A partir de los relatos de 35 lideresas, indagamos sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en los Montes de María, una región con precariedad institucional, históricamente azotada por el conflicto armado y donde la maternidad es un mandato social y comunitario. El mensaje de los derechos sexuales y reproductivos aún no llega por completo a Montes de María. Se quedó a la mitad del camino. En esta región, con la memoria de una guerra atroz, y donde la institucionalidad ha sido precaria, la infraestructura en salud no es suficiente para ofrecer procedimientos, medicamentos o servicios de calidad. Eso se traduce en que muchas mujeres deban viajar a municipios o ciudades aledañas para realizarse exámenes, interrumpir su embarazo o acceder a anticonceptivos. De igual forma, el arraigo de los roles de género en la región incide negativamente en la garantía de estos derechos. La maternidad es una expectativa que familias y comunidades imponen sobre las mujeres, lo que hace que sean valoradas únicamente por su rol de madres y reproductoras. Este mandato les niega la autonomía para decidir sobre sus cuerpos, su reproducción y su sexualidad. Bajo este imaginario, los profesionales de la salud, así como las comunidades, condenan públicamente la interrupción del embarazo, la ligadura de trompas e incluso factores que están más allá de la decisión de las mujeres, como la esterilidad. Esta combinación de elementos, entre otros, da paso a una larga vulneración de derechos fundamentales que, si bien, afecta a toda la población montemariana, tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres de la región. La intimidad, la autonomía reproductiva, la educación sexual, la interrupción voluntaria del embarazo o la atención a víctimas de violencia sexual son solo algunos derechos fundamentales que actualmente se ven amenazados. En este libro nos aproximamos a la situación de Montes de María desde la voz de las mujeres lideresas de la región, con el fin de conocer sus experiencias, resistencias y relatos. Solo al escuchar a las mujeres de la región será posible plantear nuevas posibilidades para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y pensar en las ventajas que ofrecen nuevos escenarios de transición, tales como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que actualmente se desarrollan en la región. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/un-camino-truncado-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-montes-de-maria/

Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-terceros-complejos-la-competencia-limitada-de-la-jep/

Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-terceros-complejos-la-competencia-limitada-de-la-jep/

The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as “the transitional justice field,” and in societies suffering from mass violence. Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts. The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation. On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed. On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle. The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges. Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/beyond-the-binary-securing-peace-and-promoting-justice-after-conflict-2/

En este documento analizamos las políticas de privacidad de 30 empresas con modelos de negocios basados en los datos en Colombia, e identificamos las prácticas que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable a nuestro país. Como nunca, está latente la preocupación de que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales y las capacidades actuales para encontrar correlaciones entre ellos puedan derivar en otros datos personales, exactos o inexactos, a partir de los cuales se puedan tomar decisiones –a veces injustas o discriminatorias– sobre los ciudadanos, sin que ellos mismos tengan seguridad, conocimiento ni control de lo que sucede a partir de sus datos. Un ejemplo de estos riesgos se hizo evidente en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en el que Facebook permitió el uso de una aplicación que terminó recolectando información de 87 millones de perfiles de usuarios de todo el mundo, que luego sería utilizada por Cambridge Analytica para influenciar electores en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, y en el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Para enfrentar dicha vulnerabilidad en la que se encuentran ciudadanos de todo el mundo, en el 2018 entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y se expidió la Ley de Privacidad del Consumidor del estado de California, que buscan equilibrar el desarrollo de la economía digital con la garantía de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. ¿Cómo? Por medio de la regulación de nuevas fuentes de datos, tipos de tratamiento y finalidades de tratamiento que son propias de la era digital, y que incluyen el uso de cookies, el web crawling, los algoritmos, el profiling, la toma de decisiones automatizadas, la comercialización de datos y la publicidad comportamental. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en Colombia para garantizar dichos derechos en el marco de la economía digital? En este documento exploramos el grado de preparación de nuestro régimen jurídico de protección de datos personales y de nuestras autoridades competentes para enfrentar los riesgos que la era digital plantea para distintos valores y derechos, y así rendir cuentas a las empresas con modelos de negocios basados en los datos (EMNBD). A partir de la revisión de sus políticas de privacidad, analizamos la forma de operar de una muestra ilustrativa de 30 EMNBD, dentro de las que sobresalen, por su poder económico, tecnológico y social los llamados GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft). Una vez hecho esto, identificamos varias prácticas –propias de la era digital– que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable en Colombia, y cuya regulación, en comparación con el GDPR europeo y con el CCPA de California, posee un amplio campo de mejora. Asimismo, identificamos varias falencias en las capacidades de las autoridades de protección de datos colombianas para hacer rendir cuentas a las EMNBD, y se proponen, en consecuencia, algunas medidas correctivas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/rendicion-de-cuentas-de-google-y-otros-negocios-en-colombia-la-proteccion-de-datos-digitales-en-la-era-digital/

“La Profesión Jurídica en Colombia” responde a la creciente preocupación que existe hoy en Colombia, y en otros países de América Latina, por la justicia. En los últimos diez años se han hecho grandes esfuerzos por reformar el sistema judicial colombiano y, en particilar, por menguar las prácticas corporativistas y reacias a la rendición de cuentas que existen en su interior, sobre todo en las altas Cortes. Son muy pocas y muy parciales las investigaciones que se han hecho en Colombia sobre las facultades de derecho, y menos aún sobre el ejercicio profesional de jueces, abogados litigantes, árbitros, notarios y funcionarios públicos. Sorprende ver cómo, no solo los abogados, sino también los sociólogos, los politólogos y los antropólogos se han desentendido de la profesión jurídica. Tal vez esto se deba a que los científicos sociales en Colombia han tratado de explicar nuestros problemas más apremiantes, como la violencia y la desigualdad, a partir de fenómenos tales como la concentración de la tierra, la debilidad del movimiento social o la falta de apertura política, y se han despreocupado por estudiar el Estado y los actores institucionales desde una perspectiva sociojurídica. Con este libro intentamos llenar ese vacío en los estudios de sociología jurídica y, en general, en los estudios sobre el funcionamiento del Estado. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-profesion-juridica-en-colombia/

Esta cartilla busca contribuir al entendimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en general, y de la Comisión de la Verdad, en particular. Para eso se ofrecerán una serie de conceptos que permitan comprender la relevancia de la misión de la Comisión de la Verdad como parte del Sistema Integral para contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad en clave de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. La cartilla consta de dos partes. La primera parte aclara en qué consiste el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y cómo la Comisión interactúa con las demás instituciones del Sistema Integral. En la segunda parte se ofrece un catálogo de los conceptos que son clave para entender el rol de la Comisión dentro de la justicia transicional en Colombia. Esta cartilla es un recurso que las ciudadanas y los ciudadanos tendrán a la mano para reconocerse dentro de su interlocución con los componentes del Sistema Integral, en especial la Comisión de la Verdad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/conceptos-clave-para-el-sivjrnp/

En “Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras” se encuentran los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secundarias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011, elaborado a partir del análisis a profundidad de algunos casos en el departamento de Sucre. En el curso de la investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de implementación de la política pública de restitución de tierras, particularmente las que han surgido a raíz de la situación de los segundos ocupantes vulnerables y la respuesta estatal que se le ha dado a la problemática, así como la situación de aqullas personas que, sin estar en una condición de vulnerabilidad socioeconómica en el presente, podrían legítimamente solicitar una atención del Estado para evitar una acción con daño. El principal planteamiento es que existe una respuesta institucional a los problemas asociados a los segundos ocupantes, pero que se observan fallas en la implementación de dicha respuesta institucional al menos en dos niveles: en primer lugar, en relación con los segundos ocupantes vulnerables, frente a los cuales se identifican algunas barreras de acceso que dificultan su efectiva y temprana atención, y que involucran la actividad de varias instituciones competentes dentro del proceso de restitución de tierras; en segundo lugar, en relación con otro tipo de segundos ocupantes que, sin ser vulnerables, legítimamente merecerían recibir la atención del Estado, pues como efecto de la restitución podrían caer en lo que acá se denomina como vulnerabilidad sobreviniente. Frente a estos es posible y legítimo, por vía de interpretación, que se les reconozcan y apliquen las mismas medidas desarrolladas para los segundos ocupantes vulnerables. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-segundos-ocupantes-en-el-proceso-de-restitucion-de-tierras/

This book points to an emerging set of ideas and practices being developed by activists, scholars, and courts from a range of countries that reveals the potential of human rights to resolve other radical injustices and to build more robust civil society movements against inequality and deregulation. Numerous countries around the globe are witnessing a similar experience in their modern political contexts: democratic tools and human rights instruments—which have facilitated undeniable improvements in the lives of millions—are proving largely insufficient for preventing extreme forms of exclusion. In other words, while human rights have played a fundamental role in highlighting inequalities based on factors such as gender and ethnic and racial identity, they have coexisted alongside persistent socioeconomic injustices and the rise of authoritarian populist governments that are jeopardizing human rights institutions and principles worldwide. Against this panorama, some are arguing that the human rights movement is incapable of warding off social injustice, while others are calling for a separation of the human rights and social movements. This book offers a third way: it points to an emerging set of ideas and practices being developed by activists, scholars, and courts from a range of countries that reveals the potential of human rights to resolve other radical injustices and to build more robust civil society movements against inequality and deregulation. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/adressing-inequality-from-a-human-rights-perspective/

This books seeks to facilitate linkages between discussions on the right to health and discussions on drug policy reform. The populations we talk about here are the noes most in need of a change whereby drug culture measures cease to stand in the way of a life free from pain. The suffering and pain experienced by people with terminal illnesses and people with heroin use disorder can be alleviated through opioids. At the same time, the enforcement of international drug control treaties means that these medicines are subjected to strict controls that create excessive red tape and contribute to generalized fear among patients and health professionals concerning these medicines’ use. Although many opioids are included in the World Health Organization’s list of essential medicines, the fact that they are controlled substances means that in practice, the right to health of these two populations often is violated. Fraught with Pain offers a diagnosis of five Colombian cities with regard to the barrieres that both populations—patients at the end of life and individuals with heroin use disorder—face when trying to access opioids. The hurdles they encounter can be grouped into four categories: 1. Structural failings of the Colombian health system 2. A lack of institutional capacity to mantain sufficient opioid stocks in small and medium cities 3. A lack of specialized training among health professionals in small and medium cities on the issues of palliative care and psychoactive substance use disorders 4. Stigma surrounding opioids and the people who use them Analyzing the enjoyment of the right to health among these two groups of people would seem ill advised, for what could they and the health care they receive possibly have in common? However, this book argues that someone facing the end of life and someone with a heroin use disorder actually face similar challenges: they are both in need of the same controlled substances; they both require interdisciplinary treatment that extendes beyond opioids; they both seek health services during moments of extreme vulnerability; and they are both often treated negligently by health systems that are ill equipped to handle death and drug dependence. Fraught with Pain seeks to facilitate linkages between discussions on the right to health and discussions on drug policy reform. The populations we talk about here are the noes most in need of a change whereby drug culture measures cease to stand in the way of a life free from pain. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/en/publication/fraught-with-pain-access-to-palliative-care-and-treatment-for-heroin-use-disorder-in-colombia/