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¿Cuál ha sido el impacto en los acuerdos comerciales regionales en el campo de la protección del medio ambiente? ¿Cuál ha sido el rol- de los mecanismos de resolución de conflictos en tales procesos? ¿Han encontrado esos acuerdos una vía para conciliar comercio y protección ambiental?Estas son algunas de las preguntas que se tratarán aquí. Particularmente   en relación a un proceso regional, NAFTA. Este tratado trilateral entre Canadá, México y los Estados Unidos contiene un grupo grande de regulaciones y tres complejos mecanismos de resolución de disputas y para asegurar la aplicación de las primeras. Contiene también un esquema  general para  las controversias (capítulo 20), esta es una herramienta específica para el antidumpin y para evitar ignorar el deber de resolución de disputas (capítulo 19). También contiene un innovador procedimiento para la resolución de conflictos, entre inversionistas y estados miembros (capítulo 11).Éste es el tema sobre el cual nos concentraremos en este escrito.El capítulo 11 de  NAFTA fue designado para suministrar un esquema legal predecible y así crear un ambiente favorable para el aumento de las oportunidades de inversión dentro de los Estados miembros. Específicamente, mediante  el establecimiento  de reglas claras y métodos específicos de resolución de conflictos entre los inversionistas y los Estados miembros de NAFTA. El mecanismo permite a los inversionistas acudir a instancias  de  arbitramento  internacional  obligatorio,  si  el gobierno  del Estado miembro viola las regulaciones sobre inversión establecidas por NAFTA. El análisis pondrá especial atención en la incidencia de este mecanismo para la protección  del medio   ambiente. Para este  propósito, se analizarán   12 casos relacionados   con "expropiaciones  reguladas" que no son indirectas  expropiaciones  a través de normas que  limitan  o  modifican  la  inversión.  Estos casos,  se  han  convertido  en  un  punto central de discusión en el ámbito de NAFTA dado el peligro que representan para  la capacidad reguladora  del Estado y el daño que han producido en la protección  del medio ambiente al desconocer leyes sobre el tema.Como será demostrado, una de las causas de problema del capítulo 11 ha sido la ausencia de una definición de inversión, ausencia que eventualmente es intencional con el propósito de permitir varias clases de la misma y a la vez, para protegerlas a todas ellas de las posibles medidas tomadas por los gobiernos. Sin embargo, esta falla ha probado ser muy costosa, no solo en términos monetarios, sino desde el punto de vista del medio ambiente

La primera parte de este artículo trata de un resumen del Tratado de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) y cuestiona acuerdos entre inversionistas y Estados (capítulo 11). Las normas  relevantes  serán analizadas bajo  la  luz de creciente cantidad  de casos. La segunda parte se ocupará del fallo reciente en el caso Methanex versus Estados Unidos de América, donde se decidió que el Tribunal tenía el poder bajo el artículo 15 (1) del UNCITRAL-reglas de arbitraje-y bajo NAFTA-capítulo 11- para aceptar un reporte amicus curiae sometido por varias organizaciones no gubernamentales (ONG). Es la primera vez dentro del contexto de NAFTA o de procesos de arbitraje entre inversores y Estado que amicus curiae haya sido aceptado por actores no estatales. El artículo examina en detalle el razonamiento del Tribunal de Arbitramento y su probable impacto en el futuro en los mecanismos de arreglo de disputas entre inversionistas – Estados.

En este documento se presentan los antecedentes de la Firma del Acuerdo extendido celebrado entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional, así como la explicación de los alcances del mismo y las implicaciones que a nivel de reformas institucionales ha tenido dicho acuerdo. Adicionalmente se explican cuáles reformas constitucionales y legales obedecen a las exigencias del Acuerdo, y cuáles se hicieron como complementarias y como facilitadoras de las metas a que se comprometió Colombia con el FMI para obtener las líneas de crédito otorgadas.

El planteamiento teórico de Richard Rorty acerca de las culturas liberales como comunidades conscientes de su contingencia histórica, pero también capaces de unirse en un proyecto público de solidaridad humana, constituye una importante propuesta que enriquece la discusión política en la actualidad. Su postura democrática antifundamentalista, su intento de reconciliar lo público con lo privado no mediante la  filosofía, sino a través de la literatura, así como su ironismo para evadir o rechazar debates tradicionales entre los filósofos, lo convierten en un pensador polémico e interesante. En este escrito se analizarán los conceptos rortianos de ironía individual, crítica literaria, comunidad liberal y solidaridad que tienen relevancia  en el campo de la teoría política y la moral.

Este artículo es un análisis crítico de ciertas posiciones doctrinales que pretenden aplicar en Colombia teorías sobre el nexo causal, elaboradas por la doctrina francesa. Se trata de explicar, de esta manera, algunas particularidades del régimen colombiano de responsabilidad   por  las actividades peligrosas. De aceptarse en la jurisprudencia colombiana dichas posiciones se desfiguraría completamente el régimen especial de responsabilidad por las actividades peligrosas. Desfiguración que conllevaría, en la práctica, a una confusión con el régimen general de responsabilidad  por culpa. 

La jurisdicción de lo contencioso-administrativo está actualmente congestionada, ya que el número de demandas presentadas por los usuarios es superior a la capacidad operativa de la misma para resolverlas oportunamente. Los tribunales de descongestión y la conciliación obligatoria no son suficientes para resolver la congestión.Para resolverla es necesario adoptar medidas  como: crear  un cargo  adicional  de abogado auxiliar en  los  tribunales   administrativos   más  congestionados,   distribuir más equitativamente  los expedientes,  disminuir el tiempo  de atención   al público, crear  Jueces  especializados  de  acciones  constitucionales    limitar  el  número  de apelaciones  y consultas,  instaurar  un arancel  judicial  para  demandas  de mayor cuantía,  establecer en acciones de reparación directa y contractuales la necesidad de agotar previamente la vía administrativa, implantar un procedimiento sumario y breve  para asuntos de menor cuantía,  extender los efectos  de las sentencias  a casos similares que  no hayan sido sometidos a los tribunales,  atribuir facultades jurisdiccionales  a  los  secretarios  e  imponer  a  los  abogados  demandantes  la obligación  de presentar  con  la  demanda  todas  las pruebas  que  deba  tener  la  parte actora en su poder.