Las investigaciones que analizan las actitudes políticas en España se han caracterizado fundamentalmente por tener un enfoque descriptivo, aunque algunas de ellas han intentado buscar explicaciones al tipo de actitudes en los acontecimientos y en el desarrollo histórico político del país.  Los indicadores actitudinales utilizado en este trabajo intentan medir y estructurar las actitudes y percepciones políticas de los españoles. Debido a que no es un análisis longitudinal no se puede hablar en sentido estricto de una estructura dimensional de la cultura política. El uso de cada uno de estos indicadores está justificado,  si bien no se establece una clasificación  de los mismos  en  las dimensiones  originales señaladas por Almond y Verba, y que la mayoría de los autores han utilizado: cognitivas, afectivas y evaluativas. El objeto de este trabajo es plantear una crítica a dicha clasificación  y proponer un modelo para la distribución  de tales indicadores actitudinales en dimensiones  de acuerdo con los indicadores manejados en cada caso. Para descubrir la estructura dimensional de las orientaciones o actitudes políticas de los españoles  se  han  creado  índices  de  medición  que permiten conocer la relación entre los indicadores utilizados en un análisis factorial. Finalmente, se describe cada una de las dimensiones extraídas del análisis y se debate sobre la coherencia de las relaciones entre las actitudes incluidas en cada una de ellas.

El surgimiento de los contratos por adhesión se explica con razones económicas vinculadas a la masificación del comercio. Siendo el problema principal de la contratación estandarizada la existencia de cláusulas abusivas, se requiere un análisis del sistema de con­ trol previsto en la legislación nacional. Éste se muestra insuficiente para evitar la presencia de cláusulas abusivas en contratos en condiciones generales. De ahí la necesidad de contemplar un mecanismo preventivo que, sumado al control represivo, permita una eficaz protección no sólo de los consumidores, sino de todo sujeto que pueda verse expuesto a un contrato con contenido abusivo.

Al hacer el análisis estructural de la Ley 489 de 1998 sobre organización administrativa, nos damos cuenta de que el texto legislativo adolece de múltiples incongruencias importantes, tanto en la forma como en el fondo, que no permiten identificar su identidad normativa. La legislación no cumple con el enunciado de la misma cuando, excediendo su cometido en algunos casos, pretende expedir una ley sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional para desarrollar las disposiciones, principios y reglas generales para el correcto ejercicio de las atribuciones presidenciales consagradas en los numerales 15 y 16  del artículo 189 de la Constitución. En efecto, la presente ley se presenta no solamente como un "estatuto básico" que encuadra los principios y las reglas generales de la organización administrativa, sino también como una ley de planeación y de gestión administrativa en Colombia, así como una ley de distribución de competencias. En los tres casos el legislador, según apreciación de la Corte Constitucional, se excede en su cometido inicial. Aparte  de esta  confusión en su objeto, el legislador pretendía también convertir la ley de organización administrativa en una ley de facultades extraordinarias,  lo que confundía  aún  más  el sentido  de la misma.

En este estudio de derecho extranjero, el autor realiza un análisis profundo de las decisiones del Consejo Constitucional Francés en materia de responsabilidad civil, y las incidencias que dichas decisiones han tenido o podrán llegar a tener en la evolución del régimen  de  responsabilidad  civil  en Francia.Este artículo de derecho francés pone de manifiesto que el fenómeno de la "constitucionalización del derecho" se presenta en todo el mundo, incluso en países de alta tradición legalista, como es el caso de  Francia, y nos da herramientas para  tratar  de analizar, desde  otra perspectiva, las implicaciones que ha tenido este mismo fenómeno en el derecho colombiano, en donde no nos ha resultado ajeno y, por el contrario,  se ha venido  acentuando  desde  hace  poco  más de una década.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo está muy congestionada. Para solucionar esta situación, son necesarias varias medidas:La disminución de los términos de caducidad de las acciones contenciosas ordinarias; la disminución del  periodo  probatorio  y  de las pruebas practicadas dentro del mismo; el aumento de los gastos del proceso que debe sufragar el demandante para que se le tramite el proceso, y la imposición de costas para la parte vencida en el pleito; la transferencia de asuntos que actualmente están asigna­ dos a la jurisdicción contenciosa,  a la  jurisdicción  ordinaria  civil; la eliminación de acciones constitucionales mal diseñadas por el legislador, que no han tenido una eficacia real; la redistribución de competencias en las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para disminuir la carga laboral de las Secciones congestionadas; extensión de la perención en contra de las entidades públicas demandantes, cuando éstas no cumplen con sus car­ gas procesales; eliminación de la aprobación de las conciliaciones prejudiciales por parte de los tribunales administrativos, para que estas sean  aprobadas  en  sede administrativa.

Este artículo examina en qué medida la ubicación de las contralorías (entidades de fiscalización superior) en la  macroorganización estatal colombiana y su diseño institucional afectan su eficacia. El marco teórico del trabajo está constituida por la teoría de las instituciones (North)  y  la teoría  de las macroorganizaciones  (Matus) y, a partir de él y del examen de las interrelaciones concretas en que intervienen las contralorías dentro de la organización estatal, se identifican  fallas en el diseño institucional  de las mismas,  relativas a su independencia y a la efectividad de la evaluación de gestión y resultados.

El artículo muestra la evolución de la institución del Juicio de Cuentas. Ésta es una  forma  de control  de la administración  pública que se origina en la península ibérica y llega a nosotros en la Colonia. Con el advenimiento de la república, en el siglo XIX, este procedimiento perdura  a  lo largo  de nuestras  distintas  constituciones. En el siglo XX también subsiste, incluso ante la importación de modelos de administración pública de origen anglosajón, como la Contraloría General. Hoy, con la Constitución de 1991, el juicio de cuentas pervive  como una  de las formas de control  fiscal.

Este artículo pretende seguir la discusión que se ha dado sobre la seguridad nacional y los derechos y garantías individuales de los ciudadanos en Colombia. Analiza la política de seguridad democrática promulgada por el gobierno; los cambios normativos como consecuencia de esta, y la introducción en el ordenamiento jurídico de figuras que buscan neutralizar aquellas de corte garantista consagradas en la Constitución. Además, hará énfasis en la definición que hace la Constitución sobre Estado social de derecho y en los pronunciamientos que la Corte Constitucional ha hecho sobre el tema referido para, al final, dejar interrogantes sobre el modelo de Estado que se está construyendo en Colombia y el papel del derecho en él.

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'í;.: Ino I el";,1I rilJu., fu furu , " JI l' , 111:1, ~lIlll'llI IJOIIII.nl.r \·t'ul.ol clu 1I'"lIc·.I" • \' cul "UC\', yo (JI je, IJiJlltlrc::I y Parl , POH ~f) l\J g.'. L ,H,I' • - - EII NOn-rg- Val l' P ro ,,1111101, .1t·.Hn;u)" 1I OClle. mi Pr~ pero Pim:oll, JlUI'] '1111'1 llHrt'Z Ah or,·z, J)o \'eul-a ell '''''1 111"." f" du:S, IIll":,:" JI Iylill Y BI ftl~'lln)cro y CII ,1 Olrll 1 "11 81\11 .A IIluuio Jlu"'o 1111 Ali:,:u.,.. 'G.:i eblehcrln. DlrI~I,.. Ju 7 u.' " TI~ parn,·.IItle ir, ,It· 316 ""ro • i",m-.lialo 01 <'.flUJ,'HulI ,1" HUII Vletol ¡!1O, ti \. ·ude. J)'f'.C""8': C;IIJ 14. 11(1111 'lO:! O. - 6-3 Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. I::xr-mo. Id 'o " [A 1 l. e ADI CRONICA Uf! o I 13 d Julio d 1000 r."J Lor.l el Orden Pu/¡lico Ur, (,tl\. JO ti • Juho ,1 • 1900 idcri ción: EL ORDE PUBLICO tIl, la n, 10 1 >\8 \OI .. IATI 1..1 TA ,-JI IIrm~Jn.1 un ,1,flllllO' •••••• • ~IJ~I'IJICJ J' rdo .•..•............ , .. ". .. ......... ....... ..... .... .. .. .... .. .............. . .. .... .. .... .......... ............ ...... ...... .. .......... ,. .. (J. le. (J •• _. .... . ......... __ ••••• • ••• Sr. I)r. I ,7; litO J~Jlduiio ...... _ ........ E: M: VIIMl';' ;;JII;,'~,;' 'l;i~lg,~' ·,i· . :111' ·,Íl. 5n fJU :us 7" :w 3u JI) ::JO I ti (on,n .• .••.. _ ... .. .. .. _ ........... .. r.o )U J/I r,u . .. .. .... .. ...................... .... .. .... .. ...... .. '11111 I ¡1I(,·riot·, ,le JO. •. •• .• Orll ÍllI. dOro ............ .. , ,,,til ,!t. lllrJ" Id, IlIt., ..... ., .. _ .. .. 'r"lnl .. ,. . ... • 1111118 lI11tC.·rlUrc U •• ] IJ •• lij., .. 3!J,~1 lo Tolnl '("lI'rnl .. _.. 39,s.¡ 15 • '01' -L'l limo n e r 'cihen PlI El CarOl~n, en el Ah" 1(;' JI flt~ I,,~ "'O. JI va Otero. Callo 2.' d • FlorJ JI, y 'JI ,,1 S 11611 de Grado' en In hora en (!ue pt!! malJ •. ~ aLJCI t'O. uera acaba do t ha UECTlPIC.\ '16.'-EI • r. M" nuel no ru j l1omh. do J -fe do In ceei'm l.. del 100R· ter;o de GIII· .... a, (mI' ,1.0 que dignamento (le ~lI1fJefi el S ... D ... Tllnot4'() Mora, Begún In anundámo on nu tro nÚIlJI','o de anteayer, 8ino Ofie;:!l luyor d <» ~I P" ~ iniM ,'10. 1101' l'tlllllnci t'Ju do I elupleo ¡uzo el Sr, Vr. lfaol MarUnez Mosquera. 795 1l11ltbltl'a d Colofl bla-~JHlí triO d Gobi'-Tno­¡ Jlr cr;t;n O n 101 de Corrt()!J y rol grafo - •• CCJ6n d Carr o - ·ú uo 10,866, X 'II-Ro­! 10M, )3 r1p Julio d 11100 colocad dirh guro rvidor, Corr fin el abi B t J'J.lO V .. l. Z diminuto col ga y go habrá. (00 ""icado) Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. COMUNICADOS u ni Julio d 1 nogol. , Jollo 3 d Ir ti BI mI de lo qn to 9u se le cion que en contrnrio e bl­n tu'] . "uro S n"idor y amigo , • RTCHO GARCí Ji RR no Curonel fuyo 26 d 1900 us deseo::!. Co," T." "Tl'O ROJA a r nd lt 1'11 1IIg' j me pi-que mi re pup La AQUlLI'O \~ILLEGAS b r cnlO l.yt>r J é GONzA 1.EZ E. T"raente Ooronal Dogot í, Julio 5 de 1900 Sr. ,1'. 11011 B. E tilllod Coron 1 y amj~o: Tt.'1I 0(·1 gu w de certific r al pie de su cartica de ft· h 2 ... __ •..•••..•...•. " . . . . . • . . . •• . ... Me n t hal,pr ncontrndo fl lJ ted en Palo- 1) gro omh tiendo en el la (]l"roch. y en primera Un L ·1 eH \ 1 ~ ti M.nyn. '''undo eh 1 de ('ombate, cuand Iba yo como Ayud:\lIte d 1 J<:fú de f ... tado ) \' de I .;·))1 i iÓIl, GUII 'r.,1 l" 1 hallo LUlHlo. roo, qui n Il (on 1 B talione lJu)ft'or v c.:uT/di­fllfflur a • 1 ,f, I?JU') 1 1111 nClIIllad.\ U 11 ea" ocupada l'orJ 11." DI\ I Ión, dt.' la cu I el a ti t.eti digno Jefe de Estndo yor. EL ORDE PUBLICO n ~ l • Julio i d 1'100 }.\(')o -Juh ) l'! Cu 1 rU' 1I1t· • J. (' )L. fI Antonio P, r; cf C.· .. EII f.· ,Il' 111 (11 1 '. "i,le l'] 1111. 'lit ('II-B "O ":,,, tf ,It' Jullu .J • 11111 IIU\'u' '/lt" • .JULIO PI z') f~ rOBAR" L ('Opi.l-B • I( , Jull •• 10e' ti. mil no' ,·(· .. ·/l1t • C'1:f • PAnDO I.Il1l 'rO 1;\11'1. \7. \ T nlo I:.IJllc~.j. (Id (fnlllt"ct R'gold Pur ,,1 Ilfl'''''lIh' ( il 1, 11 I!I I ~ ('1111' 17.' :'i (Olio lo <1"l" (', .. ,H. """ 01 ro I'h III/t'n I /llf ,'11 t·1 JlIIllU lit· ""(' I 11 de Bon ifacia G rLJn. ,,1 1'11011 • h dl'I'I.ml,lo 1111 el lo el! l''''' • JII1..! 111" l' f •• 1 n ,lo' (l' b.1 l'i .1 .. 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El artículo hace una aproximación al desarrollo del hábeas  data en la jurisprudencia constitucional colombiana. Se refiere a la con­ sideración de esta garantía como derecho fundamental, según los criterios esbozados por la propia jurisprudencia constitucional. Igual­ mente, trata de su delimitación con otros derechos fundamentales y los mecanismos jurídicos de protección: Se ocupa también de  la eventualidad de la suspensión de esta garantía, y de sus límites en el evento de la declaración de los estados de excepción contempla­ dos en la Carta Política. Finalmente, se ocupa de los posibles conflictos   del   hábeas   data   con   otros   derechos constitucionales fundamentales.