Los crímenes de violencia sexual cometidos al interior de un grupo armado: El caso de los niños soldados en The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda
Recientemente, la Corte Penal Internacional confirmó su jurisdicción en el casoseguido contra Bosco Ntaganda, sobre presuntos crímenes de guerra de violacióny esclavitud sexual cometidos contra niños soldados que pertenecían al mismogrupo armado que su agresor. En el presente artículo se examinarán críticamentelas razones y justificaciones otorgadas por la Corte para establecer su jurisdicción y en particular, la interpretación realizada por la Corte respecto a la necesidad de incorporar requisitos adicionales a la descripción típica de los crímenes de guerra de violación y esclavitud sexual bajo el marco establecido del Derecho Internacional. Para estos efectos, se comenzará analizando el concepto tradicional de persona protegida en el Derecho Humanitario, para luego destacar los aspectos esenciales de la decisión de la Corte. A continuación, se examinarán las diferencias fundamentales que existen entre los apartados (a) y (c), por una parte, y (b) y (e), por otra, ambos del artículo 8.2 del Estatuto de Roma, de manera de determinar si el Derecho Internacional Humanitario amparaba la conclusión de la Corte en relación con los crímenes cometidos al interior de grupos armados. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y alternativas que podrían permitir a la Corte ejercer jurisdicción sobre ese tipo de crímenes, incluso si las víctimas fueran miembros adultos del mismo grupo armado.
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Grupos civiles armados en Venezuela: ¿Actores de un ‘aparato organizado de poder’?
El gobierno venezolano ha sometido a la población a una constante militarización, en especial, a través de la creación de grupos de civiles armados, como los son las milicias. A su vez, ha promovido la formalización de determinados movimientos sociales, por medio de leyes, para garantizar el establecimiento del ‘Poder Comunal’. Sin embargo, algunos de estos movimientos han servido para dar cabida a la formación de otros ‘grupos civiles armados’, lo que causa una mayor preocupación por ser una situación atípica en este país sudamericano. El presente ensayo tiene como nalidad abordar si los grupos provenientes de estos ‘movimientos sociales’ forman parte del aparato estatal para cometer crímenes de lesa humanidad en contra de la sociedad civil.
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Grupos civiles armados en Venezuela: ¿Actores de un ‘aparato organizado de poder’?
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Pacificación en la Favela no para la Favela. Un análisis del proyecto de paci cación y de los programas gubernamentales, como justicia comunitaria, implementados en la Favela, investigando quiénes son los verdaderos bene ciarios del programa y resaltando la potencia política favelada en ese contexto
El concepto de justicia viene siendo discutido hace siglos, por diversas áreas del cono- cimiento, sin concluirse una unidad en la signi cación. Ocurre que, en nombre de la justicia social, se implementó un proceso de paci cación en el Complejo del Alemán (Complexo do Alemão) y en otras favelas de Rio de Janeiro, teniendo como instrumen- tos las Unidades de Policía Pacificadora (“UPPs”), donde son registrados una serie de atentados a la dignidad de la persona humana. El presente trabajo está basado en datos producidos en la investigación realizada en el Complejo del Alemán, con especial atención en el objeto empírico, cualquiera que sea, la cohabitación de una unidad de educación y el aparato de seguridad UPP. Se analiza el objeto y se argumenta a quien atiende el discurso de justicia que legitima acciones gubernamentales de esta naturaleza.
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Pacificación en la Favela no para la Favela. Un análisis del proyecto de paci cación y de los programas gubernamentales, como justicia comunitaria, implementados en la Favela, investigando quiénes son los verdaderos bene ciarios del programa y resaltando la potencia política favelada en ese contexto
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El reconocimiento de “la justicia indígena” como agente de la reivindicación de los pueblos indígenas en el marco del pluralismo jurídico
El objetivo de este artículo es analizar la justicia indígena como un elemento activo en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, a través de la histo- ria en el marco constitucional, reconociendo su impacto en el derecho internacional. Cabe destacar que este artículo pretende enfocar a la justicia indígena como un prin- cipio aplicable a las distintas esferas en las que se desarrollan actualmente los pueblos y las comunidades indígenas, y no únicamente como un valor absoluto relacionado a la facultad de administrar justicia por parte de líderes indígenas. De este modo, es importante establecer que la justicia indígena no responde a una formula única y exacta, sino que existen cientos de justicias indígenas en el continente americano, que resurgen con el inicio del pluralismo jurídico, en contraposición al modelo de Estado monista.
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El reconocimiento de “la justicia indígena” como agente de la reivindicación de los pueblos indígenas en el marco del pluralismo jurídico
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Reflexiones sobre el vínculo entre reformas a la Administración de Justicia, Economía y Desarrollo Económico
El presente trabajo explora la existencia de una estrecha relación entre las reformas, orgánicas y funcionales, a la Administración Justicia y la Economía, en cuanto ciencia que estudia la toma de decisiones en consideración a la revisión de la relación entre nes y medios escasos susceptibles de usos alternativos1, otorgándose, asimismo, una especial atención a cómo el mejoramiento de la Administración de Justicia impacta el desarrollo económico. Para dichos efectos se analiza la situación de Chile, país en que se advierte, a partir del retorno a la democracia, la emergencia de varias reformas globales a la Admi- nistración de Justicia. Los vínculos entre las reformas a la Administración de Justicia y la Economía y el desarrollo económico, en Chile, se mani estan en tres etapas, a saber: (1) en la gé- nesis y diseño de las reformas globales a la Administración de Justicia; (2) en la reconstrucción del mapa de la Administración de Justicia; y (3) en la situación actual de la Administración de Justicia, sus decisiones y reformas pendientes, en especial la Reforma Procesal Civil.
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Reflexiones sobre el vínculo entre reformas a la Administración de Justicia, Economía y Desarrollo Económico
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Reseña: Claus Kreß & Stefan Barriga (Eds.) (2017) The Crime of Aggression: A Commentary. Cambridge: Cambridge University Press
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Preliminares | Volumen 07
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Editorial Volumen 07
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Justicia como memoria y derecho a la verdad frente a la política de silencio y olvido en El Salvador: Apuntes sobre la percepción de la figura de Óscar Arnulfo Romero y la experiencia de los diálogos intergeneracionales en las parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador*
La política de silencio y olvido, que fue adoptada en El Salvador tras la Ley de Amnistía de 1993, ha fomentado el desconocimiento en la sociedad salvadoreña(particularmente en los jóvenes menores de veinticinco años) sobre las causas yconsecuencias del conflicto armado no internacional que tuvo lugar entre 1980y 1992, y sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que ocurrieron en el mismo. Las parroquias de la Iglesia salvadoreña no son ajenas a esta situación porque, como han puesto de manifiesto los diálogos intergeneracionales promovidos desde la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador en julio de 2018, sus integrantes más jóvenes desconocen completamente el grado de persecución al que sus hermanos de comunidad fueron sometidos durante el conflicto armado por las fuerzas militares y policiales. La controversia que ha existido, al menos hasta 2013, entre diversos sectores de la Iglesia salvadoreña sobre la figura de Óscar Arnulfo Romero es fruto de esta situación, que afecta las dimensionesindividual y colectiva del derecho a la verdad, impide la satisfacción de lajusticia entendida como memoria, evita que los graves crímenes internacionalescometidos en El Salvador sean tenidos en cuenta a la hora de construir su memoria histórica, ofrece un caldo de cultivo favorable al revisionismo histórico e impide que se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición. Frente a esta situación, los diálogos intergeneracionales celebrados en 2018 en algunas parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador han mostrado su capacidad para exponer y superar el impacto negativo de la política del silencio y el olvido desde las propias comunidades parroquiales afectadas.
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Justicia como memoria y derecho a la verdad frente a la política de silencio y olvido en El Salvador: Apuntes sobre la percepción de la figura de Óscar Arnulfo Romero y la experiencia de los diálogos intergeneracionales en las parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador*
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Concepto restringido de la responsabilidad de mando en el marco jurídico transicional en Colombia, ¿puerta giratoria hacia la intervención de la Corte Penal Internacional?
Tras la adopción del Acuerdo de Paz en Colombia, se dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se contempla el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre las figuras que regulan el procedimiento ante la JEP, la responsabilidad de mando ha suscitado diversos debates en torno a su adecuación con los estándares internacionales y los efectos del concepto restringido adoptado en el marco jurídico transicional. El presente ensayo aborda el análisis sobre la compatibilidad de la definición de responsabilidad del mando contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz con los estándares del derecho internacional consuetudinario y del Estatuto de Roma. A partir de ello, se evalúa críticamente qué efectos tendría la aplicación de un criteriorestringido de la figura de responsabilidad de mando en el análisis de los casos sometidos ante la JEP, y como ello, podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional e incluso, a la aplicación del principio de jurisdicción universal.
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Concepto restringido de la responsabilidad de mando en el marco jurídico transicional en Colombia, ¿puerta giratoria hacia la intervención de la Corte Penal Internacional?