La organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea de configuración federal
Nos encontramos ante un cambio de paradigma de la forma estatal unitaria a la forma federal. En este contexto, se analiza en este artículo la organización territorial colombiana, tratando de responder en qué etapa se encuentra el proceso de fortalecimiento de las sub-unidades estatales que tiene lugar desde los años 50. Para resolver esta pregunta se estudia en este artículo los diferentes conceptos de organización estatal, sus tipos de autonomía, y dos casos cercanos al caso colombiano: Francia y España. El análisis del caso colombiano a la luz de la teoría y práctica de la organización territorial del Estado permite evidenciar que existe una tendencia hacia el autogobierno en Colombia. Sin embargo, en el actual marco constitucional predomina una tradición unitaria que sólo hace posible un desarrollo post-constitucional para fortalecer la autoadministración.
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Justicia e igualdad en los sistemas especiales de admisión a las universidades: una reflexión a partir de Ronald Dworkin
En Colombia, algunas universidades han adoptado sistemas especiales de admisión a favor de grupos sociales determinados; sistemas que han sido criticados e incluso desmontados supuestamente por violar el principio de igualdad y el mérito académico como criterio determinante del ingreso a una universidad. El artículo analiza los casos que han llegado a las altas cortes de justicia de los Estados Unidos y de Colombia con el fin de señalar las diferencias que tienen respecto de la igualdad y justificar, desde la filosofía del derecho de Ronald Dworkin, la legitimidad de algunos de esos sistemas.
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Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial. Perspectivas a partir del análisis económico del derecho en el contexto de procesos de integración comercial
El régimen de protección de los datos de prueba definido en algunos ordenamientos jurídicos domésticos e incorporado, asimismo, en los acuerdos de integración comercial, plantea la cuestión acerca del tipo de derechos que en realidad otorga o debería otorgar tal régimen. Esta pregunta se asocia con la definición acerca de si tales datos deben ser amparados por las garantías adscritas al derecho del secreto comercial o por aquellas vinculadas al derecho de patentes. Las normas que en la actualidad disciplinan tal materia sugieren la concurrencia de ambos sistemas de protección, y por esa vía y desde una perspectiva de análisis económico del derecho puede constatarse que existe una intensa acumulación de costos posiblemente ineficiente.
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Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial. Perspectivas a partir del análisis económico del derecho en el contexto de procesos de integración comercial
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Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial
La propiedad industrial, tradicionalmente mercantil, se ha convertido en herramienta del derecho de la competencia, pero a pesar de su importancia no es tratada aún de manera uniforme por parte de los operadores jurídicos andinos, quienes no poseen un modelo jurídico común, ni patrones objetivos respecto a los fenómenos de confundibilidad y distintividad. Dichos operadores carecen también de especialización comercial y desconocen a nivel judicial y administrativo los elementos del mercado común y el alcance de las marcas de comercio, por ello los métodos difieren entre corporaciones, generan variedad de fallos, se alejan de la sana crítica y generan especulación e inestabilidad jurídica. Tal variedad impide estructurar jurisprudencialmente el derecho de los activos intangibles. El cambio de perfil y de la actitud subjetiva de los falladores por un modelo jurídico objetivo comercial, beneficiará al mercado con jueces más cultos, armonizará la oferta pública de justicia y producirá certeza y seguridad jurídica, como garantías de la libre decisión económica y de la competencia en términos de igualdad en la economía de mercado.
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Efectividad de los instrumentos administrativos de sanción y exigencia de la reparación del daño ambiental en Colombia
A pesar de que en Colombia existe una Constitución de tendencia ecológica en donde se consagra que el Estado y los particulares tienen deberes específicos frente al daño ambiental, en el país se está rápidamente destruyendo el patrimonio natural, debido a las necesidades económicas de las personas y a una indeterminación legal y política que amenaza seriamente los procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por este motivo cobra especial importancia el papel de las autoridades ambientales frente al daño ambiental y la manera como están enfrentando, con las herramientas jurídicas que tienen para tal fin, a los infractores y delincuentes que causan daños al ambiente. En razón de lo anterior, este artículo busca presentar ante la sociedad y la academia una investigación que tardó más de un año y que consolidó esfuerzos de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, las diferentes autoridades ambientales del país y la Contraloría General de la República, en búsqueda de dilucidar la efectividad, debilidades y fortalezas de los instrumentos jurídicos vigentes para que el Estado, representado por las autoridades ambientales del país, sancione y exija la reparación de los daños al ambiente.
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El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena dentro del sistema judicial nacional en Colombia. El debate de la coordinación
En el presente artículo se pretende abordar los elementos configurativos para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, conforme al artículo 246 de la Constitución Nacional de Colombia, desde un perspectiva doctrinal y jurisprudencial, para analizar cómo ha sido su reconocimiento dentro del sistema judicial nacional, teniendo en cuenta la ausencia de una la ley de coordinación entre estas dos jurisdicciones. Del mismo modo, determinar cuáles son los derechos de las comunidades indígenas como sujetos colectivos de derechos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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Opinar en tiempos de guerra. El aborto temprano de la libertad de cátedra en la vida republicana colombiana
Durante la Guerra de los Supremos un profesor de la Universidad Central expuso en clase sus opiniones acerca del tratamiento jurídico que debía dárseles a los enemigos en las guerras civiles. Sostuvo que los daños causados por los enemigos en este tipo de confrontaciones debían regularse por el derecho de gentes, conforme a la doctrina de doctrinantes como Vattel o Andrés Bello.
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Los tres sistemas de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y las medidas excepcionales contra el terrorismo: el caso de las extradiciones extraordinarias (vuelos de la CIA), especial referencia al caso español
El presente documento tiene como fin, en primer término, hacer una pequeña referencia introductoria sobre los tres niveles de protección de los derechos fundamentales en Europa, con la idea de ayudar a clarificar y entender, principalmente a los no europeos, a qué sistemas nos estamos refiriendo. Luego se analizará el impacto generado en dichos sistemas por las denuncias que señalan una supuesta participación de países europeos en los vuelos secretos de la CIA para combatir el terrorismo internacional, y las respuestas que han dado cada uno de estos ámbitos de protección para intentar aclararlas. Lo anterior toda vez que existe una tendencia doctrinaria que señala la aspiración europea de constituirse en una comunidad de derechos y no sólo de naturaleza económica. De ahí la importancia del asunto elegido, que viene a poner a prueba la vocación protectora hacia los derechos de las personas en el continente europeo o si, por el contrario prevalece, el criterio de preservar la seguridad a costa de ello.
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Cobertura previsional de los trabajadores independientes
Se examina como primer aspecto en el documento que del tradicional oficio artesanal independiente transitamos al del trabajo autónomo integrado a una red de negocios especializados, debiéndose su crecimiento a la forma de su organización, al desempleo, los estímulos gubernamentales y al de los multilaterales. Con el propósito de humanizar el trabajo y racionalizar los costos, la protección social de los autónomos por un estatuto especial o asimilado al régimen ordinario, se acompaña con la creación de una categoría intermedia entre la libertad jurídica y la dependencia económica, lo que se analiza como segundo punto. La última parte del estudio trata de la administración enfocada en ampliar la cobertura, exponiendo diferentes modalidades, aunque no siempre desarrolladas por razones burocráticas. Esto se liga con la baja densidad de cotizaciones de los autónomos, producto de su costo y los irregulares auxilios del Estado. El reto planteado es el de la cobertura, lo que implica resolver la desigualdad social, consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, el bajo nivel educativo y el de los salarios, el escaso poder de compra y la informalidad. Se concluye que es posible, pese a lo anterior, construir un nivel asegurativo para los independientes, siempre que la ciudadanía participe.
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Los derechos de audiencia y al juez legal en el sistema constitucional español
Dos de las garantías procesales más importantes de un Estado de derecho son el derecho de audiencia y el derecho a un juez predeterminado por la ley. Ambas figuras aparecen reconocidas en la Constitución española de 1978 con el rango de derecho fundamental, incluidas en el derecho más genérico a la tutela judicial efectiva. A lo largo de este artículo pretendo mostrar el significado que la jurisprudencia constitucional les ha dado a lo largo de más de 25 años.
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Los derechos de audiencia y al juez legal en el sistema constitucional español