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Antecedentes hispánicos del juicio de amparo y de la acción de tutela
En este artículo se analizan los antecedentes hispánicos del juicio de amparo y de la acción de tutela. Se parte del estudio de justicia mayor de Aragón y de su importante proceso de manifestación, antecedentes del hábeas corpus. Luego se analiza la institución del juzgado general de indios en la Nueva España y se miran algunos casos de amparo. Por último, se estudian los recursos contra los actos de gobierno en las india, concretamente los de suplicación y el de agravios, que sin duda alguna constituyen antecedentes de la suspensión provisional del acto de tutela, importante garantía constitucional que se toma de España, pero que tiene sus antecedentes en el derecho indiano, donde se empezaron a proteger los derechos de las personas, y no en el siglo XIX como equivocadamente se piensa.
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Las fuentes olvidadas del pluralismo jurídico: indianos, piratas palenqueros y gitanos.
El debate del pluralismo jurídico, tan de moda en Colombia a partir del reconocimiento por parte del Estado de la existencia de otras formas jurídicas diferentes a la oficial o reconocida como mayoritaria, tiene unos antecedentes históricos y doctrinales que es necesario abordar; esto nos permitirá recuperar la esencia emancipatoria del derecho. El pluralismo jurídico alude a la existencia de otros "derechos u otras formas jurídicas junto al derecho estatal, que coexisten, una veces armónicamente, otras en conflicto, pero en cualquier caso, siempre con independencia al derecho estatal". En la historia de Colombia han existido antecedentes que evidencian que en nuestro país han existido fértiles antecedentes que es vital recuperar. El artículo estudia algunos ejemplos: el derecho indiano, como forma de resistencia a la opresión y estrategia de supervivencia de nuestros pueblos nativos; el derecho de la Hermandad de la Costa, la más importante fraternidad pirata que se desarrolló en nuestro archipiélago de San Andrés providencia y Santa Catalina; el derecho palenquero o la consolidación del plan de vida de los cimarrones y palenqueros, y la kriss romaní, la forma del derecho gitano, uno de los primeros derechos globales que llegó a tierras de nuestra América y a Colombia, en el cuarto viaje de Colón.
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El concepto constitucional de autonomía fiscal y sus alcances legales y jurisprudenciales en Colombia a partir de la Constitución política de 1991
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La culpa en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno
Los daños causados por aquellas personas por las cuales estamos llamados a responder constituyen un hecho generador de responsabilidad y configuran un régimen de presunción de culpa. Pero antes de hablar con certeza de la existencia de una presunción, debe analizarse si ésta surge de modo automático o si, al contrario, es necesaria la culpa del directo responsable como presupuesto para que funcione. Frente a esta disyuntiva han surgido distintas posiciones doctrinales que es preciso analizar antes de condenar al pago de una indemnización en casos de responsabilidad por el hecho ajeno.
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La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación
En el pasado, los procesos para establecer o impugnar paternidad y maternidad no tenían una prueba contundente. En la actualidad, debido a los avances científicos y médicos, las partes tienen una prueba definitiva que les permite establecer la verdad real: el ADN, que en la legislación colombiana originó la Ley 721 del 24 de diciembre de 2001.Estas pruebas de ADN pueden determinar o descartar la paternidad-maternidad con un 99,99% de certeza. Esto significa que la verdad biológica y la verdad jurídica son iguales sin aceptar dudas, por eso estas deben reflejarse en las decisiones judiciales.
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Les recours dilatoires contre les sentences arbitrales devant la Cour d´Appel de Paris. Fabricio Mantilla Espinosa
En este estudio de derecho francés se puede apreciar claramente cómo; por medio de los recursos interpuestos ante el juez ordinario contra los laudos arbitrales, las partes intentan desconocer o retar dar la ejecución de la decisión proferida por el tribunal arbitral para resolver el conflicto que fue sometido a su consideración por disposición misma de las partes.En el derecho colombiano se puede apreciar la misma tendencia. En efecto, tanto nuestra legislación (Ley 23 de 1991, artículo 111), como nuestra jurisprudencia (por ejemplo, C. E. del 7 de febrero de 2002. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Exp. 20467), le confieren al recurso de anulación efecto suspensivo de la ejecución lauda arbitral, lo cual, sumado a la inexistencia de sanciones eficaces contra los recursos abusivos y a la tendencia de nuestros jueces a desconocer las decisiones tomadas por los tribunales arbitrales, logra privar a la figura del arbitraje de su utilidad práctica.En los sistemas jurídicos donde se presenta esta misma situación se están tomando medidas que permiten contrarrestar dicho problema. Sin embargo, nuestro legislador persiste en mantener las mismas soluciones (véase, por ejemplo, las reformas introducidas por el Congreso de la República a los artículos 44 y 45 del proyecto de Ley General de Arbitraje presentado por el gobierno), que van claramente en contra de la finalidad del arbitraje.
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La reforma al Código de Procedimiento Civil. Ley 794 de enero 8 de 2003
Preocupado por la morosidad en la tramitación de los procesos judiciales, el 13 de diciembre de 2001 el ministro de Desarrollo Económico presentó, en nombre del gobierno nacional, una iniciativa con el propósito de modificar el Código de Procedimiento Civil y regular el proceso ejecutivo. Así fue como, luego de su tránsito por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y teniendo en cuenta los cambios introducidos por estas corporaciones, finalmente la aludida iniciativa se convirtió en la Ley 794 del 8 de enero de 2003, la cual es sucintamente desarrollada en el presente artículo. ·
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La ley Orgánica de Ordenamiento territorial en la Constitución de 1991. Elementos para su comparación con el Derecho español
A partir del reconocimiento de la necesidad de que el derecho público colombiano avance en el conocimiento del alcance del ordenamiento territorial propuesto por la Carta de 1991, este artículo se dedica a estudiar uno de sus elementos estructurales: la ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT). Para ello en un primer espacio el autor delimita el concepto de ley orgánica, acudiendo a una visión comparada con el derecho español y destacando los aspectos más importantes de su naturaleza jurídica, para luego examinar sus elementos básicos. Posteriormente, estudia la discusión al alcance temático de esta ley, relaciona las posiciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y expone su punto vista. Al profundizar en el análisis, el trabajo se concentra en dos importantes temas: la distribución de competencias entre las entidades territoriales y la LOOT frente a la constitución de las regiones. Cuando aborda esta última materia en su relación con las comunidades autónomas españolas, el autor asume una serie de conclusiones sobre este punto, que se van desprendiendo en el curso de la exposición.
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A file on the abolition of punishment through whipping at schools in Santafé (1178 - 1770)
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