En el contexto de la discusión cada vez mayor y la necesidad urgente de reparaciones en Colombia, esta publicación pretende contribuir al debate académico y a la formulación de políticas públicas sobre reparaciones a algunas de las víctimas más apremiantes del país: los pueblos indígenas y las comunidades afro-colombianas. Para este objetivo, el concepto de “justicia colectiva étnica” (JCE) se introduce. En primer lugar, el texto justifica la necesidad de este concepto demostrando el vacío conceptual que llena. Posteriormente, ofrece una guía práctica sobre cómo la JCE se puede lograr en la práctica mediante la descripción de los principios y los criterios pertinentes en la legislación colombiana e internacional. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/etnorreparaciones-la-justicia-colectiva-etnica-y-la-reparacion-a-pueblos-indigenas-y-comunidades-afrodescendientes-en-colombia/

La participación de las mujeres en los procesos de paz en Colombia ha sido mínima. Además, las mujeres han encontrado numerosos obstáculos en el momento de incidir en el Estado y de posicionar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en las instituciones. ¿Por qué la persistencia de estos obstáculos? ¿Por qué es indispensable que las mujeres participen? Negociando desde los márgenes es una apuesta por recuperar las memorias de las mujeres que, a través de diferentes estrategias y formas de incidencia, han logrado impactar en los procesos de paz. Gracias a la presión ejercida por estas mujeres, el actual proceso de paz cuenta con una Subcomisión de Género e incorporó este enfoque como transversal en los acuerdo. La participación de las mujeres está más que justificada si se tiene en cuenta que las mujeres representan un 51,2% de la población colombiana, además de ser mayoritariamente víctima diferenciada del conflicto armado. A partir del análisis del papel de las mujeres en los distintos procesos de paz que han tenido lugar en colombia desde 1982 hasta el actual, este texto expone los desafíos a los que se enfrentan las instituciones al garantizar la participación de las mujeres en el presente. Así, en último lugar y a modo de conclusión, encontramos las recomendaciones a corto, medio y largo plazo para garantizar unos mínimos básicos y unos mínimos justos en la participación política de las mujeres. El libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/negociando-desde-los-margenes-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-los-procesos-de-paz-de-colombia-1982-2016/

Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse. En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada y adaptada de: https://www.dejusticia.org/publication/restitucion-de-tierras-politica-de-vivienda-y-proyectos-productivos-ideas-para-el-posacuerdo/

Este texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad. A las personas les suele parecer normal y natural que en la calle la Policía las intercepte, las requise, les solicite documentos de identidad, les pida que se retiren de un lugar, las interrogue o las detenga de manera preventiva. Mientras que en otros países estas medidas de policía solo pueden practicarse cuando confluyen varias circunstancias y requisitos, en Colombia no existen criterios claros que guíen la labor de la Policía, que es uno de los hallazgos de esta investigación. Este vacío normativo da lugar a que esta institución concentre su accionar en ciertos grupos poblacionales que considera peligrosos, sin ninguna evidencia empírica y únicamente sobre la base de prejuicios. Sin embargo, esta penumbra regulatoria, como cualquier otra laguna en el derecho, puede superarse a través de la aplicación de figuras como la analogía. En este sentido, este libro rescata ciertas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional que, de aplicarse analógicamente a las medidas de policía, alejarían dicha actividad de la arbitrariedad y la enmarcarían dentro de los límites del Estado de derecho. De esta forma, se evitarían discriminaciones e invasiones abusivas a la intimidad por parte de la Policía, que es el principal hallazgo que se desprende de la Encuesta de Policía y Desigualdad y del trabajo cualitativo realizado en este libro. Así, este estudio recoge las diferentes acepciones que la palabra policía tiene en el ordenamiento jurídico colombiano. Igualmente, caracteriza el derecho a la intimidad y su ámbito de protección. Adicionalmente, muestra los estándares constitucionales que deberían orientar a la actividad de policía y cómo funcionan en otros países en los que se aplican, de manera específica en Estados Unidos. Asimismo, destaca los resultados de la Encuesta de Policía y Seguridad y de la investigación cualitativa que demuestran que en Colombia la actividad de policía recae prevalentemente sobre las personas de estratos bajos y medios, los hombres, las personas que se autorreconocen como negras o indígenas y aquellas con la apariencia de alguna subcultura urbana. Por último, hace unas recomendaciones de política pública dirigidas a que la Policía cumpla con su deber de proteger el derecho a la seguridad, pero sin lesionar arbitraria y excesivamente el derecho a la intimidad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/requisas-a-discrecion-una-tension-entre-seguridad-e-intimidad/

Uno de los propósitos centrales de este texto es superar, en un primer intento, el vacío de información acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios. ¿Qué sucede con las mujeres que pretenden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en zonas de conflicto armado? Varios documentos se han escrito sobre IVE y los obstáculos de las mujeres para acceder a ella, pero sobre cómo funciona el ejercicio de este derecho en contextos de conflicto hay muy pocas referencias. Ese, justamente, es uno de los propósitos centrales de este texto: superar, en un primer intento, ese vacío de información acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios. Así pues, el lector/a encontrará dos hallazgos principales: por una parte, constatamos que los obstáculos que persisten en contextos no armados para que las mujeres puedan acceder a su derecho a la IVE se mantienen y, en ocasiones, se radicalizan en espacios de conflicto. El desconocimiento, el estigma social y las barreras burocráticas son algunas de esas limitaciones que cotidianamente aquejan a quienes buscan solicitar la IVE y que se vuelven aún más drásticas en zonas con presencia de actores armados. Pero, por otra parte, encontramos que las lógicas del conflicto imponen barreras propias que no necesariamente son las mismas que persisten en contextos no armados. El temor producto de la presencia de los fuertes mecanismos de control social impuestos por los actores armados es un obstáculo propio del conflicto que limita notablemente la capacidad de las mujeres para acceder a su derecho a la IVE. En ese contexto, a partir de la revisión juiciosa de bibliografía secundaria y de entrevistas realizadas a expertas que trabajan directamente en las regiones afectadas por el conflicto, este documento hace una primera caracterización de algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando buscan acceder a la IVE en medio del conflicto armado. La investigación pretende dejar abiertos interrogantes y problemáticas para que, en futuros estudios, la relación entre conflicto armado e IVE pueda ser explorada y caracterizada de manera más detallada, haciendo énfasis en sus múltiples matices y complejidades. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/el-ejercicio-de-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-el-marco-del-conflicto-armado/

Durante el periodo legislativo 2006-2010 se conformó en el Congreso de la República de Colombia la Bancada de Mujeres. En esta confluyeron todas las congresistas, con el propósito común de trabajar por los derechos de las mujeres. A pesar de su potencial para promover proyectos legislativos relacionados con dichos derechos y de los logros que ha tenido, la bancada ha sido poco estudiada y su trabajo poco documentado. Este texto tiene como propósito darle visibilidad a dicho proceso, a partir de la reconstrucción de su historia, retos y logros. En este sentido, aquí se identifican los antecedentes, las gestoras(es) claves y el funcionamiento de la Bancada de Mujeres desde el año 2006 hasta el 2011. A su vez, se destacan los principales logros y obstáculos de esta alianza a lo largo de estos años con el fin de sugerir algunas vías para fortalecer este ejercicio de acción colectiva. El documento pretende entonces ser una herramienta útil no solo para el fortalecimiento de la Bancada de Mujeres en el Congreso, sino también para el debate en torno a la participación política de las mujeres en la democracia colombiana. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/bancada-de-mujeres-del-congreso-una-historia-por-contar/

¿Qué impacto tiene el consumo de alimentos y bebidas no saludables en la obesidad? ¿Qué papel juega la publicidad en el consumo de alimentos y bebidas no saludables, particularmente en los niños? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano por controlar la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en los menores de edad? ¿Podemos confiar en la autorregulación de la industria? Este texto aborda estas preguntas a partir de un análisis de la normatividad existente en Colombia en materia de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de edad. En él se documentan los pocos avances regulatorio en esta materia, así como los vacíos existentes y las dificultades en su implementación. El documento es escéptico acerca de los mecanismos de autorregulación propuestos por la industria, y se constituye en un llamado para que el Estado regule una materia que hasta ahora se encuentra sin reglas ni controles. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/sin-reglas-ni-controles-regulacion-de-la-publicidad-de-alimentos-y-bebidas-dirigida-a-menores-de-edad/

A lo largo de estas cinco décadas de conflicto armado en Colombia, las disputas por los recursos naturales y los conflictos socioambientales han estado entrelazadas con la violencia de formas muy diversas. Los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, han derivado parte de su sustento de la explotación o el gravamen de economías extractivas, desde la coca hasta el oro, la madera y el carbón. Igualmente, buena parte del conflicto armado se ha desarrollado en zonas altamente biodiversas, cubiertas por bosques o selvas tropicales. La voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son tan solo algunos de los flagelos que han dejado estas décadas de conflicto sobre el medio ambiente. Sin embargo, como mostramos en este documento, la violencia también ha tenido un efecto ambiental preservador y paradójico. Los actores armados han impuesto barreras de hecho sobre áreas altamente biodiversas y, en cierta medida, han ayudado a conservarlas. Por lo anterior, consideramos que para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia es necesario prevenir y tramitar pacíficamente los conflictos socioambientales. Este libro hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz', que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-paz-ambiental-retos-y-propuestas-para-el-posacuerdo-2/

Por generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/bancada-de-mujeres-del-congreso-una-historia-por-contar/ Consulte la versión en inglés en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/110

El derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Estas tensiones resultan relevantes, pues las fórmulas que se adopten para resolverlas pueden limitar de manera desproporcionada la realización efectiva de estos derechos o, por el contrario, pueden contribuir a garantizarlos de manera integral. Por lo que este texto busca hacer una doble contribución constitucional, pues al avanzar en la discusión sobre las fórmulas de armonización más adecuadas puede, por un lado, aportar a la consolidación de una dogmática adecuada de estos derechos y, por el otro, a la garantía efectiva de los mismos. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/lo-que-no-debe-ser-contado/