El delito informático en el marco jurídico colombiano y el derecho comparado : caso de la transferencia no consentida de activos
In a globalized world in which information and communications technologies are advancing by leaps and bounds generating social, cultural. economic. political risks and legal circumstances for their users, greater knowledge is demanded against cybercrime and computer-related crime; which contribute to the consolidation of legal criteria for its regulation by international organizations in a multilateral, and individual manner, and to take actions to identify the different types of cybercrime, provide tools for its typical adaptation, prevent its consummation and impose sanction by the competent authorities. Essentially towards this perspective, the research is focused. lt welcomes the qualitative research characteristics, of an exploratory nature, under an analytical-interpretative approach of documentary review. This study analyzes the status of the cybercrime issue, in the comparative law framework, having as reference some countries and cybercrime within the Colombian legal system, primarily addressing non-consensual transfer of assets.
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El delito informático en el marco jurídico colombiano y el derecho comparado : caso de la transferencia no consentida de activos
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¿Es posible tipificar el síndrome de alienación parental como delito autónomo en Colombia?
En Colombia no se encuentra tipificado como delito el denominado síndrome de alienación parental (SAP), sin embargo, la problemática actual en ternas de familia ha permitido que, ante fa separación o ruptura de una relación sentimental, uno de los padres de un menor de edad instrumentalice a su propio hijo con el firme y vil propósito de ocasionar un daño a su ex pareja y sin la más mínima consideración frente al daño que ello le pueda ocasionar. El presente trabajo de investigación es, en esencia, una propuesta para que conductas como las que describen el concepto del SAP sean castigadas penalmente y así tratar de evitar que se continúe facilitando prácticas tan perjudiciales que indudablemente afectan la salud de nuestros niños niñas y adolescentes.
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La conducta instantánea y la conducta permanente en los delitos típicamente militares que afectan el servicio como bien jurídico tutelado
El presente desarrollo temático sobre los delitos que afectan el servicio, tiene como finalidad determinar si algunos de ellos son de ejecución permanente o instantánea teniendo en cuenta la variación que ha tenido el Tribunal Superior Militar y Policial, al indicar que algunas de estas conductas son de ejecución permanente, tal y como sucede con el secuestro y el desplazamiento forzado, afirmando que esta situación puede aplicarse en otros tipos penales que afectan el servicio como el abandono de comando, abandono del servicio, abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales y la deserción; alterando figuras como la prescripción de la acción penal y la seguridad jurídica; lo que denota la necesidad de estudiar y un analizar en contexto
tales posturas para ratificar que la tesis adecuada y que más se ajusta a su válida interpretación, es la que ha señalado estos tipos penales como de conducta instantánea.
El trabajo se presenta en tres partes, la primera expone un recuento histórico de los delitos contra el servicio a través de las diferentes codificaciones penales militares, posteriormente se establece el concepto de los llamados delitos de ausencia para referirse a éstas conductas punibles, haciendo énfasis a su vez a la necesidad de señalar a la prestación del servicio como el verdadero bien Jurídico tutelado y no al servicio propiamente dicho y por último presenta un breve desarrollo dogmático y jurisprudencial de los delitos de ejecución instantánea y de ejecución permanente, estudiando a su vez cada uno de los planteamientos trazados por el Tribunal Superior Militar y Policial con los que varía la postura frente a algunos tipos penales contra el servicio, exponiendo igualmente los argumentos con los que se presentaron tales delitos hasta el año 2015 como tipos penales de ejecución instantánea.
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La conducta instantánea y la conducta permanente en los delitos típicamente militares que afectan el servicio como bien jurídico tutelado
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Criterios para la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva para el delito de desobediencia
Al igual que la Justicia Penal Ordinaria, la Justicia Penal Militar especializada ha sufrido cambios, lo cual implicó su evidente evolución con el paso del tiempo. Por cuanto este tipo de justicia no ha sido ajena a las declaratorias de inconstitucionalidad nacientes en diferentes sentencias de la honorable Corte Constitucional a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991. Por tanto, la Justicia Castrense ha procurado la reformulación de su sistema penal, y es así que una vez vencidas las etapas legislativas se promulgó la Ley 522 de 1999, denominada Código Penal Militar, manteniéndose vigente hasta la entrada en vigor del actual Código Penal Militar Ley 1407 de 2010, En ésta última, la jurisdicción especial abordó e implementó el nuevo modelo del Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004.
En tal sentido, es pertinente mencionar que la Ley 1407 de 2010 que reestructuró la Justicia Penal Militar y Policial actualmente está vigente. En consecuencia, en el presente documento se pretende llevar a cabo el análisis de los criterios que se tienen en cuenta al momento de decretar una medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad, considerando que son necesarios para la debida preservación del bien jurídicamente tutelado por la jurisdicción especial militar, como lo es la 'disciplina' en el desarrollo de los procesos que se adelantan por desobediencia. Toda vez que, en la reglamentación penal militar, la disposición de la norma del sistema ordinario, se tomó con carácter taxativo, y no se analizaron las condiciones específicas de la profesión castrense y los bienes jurídicos tutelados.
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La posición de garante del comandante militar
The degree work titled the position of the guarantor of the military commander, seeks that the academic community knows the content and the scope of the operational law in order to determine the criminal responsibility within the orbit of the guarant position, which the international is located delimit the responsibility of the military commander and the concepts are landed to the Colombian doctrine, for Which the proposals of the high courts are funded to verify the elements of Liability and criminal implications through the military actions.
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Aplicación del concepto de bancada de la defensa en el sistema penal colombiano
En la práctica judicial ha venido cogiendo fuerza para efectos de libertad por vencimiento de términos la aplicación del concepto de bancada de la defensa o como lo ha llamado la jurisprudencia el principio de unidad de defensa, que en ultimas consiste en atribuirle a un procesado las consecuencias negativas de la actitud dilatoria de otros procesados y defensores.
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¿La Ley 975 de 2005 y su modelo sancionatorio se encuentra acorde con las exigencias internacionales para los procesos transicionales?
Teniendo en cuenta la coyuntura que se registra dentro del territorio nacional, con la coexistencia de 2 jurisdicciones transicionales, y la polarización respecto a temas como el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), generaron todo tipo de señalamientos y acusaciones sobre cómo este acuerdo en particular es un aliciente a la impunidad para aquellos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en cuanto se indica que los máximos responsables pagaran penas irrisorias, por ello lo que se pretende en este trabajo es determinar si la implantación del modelo de justicia transicional en especial el que trata la Ley 975 de 2005, y su componente sancionatorio se ajusta a los requerimientos internacionales, así mismo es pertinente indagar si la denominada pena alternativa se compadece con los fines tradicionales de la pena.
Finalmente, con este breve texto se pretende instruir al lector acerca de la naturaleza jurídica de la Ley de Justicia y Paz, y en la medida que las fuentes de información lo permitan, crear conciencia sobre la dinámica de un proceso transicional, siendo este modelo de justicia que en virtud de sus propósitos, ostenta una concepción distinta al patrón de justicia tradicional.
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Concepto, tipología y etiología del acoso moral como cibercrimen autónomo-social en el derecho penal
El acoso moral es una problemática amplificada en el contexto de una nueva cibercriminalidad social. La evolución de las nuevas tecnologías y la estructuración de nuevas formas de relaciones sociales a partir de la web 2.0 ha dado cabida a nuevas formas de lesión que si bien existían antes de la Revolución Tecnológica, es a partir de ella que adquieren nuevos contornos tipológicos y nuevas causas etiológicas. Para entender lo anterior, es necesario repensar el concepto de cibercrimen como uno que no solo se circunscribe al aspecto informático, sino que también puede manifestarse en los aspectos sociales de las relaciones en Internet. A partir de ello, es plausible entender que conductas como el ciberacoso son verdaderos cibercrímenes, ahora de naturaleza social, que tienen por fin la salvaguarda de un bien jurídico importante y fundamental del ciberespacio: la libertad y autodeterminación cibernética.
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La protección del derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas en el procedimiento de desarchivo de la indagación preliminar
The right to real access to the administration of justice for victims implies the possibility for these subjects of especial protection regardless of their economic status or otherwise to resort to the system provided for conflict resolution and vindication of their rights. It pretends different manifestations such as the right to be heard, to have suitable tools for dispute resolution and sanction of crimes, the right to an effective remedy, the right to an impartial investigation as wwll as the right to an independent and impartial tribunal, the right to obtain a response within a reasonable time and that is an accordance with the law. However, although its importance becomes effective in the face of the decision of the file of the proceedings issued by the investigating entity (art. 79 CPP), there are barriers to access to the procedure for the filing of the proceedings that prevent the effectiveness in the protection of that fundamental right, such as: The lack of sufficient parameters to define the meaning and scope of the cause for filing by new EMP or EF, the absence of ordinary procedural means expressly enshrined in Law 906 of 2004 to resume the investigation incases of manifestly arbitrary archival orders, among others that arise due to the lack of legislative regulation of that procedure, among other factors.
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El incumplimiento del deber de control de legalidad del notario frente al despojo jurídico de tierras en zonas de violencia generalizada y su relevancia penal
The legal issue at hand was to determine whether a certain action of a notary public constitutes a crime under criminal law. Specifically, this is the action of a notary public that fails to control the legality of transactions by notarizing public deeds that transfer pieces of real property located in areas of generalized violence under land assignment programs; and who does so failing to comply with the requirements set in the law for the assignment of land and the laws that prevent forced displacement.
To this end, we reviewed in detail the legislation and court precedents that relate to notarial activity in Colombia. We identified the laws and the regulations that govern the assignment of land under agrarian reform policies, the measures set to protect people displaced by violence and the notions and types of forced dispossession and abandonment of land.
To determine whether or not this action constitutes a crime under criminal law, we addressed in the first place the theory of the legal good; we clarified precisely what are the effects caused by the forced dispossession of land and what are the alternative means of control established by private law and Law 1448 of 2011; and we analyzed this specific action of a notary public under the pertinent crime classifications, placing an emphasis on the protected interests and the issues that these entail.
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