como el proceso a través del cual se genera una toma de conciencia sobre una situación o problema específico, que implica un cambio de actitudes y comportamientos.4 La sensibilización, especialmente en materia de VSCA, es fundamental para lograr que las actuaciones de los funcionarios garanticen el acceso a la justicia de las víctimas. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/formacion-en-violencia-sexual-en-el-conflicto-armado-una-propuesta-metodologica-para-funcionarios/

El presente documento pretende reducir la incertidumbre jurídica y práctica de las consultas legislativas. Para ello, se concentra en el ámbito colombiano, en el que la jurisprudencia ha hecho avances considerables para elucidar algunas de las preguntas difíciles sobre la consulta. Y, en este mismo contexto, analiza con detenimiento un proceso legislativo que resulta ejemplar, al menos en comparación con la ausencia de consultas o la insuficiencia profunda de la gran mayoría de ellas. Se trata del proceso que, en 2011, dio lugar a la expedición de las normas con fuerza de ley sobre reparación y restitución de tierras a favor de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y otras violaciones graves de sus derechos (Decreto Ley 4366 de 2011; en adelante, Decreto Ley). La finalidad del documento es doble. De un lado, pretende documentar la experiencia de construcción y expedición de esta pieza legislativa fundamental para los pueblos indígenas y la justicia transicional en Colombia. De otro lado, extraer de él (y de la jurisprudencia y la práctica colombiana en general) algunos principios y reglas que pueden ser útiles para una regulación adecuada y garantista de la consulta, tanto en Colombia como en otros países. Tomado de la introducción del documento

El impulso de esta investigación nace de la tensión que se presentó en mayo de 2017 en el marco del cubrimiento periodístico de las exhumaciones de quienes fallecieron en la masacre de Bojayá. Así, este escrito tiene como propósito el planteamiento y la respuesta, desde una perspectiva sociojurídica, de la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo narrar los hechos relacionados con el conflicto armado y con la transición a la paz sin vulnerar el derecho a la intimidad de las víctimas? O ¿cómo puede un periodista dejar constancia de un acontecimiento dramático o contar una injusticia que conmueva a sus lectores respetando los límites de la vida privada de las víctimas? Para responder a este cuestionamiento, en el presente documento se examinan las tensiones de derechos que pueden generarse en la narración de la transición a la paz como parte del ejercicio periodístico. No es una tarea fácil, pues el periodista cumple con su responsabilidad democrática cuando informa a la sociedad de un hecho de interés público, como las exhumaciones de Bojayá. Pero a las víctimas se les debe protección y tranquilidad en su duelo íntimo, además de autorregulación periodística. En el análisis jurídico se ha tratado de valorar el conflicto entre el derecho a la intimidad de las víctimas y los derechos a la libertad de expresión e información, y a la verdad histórica de los periodistas y la sociedad. Se busca que la conclusión presentada sea válida, no solo en el caso de Bojayá, sino en los futuros años de transición, pues tanto las víctimas como la sociedad en general se benefician de una prensa libre y responsable, y del respeto de la vida privada. Las ideas plasmadas en este documento ofrecen herramientas útiles para repensar la garantía de ciertos derechos en el marco del posacuerdo, reflexionar acerca de la importancia de la autorregulación en la labor periodística y crear puentes de colaboración entre periodistas y víctimas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/victimas-y-prensa-despues-de-la-guerra/ Consulte la versión en español en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/112

El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-el-abismo-entre-la-capacidad-tecnologica-y-los-controles-legales/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/114

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/carcel-o-muerte-el-secreto-profesional-como-garantia-fundamental-en-casos-de-aborto/

El CEDD publica su estudio sobre los impactos de las políticas de drogas en el sistema penitenciario de 10 países de América Latina. El uso excesivo del derecho penal y de sanciones privativas de libertad, tiene consecuencias sobre la vida de las personas en los sistemas penitenciarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Este estudio documenta la evolución de las leyes de drogas y su impacto sobre los sistemas penitenciarios de la región, las poblaciones afectadas y las condiciones penitenciarias en las que viven; la situación socioeconómica de las personas privadas de la libertad por esos delitos, su grado de participación en las redes de narcotráfico y los impactos del encarcelamiento sobre poblaciones específicas. Si la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano, debería restringirse sólo en aquellos casos donde ha habido una afectación directa y grave a los derechos de terceros. Por ello, el poder que tienen los Estados de privar a las personas de este derecho debe ejercerse de manera proporcional y racional; y solo como último recurso, una vez que otros han sido probados y han fallado. La “guerra contra las drogas”, desplegada en las últimas décadas, sin embargo, ha generado una enorme distorsión en los sistemas penales, en el uso del poder punitivo de los Estados y de la cárcel en todo el mundo, particularmente en las Américas. El perfil de quienes se encuentran en las prisiones por delitos de drogas demuestra que se está capturando a quienes desempeñan las labores logísticas de bajo poder, evidenciando que la política no es eficiente en judicializar a quienes más se lucran del negocio. De allí que el informe invite a repensar la política de drogas y enfocar los esfuerzos de criminalizaciones en los peldaños superiores de la pirámide del narcotráfico y no en la base, donde se encuentran poblaciones excluidas y sometidas a diferentes fuentes de la desigualdad e inequidad social. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sobredosis-carcelaria-y-politica-de-drogas-en-america-latina/

La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/coca-instituciones-y-desarrollo/