Plausibilidad del procesamiento penal de hechos calificados como delitos de lesa humanidad en Ecuador previo a la vigencia del Estatuto de Roma : caso Alfaro vive carajo
En Ecuador, en el año 2008, mediante decreto ejecutivo suscrito por el economista Rafael Correa Delgado, se creó la Comisión de la Verdad, la que, en su informe final “Sin verdad no hay justicia” calificó como delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos durante la presidencia de León Febres Cordero (1984 – 1988), lapso durante el cual el gobierno creó unidades especiales para combatir y erradicar la subversión, específicamente, las acciones provenientes del grupo subversivo armado Alfaro Vive Carajo (AVC), que para 1986 contaba con alrededor de 300 miembros. El informe de la Comisión permitió el adelantamiento de dos procesos judiciales –penales– en contra de los presuntos responsables de los delitos (privación ilegal de la libertad, tortura, delitos sexuales y ejecución extrajudicial), ninguno de los cuales ha alcanzado etapa de juicio, aun cuando han transcurrido 7 y 5 años, respectivamente, desde la formulación de cargos. Esta demora sustancial responde, principalmente, a la metodología seleccionada por Fiscalía para investigar e imputar los crímenes y la dificultad teórica de caracterizar los delitos, lo que condujo a un trasplante, sin un análisis de contexto, de la jurisprudencia de tribunales penales internacionales (Núremberg, ex Yugoslavia y Ruanda), a un escenario latinoamericano distinto.
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La tentativa en el delito de hurto mediante medios informáticos
Esta investigación se enfocó en estudiar a profundidad el presente fenómeno, el cual ha sido excluido por alguna parte de la jurisprudencia nacional, sin embargo, el mismo fenómeno a través del derecho comprado presenta diferentes rasgos frente a la apreciación del mismo, por ejemplo en el cual España en su línea de derecho penal, aprueba la concurrencia del fenómeno del tipo penal, aceptada la tentativa y a pesar de poseer diversos artículos frente a la realización del hecho doloso a través de diferentes medios y técnicas informáticas en su consumación. A través del derecho comparado su aceptación o más bien la aplicación de dispositivo amplificador del tipo penal Tentativa, el cual es aplicado en diferentes países frente a la realización de delitos de carácter informático. La aplicación de la modalidad de tentativa en los delitos informáticos en nuestro país no se acoge la tesis y se descarta de plano el mismo con la finalidad de encajar o encuadrar dentro de los demás tipos penales creados por el legislador no significa que el mismo no se presente en la realización del hecho reprochable orientados específicamente al delito informático o ciber-crimen.
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Las penas alternativas en los procesos de justicia transicional colombiano : impunidad o equilibrio para el logro de la paz
El derecho a la paz es la legitimación de la justicia transicional en el mundo. En Colombia ha sido concebido como un Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. El punto central del sistema se encuentra en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. El Derecho a la justicia se complementa con mecanismos adicionales para que tengan como resultado una protección efectiva. El reconocimiento de la responsabilidad individual es un principio adicional y se garantiza en los casos de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Es así que las sanciones penales en Colombia pueden ser justificadas a partir de la perspectiva de los fines de la justicia transicional. Se busca encontrar una respuesta sobre lo que realmente sucedió, quiénes son los culpables y si la sociedad está en condiciones de dar una oportunidad a los responsables para reintegrarse por medio de la reconciliación . El modelo colombiano ha encontrado argumentos de legitimación para el tratamiento especial de las penas previstas para los intervinientes en el conflicto armado. En consecuencia, un tratamiento especial de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado será constitucional.
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La protección del derecho al acceso real a la administración de justicia de las víctimas en el procedimiento de desarchivo de la indagación preliminar
The right to real access to the administration of justice for victims implies the possibility for these subjects of especial protection regardless of their economic status or otherwise to resort to the system provided for conflict resolution and vindication of their rights. It pretends different manifestations such as the right to be heard, to have suitable tools for dispute resolution and sanction of crimes, the right to an effective remedy, the right to an impartial investigation as wwll as the right to an independent and impartial tribunal, the right to obtain a response within a reasonable time and that is an accordance with the law. However, although its importance becomes effective in the face of the decision of the file of the proceedings issued by the investigating entity (art. 79 CPP), there are barriers to access to the procedure for the filing of the proceedings that prevent the effectiveness in the protection of that fundamental right, such as: The lack of sufficient parameters to define the meaning and scope of the cause for filing by new EMP or EF, the absence of ordinary procedural means expressly enshrined in Law 906 of 2004 to resume the investigation incases of manifestly arbitrary archival orders, among others that arise due to the lack of legislative regulation of that procedure, among other factors.
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La prohibición de rebajas de pena a preacuerdos en delitos sexuales contra menores de edad
El presente trabajo de investigación jurídica expone aquellos presupuestos de constitucionalidad en el sistema acusatorio colombiano, que son vulnerados por la prohibición de rebajas de pena en la realización de preacuerdos en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores (NNA), contemplados en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Dicha vulneración tiene fundamento en la Política Criminal del Estado que protege y garantiza los derechos de NNA. La investigación aborda una metodología cualitativa basada en el análisis documental, que examina doctrinas y jurisprudencia internacional y nacional en aras de identificar la relación de causalidad entre el desmedro de garantías de los procesados y la prohibición de rebajas establecida en el CIA. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que existe un conflicto entre principios del Derecho Internacional tales como el debido proceso, justicia pronta y legalidad, y las disposiciones jurídicas del CIA, también basadas en el Derecho Internacional, particularmente en el principio de protección superior del niño (pro infains) que prohíben rebajas a procesados por estos delitos. Además, dicha prohibición ha contribuido a congestionar los despachos judiciales del ente acusador, así como los de la judicatura.
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La posición de garante del comandante militar
The degree work titled the position of the guarantor of the military commander, seeks that the academic community knows the content and the scope of the operational law in order to determine the criminal responsibility within the orbit of the guarant position, which the international is located delimit the responsibility of the military commander and the concepts are landed to the Colombian doctrine, for Which the proposals of the high courts are funded to verify the elements of Liability and criminal implications through the military actions.
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¿La Ley 975 de 2005 y su modelo sancionatorio se encuentra acorde con las exigencias internacionales para los procesos transicionales?
Teniendo en cuenta la coyuntura que se registra dentro del territorio nacional, con la coexistencia de 2 jurisdicciones transicionales, y la polarización respecto a temas como el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), generaron todo tipo de señalamientos y acusaciones sobre cómo este acuerdo en particular es un aliciente a la impunidad para aquellos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en cuanto se indica que los máximos responsables pagaran penas irrisorias, por ello lo que se pretende en este trabajo es determinar si la implantación del modelo de justicia transicional en especial el que trata la Ley 975 de 2005, y su componente sancionatorio se ajusta a los requerimientos internacionales, así mismo es pertinente indagar si la denominada pena alternativa se compadece con los fines tradicionales de la pena.
Finalmente, con este breve texto se pretende instruir al lector acerca de la naturaleza jurídica de la Ley de Justicia y Paz, y en la medida que las fuentes de información lo permitan, crear conciencia sobre la dinámica de un proceso transicional, siendo este modelo de justicia que en virtud de sus propósitos, ostenta una concepción distinta al patrón de justicia tradicional.
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La información en la prevención y detección del lavado de activos
Money laundering uses a large part of the licit economic sectors, so companies must implement measures aimed at addressing this risk, within which there are sorne instruments that handle information (knowledge of people, warning signs, typologies, abnormalities, reports to the authorities), which travels along a path (consolidation of profilesdetection of abnormalities-report to the authorities) and is protected by principies such as reserve and conservation, path and principies that can be attacked by crimes already existing in the current text of t he Colombian criminal cede.
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La disponibilidad del derecho a la vida
La vida como bien jurídico resulta ser indisponible por su titular, en tanto su protección corresponde al Estado, pues es el valor supremo de toda sociedad. Sin embargo, existen situaciones en las que este derecho se torna disponible por su titular, como en aquellas donde entra en conflicto con la dignidad humana, pues en estos eventos el Estado debe ceder en sus Intereses para darle paso a los del Individuo, quien con la muerte busca hacer cesar sufrimientos provenientes de padecimientos físicos o psíquicos incurables.
La muerte digna es un concepto mucho más amplio que el derecho a morir, incluyendo no sólo las prácticas eutanásicas sino también el suicidio asistido, Incluso, podría decirse que en virtud de la muerte digna se podría ayudar a morir bien a alguien que no pueda manifestar su consentimiento.
Colombia sobreprotege dicho bien, en tanto no se encuentra regulado el suicidio asistido y la eutanasia se permite bajo estrictos condicionamientos como el padecimiento de una enfermedad física, incurable y en fase terminal; además, se castigan penalmente conductas como el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio por motivos altruistas, sin que se satisfaga el principio de necesidad de protección del bien jurídico.
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La conducta instantánea y la conducta permanente en los delitos típicamente militares que afectan el servicio como bien jurídico tutelado
El presente desarrollo temático sobre los delitos que afectan el servicio, tiene como finalidad determinar si algunos de ellos son de ejecución permanente o instantánea teniendo en cuenta la variación que ha tenido el Tribunal Superior Militar y Policial, al indicar que algunas de estas conductas son de ejecución permanente, tal y como sucede con el secuestro y el desplazamiento forzado, afirmando que esta situación puede aplicarse en otros tipos penales que afectan el servicio como el abandono de comando, abandono del servicio, abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales y la deserción; alterando figuras como la prescripción de la acción penal y la seguridad jurídica; lo que denota la necesidad de estudiar y un analizar en contexto
tales posturas para ratificar que la tesis adecuada y que más se ajusta a su válida interpretación, es la que ha señalado estos tipos penales como de conducta instantánea.
El trabajo se presenta en tres partes, la primera expone un recuento histórico de los delitos contra el servicio a través de las diferentes codificaciones penales militares, posteriormente se establece el concepto de los llamados delitos de ausencia para referirse a éstas conductas punibles, haciendo énfasis a su vez a la necesidad de señalar a la prestación del servicio como el verdadero bien Jurídico tutelado y no al servicio propiamente dicho y por último presenta un breve desarrollo dogmático y jurisprudencial de los delitos de ejecución instantánea y de ejecución permanente, estudiando a su vez cada uno de los planteamientos trazados por el Tribunal Superior Militar y Policial con los que varía la postura frente a algunos tipos penales contra el servicio, exponiendo igualmente los argumentos con los que se presentaron tales delitos hasta el año 2015 como tipos penales de ejecución instantánea.
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