Por:
Ana Lucía Moncayo Albornoz
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Fecha:
2019
La mayoría de las mujeres privadas de la libertad han sido condenadas por modalidades delictivas como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Es decir, son las infracciones contra el patrimonio económico, el narcotráfico y los vínculos con las bandas criminales por las que la mayoría de las mujeres en nuestro país se encuentran privadas de la libertad. Esta situación evidencia los graves problemas sociales y económicos que tienen que afrontar estas antes de llegar a prisión.
Este capítulo tiene como objetivo general identificar algunos obstáculos para lograr una política de prevención del delito desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres. En él se hace una crítica
tanto al paradigma de la vigilancia y el control como al de la masculinidad y selectividad que nutren el contenido actual de una política criminal de prevención, ya que impiden, por una parte, analizar otras formas de prevención del delito y por otra, acentúan la afectación de derechos, en especial los de las poblaciones más vulneradas, como lo son las mujeres. Del mismo modo, se expone la necesidad de implementar una política criminal de prevención con enfoque de género, con fundamento en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), con el reconocimiento previo del conflicto armado y de las específicas vulneraciones que deben enfrentar las mujeres.