Intervención delictiva e imputación de conductas punibles cometidas por grupos de crimen organizado
El crimen organizado es fenómeno que afecta de manera ostensible la seguridad ciudadana y la estabilidad e institucionalidad de un Estado, esta clase de criminalidad es materializada por grupos de personas en las que los responsables que merecen mayor reproche jurídico penal son individuos que no intervienen en la ejecución de la conducta como los jefes de organizaciones criminales o los coordinadores de la ejecución de graves delitos. Por lo anterior surge la necesidad de explicar en qué consiste este fenómeno de criminalidad, cómo se puede reprimir esta forma de criminalidad por parte del derecho penal, cuáles formas de atribución de responsabilidad penal logran cobijar a quienes merecen mayor reproche penal y cuál manera de atribución de responsabilidad penal resulta más conforme con nuestro ordenamiento jurídico.
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El carácter rector del principio de oportunidad en el régimen de responsabilidad penal de infancia y adolescencia
Se aborda el análisis general del concepto de principio de oportunidad en el Sistema de Responsabilidad Penal de Infancia y Adolescencia recurriendo incluso analizar elementos relacionados con legislaciones foráneas que han inspirado en cierta forma la legislación nacional. Luego de estos planteamientos se aborda un estudio del principio de oportunidad desde la perspectiva de la legislación nacional y su comprensión legal y jurisprudencial. Igualmente se desarrolla la problemática que se presenta en el Sistema de Responsabilidad Penal para la Infancia y Adolescencia en la medida que dicha figura ha sido su utilizada por parte de los fiscales encargados de adelantar los diferentes procesos en el ámbito de dicha competencia. A partir de este aparte del trabajo se buscan los elementos teóricos necesarios para estructurar como un verdadero principio que sea basilar en el SRPA de tal forma que pueda desarrollarse de una manera más eficiente y útil para el mencionado sistema.
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El carácter rector del principio de oportunidad en el régimen de responsabilidad penal de infancia y adolescencia
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El interrogatorio de un tercero como prueba nueva que permite establecer la inocencia del condenado plenamente en el marco de la acción de revisión consagrada en la ley 906 de 2004 : la garantía de no autoincriminación del tercero interrogado en los juicios rescindente y rescisorio
When a party files a Review motion, based on the third ground described in the 906 Law of 2004, the convicted person must attach to the claim some new evidence or demonstrate a new material fact. The present work deals with the problems created when the new evidence is the interrogation of a third party who recognizes his lone responsibility for the crime the sentenced person was convicted for. Based on the probatory rules and principles of the Review proceedings and the criminal proceedings, legal answers are provided to the absence of the person who was interrogated in the rescindent and rescissory trials.
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El interrogatorio de un tercero como prueba nueva que permite establecer la inocencia del condenado plenamente en el marco de la acción de revisión consagrada en la ley 906 de 2004 : la garantía de no autoincriminación del tercero interrogado en los juicios rescindente y rescisorio
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Plausibilidad del procesamiento penal de hechos calificados como delitos de lesa humanidad en Ecuador previo a la vigencia del Estatuto de Roma : caso Alfaro vive carajo
En Ecuador, en el año 2008, mediante decreto ejecutivo suscrito por el economista Rafael Correa Delgado, se creó la Comisión de la Verdad, la que, en su informe final “Sin verdad no hay justicia” calificó como delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos durante la presidencia de León Febres Cordero (1984 – 1988), lapso durante el cual el gobierno creó unidades especiales para combatir y erradicar la subversión, específicamente, las acciones provenientes del grupo subversivo armado Alfaro Vive Carajo (AVC), que para 1986 contaba con alrededor de 300 miembros. El informe de la Comisión permitió el adelantamiento de dos procesos judiciales –penales– en contra de los presuntos responsables de los delitos (privación ilegal de la libertad, tortura, delitos sexuales y ejecución extrajudicial), ninguno de los cuales ha alcanzado etapa de juicio, aun cuando han transcurrido 7 y 5 años, respectivamente, desde la formulación de cargos. Esta demora sustancial responde, principalmente, a la metodología seleccionada por Fiscalía para investigar e imputar los crímenes y la dificultad teórica de caracterizar los delitos, lo que condujo a un trasplante, sin un análisis de contexto, de la jurisprudencia de tribunales penales internacionales (Núremberg, ex Yugoslavia y Ruanda), a un escenario latinoamericano distinto.
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La información en la prevención y detección del lavado de activos
Money laundering uses a large part of the licit economic sectors, so companies must implement measures aimed at addressing this risk, within which there are sorne instruments that handle information (knowledge of people, warning signs, typologies, abnormalities, reports to the authorities), which travels along a path (consolidation of profilesdetection of abnormalities-report to the authorities) and is protected by principies such as reserve and conservation, path and principies that can be attacked by crimes already existing in the current text of t he Colombian criminal cede.
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El feminicidio y el impacto de las transformaciones socioculturales en el derecho penal colombiano
El feminicidio constituye una problemática polifacética y compleja, que afecta todas las dimensiones de la vida social, y que en la actualidad configura un fenómeno de importancia mundial. El feminicidio ha tenido una serie de variaciones de orden conceptual para denominar las muertes violentas de mujeres en razón de su género o sexo.
En el contexto colombiano a través de la Ley 1761 de 2015 se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, lo que significó un avance importante en tanto el estado colombiano asumió la responsabilidad de enfrentar esta problemática y garantizar el desarrollo integral de la mujer.
Parte fundamental de la investigación insta en que el análisis del feminicidio en Colombia, se podría precisar desde el reconocimiento de los límites establecidos por la política criminal y punitiva, desde la importancia de la denominación normativa de las muertes de mujeres en el ordenamiento y como un espacio simbólico asumido desde la ley.
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La disponibilidad del derecho a la vida
La vida como bien jurídico resulta ser indisponible por su titular, en tanto su protección corresponde al Estado, pues es el valor supremo de toda sociedad. Sin embargo, existen situaciones en las que este derecho se torna disponible por su titular, como en aquellas donde entra en conflicto con la dignidad humana, pues en estos eventos el Estado debe ceder en sus Intereses para darle paso a los del Individuo, quien con la muerte busca hacer cesar sufrimientos provenientes de padecimientos físicos o psíquicos incurables.
La muerte digna es un concepto mucho más amplio que el derecho a morir, incluyendo no sólo las prácticas eutanásicas sino también el suicidio asistido, Incluso, podría decirse que en virtud de la muerte digna se podría ayudar a morir bien a alguien que no pueda manifestar su consentimiento.
Colombia sobreprotege dicho bien, en tanto no se encuentra regulado el suicidio asistido y la eutanasia se permite bajo estrictos condicionamientos como el padecimiento de una enfermedad física, incurable y en fase terminal; además, se castigan penalmente conductas como el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio por motivos altruistas, sin que se satisfaga el principio de necesidad de protección del bien jurídico.
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La prohibición de rebajas de pena a preacuerdos en delitos sexuales contra menores de edad
El presente trabajo de investigación jurídica expone aquellos presupuestos de constitucionalidad en el sistema acusatorio colombiano, que son vulnerados por la prohibición de rebajas de pena en la realización de preacuerdos en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores (NNA), contemplados en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Dicha vulneración tiene fundamento en la Política Criminal del Estado que protege y garantiza los derechos de NNA. La investigación aborda una metodología cualitativa basada en el análisis documental, que examina doctrinas y jurisprudencia internacional y nacional en aras de identificar la relación de causalidad entre el desmedro de garantías de los procesados y la prohibición de rebajas establecida en el CIA. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que existe un conflicto entre principios del Derecho Internacional tales como el debido proceso, justicia pronta y legalidad, y las disposiciones jurídicas del CIA, también basadas en el Derecho Internacional, particularmente en el principio de protección superior del niño (pro infains) que prohíben rebajas a procesados por estos delitos. Además, dicha prohibición ha contribuido a congestionar los despachos judiciales del ente acusador, así como los de la judicatura.
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El tratamiento especial de las conductas delictivas ejecutadas en el marco de protestas sociales de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz : una medida necesaria para la construcción de paz
Este documento contiene un anáiisis descriptivo de la historia política y social de nuestro país desde la época conocida como 'La Violencia", a partir del cual se concluye que la exclusión ciudadana del ejercicio político y democrático es una de las causas del conflicto armado en Colombia o condición de su perdurabilidad, tal como se refleja en el Acuerdo Final de Paz . De ahí que la Constitución Política de 1991 haya pretendido el fortalecimiento de la participación ciudadana como una herramienta para la construcción de paz. No obstante, la conceptualización que contiene la carta superior sobre la protesta social, no coincide con el desarrollo normativo que de ella se ha hecho para su regulación y control, ni con los discursos y prácticas oficiales y extraoficiales que se realizan frente a ella. Es por ello que se evidencia la necesidad de interiorizar un entendimiento distinto sobre la protesta, que lleve a considerar como un derecho y un ejercicio ciudadano legítimo y necesario para la reconciliación nacional y que, en ese mismo sentido, las conductas delictivas ejecutadas en el marco de protestas sociales de competencia de la JEP puedan recibir un tratamiento especial, siempre que guarden relación con el delito político.
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Actuación de la policía judicial de Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales
El presente trabajo aborda la problemática de la actuación de la policía judicial en Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales, aspecto que cobra bastante relevancia, cuando los Estados en aras de combatir el crimen organizado, transnacional y delitos graves, haciendo uso de su autodeterminación y soberanía, decide suscribir instrumentos internacionales, mediante los cuales acuerdan cooperar en términos de reciprocidad, estableciendo, canales, formas técnicas y medios para intercambiar información y material probatorio que les permita adelantar sus investigaciones criminales efectivizando su justicia. Para ello, se inicia con la recolección y análisis de instrumentos internacionales, jurisprudencia y doctrina que permita determinar conceptos y contextualizar la cooperación internacional en asuntos penales, modelos y niveles, para luego buscar aspectos similares y diferenciadores útiles para los funcionarios de policía judicial y la administración de justicia; también se aborda las generalidades y dependencia funcional de la policía judicial, instituciones o entidades que cumplen la función, actividades de investigación criminal adelantadas por policía judicial en marco de la cooperación internacional, equipos conjuntos de investigación y técnicas especiales de investigación.
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Actuación de la policía judicial de Colombia en el marco de la cooperación internacional en asuntos penales