La implementación voluntaria del embarazo (IVE) se encuentra parcialmente despenalizada en Colombia desde 2006, mediante la Sentencia C-355. Dicha despenalización tuvo efectos no solamente en el ámbito penal sino también en relación con el derecho a la salud. En este sentido, generó obligaciones para el Estado y derechos para las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar de que ya se han cumplido siete años desde la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional, persisten importantes barreras a la garantía efectiva del acceso a la IVE para las mujeres que se encuentran en los tres casos no penalizados. El propósito de este documento es entonces identificar algunos de los principales obstáculos que enfrenta la despenalización parcial del aborto en Colombia. La relevancia de esta identificación reside en que la existencia de barreras que dificultan o impiden el ejercicio de un derecho atenta contra el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas afectadas. Asimismo, el documento presenta algunas propuestas de política que apuntan a la solución de las problemáticas identificadas. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-implementacion-de-la-despenalizacion-parcial-del-aborto-en-colombia/

¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas. En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula. Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/academia-y-ciudadania-profesores-universitarios-cumpliendo-y-violando-normas/

Este documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios. Tomado de: https://issuu.com/jorgeparranorato/docs/_la_adicci__n_punitiva_-uprimny__r. Consulte la versión en español en la siguiente URL: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll31/id/109

El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/delitos-de-drogas-y-sobredosis-carcelaria-en-colombia/

Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/instituciones-y-narcotrafico-la-geografia-judicial-de-los-delitos-de-drogas-en-colombia/n

Este documento tiene la pretensión de contribuir con nuevos argumentos para avanzar en el debate sobre las garantías para la implementación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia, superando los obstáculos de la dispersión normativa y la confusión sobre el alcance de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional que posibilitan el aborto legal. Para ello buscamos evidenciar que dichos obstáculos, como dificultades prácticas en el acceso a la IVE, pueden superarse por una vía jurídica expedita y novedosa. En concreto, proponemos revisar con lupa la facultad de impartir instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud, función con la que esta entidad puede recoger los mandatos dados por la Corte Constitucional en materia de IVE y socializarlos a sus entidades vigiladas, cumpliendo con sus obligaciones legales y sin usurpar la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/no-interrumpir-el-derecho-facultades-de-la-superintendencia-nacional-de-salud-en-materia-de-ive/

Este informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/participacion-politica-de-las-mujeres-y-partidos-posibilidades-a-partir-de-la-reforma-politica-de-2011/

Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/acceso-a-los-archivos-de-inteligencia-y-contrainteligencia-en-el-marco-del-posacuerdo/

Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-en-2016-2017-una-estimacion-del-universo/

El propósito de este documento es abordar la pregunta sobre cuál es el estado actual de la reglamentación de la IVE en Colombia. Frente a ella, mostramos que a pesar de que en la actualidad no existe un decreto reglamentario, Colombia cuenta con un marco normativo que se ha desarrollado principalmente por vía jurisprudencial, desde la sentencia C-355, pues establece las bases dentro de las cuales se debe configurar la prestación del servicio, las cuales debería ser suficiente para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres que se encuentran en las causales despenalizadas. Además, existen normas de rango legal y reglamentario que son aplicables a la IVE, y que fijan condiciones específicas que resultan necesarias para que la prestación de los servicios de salud sea efectiva y segura. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-regulacion-de-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-colombia/