Centro Nacional de Memoria Histórica
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Creada el:
- 15 de Julio de 2019
Encuesta Nacional
Esta encuesta, realizada con el apoyo de la Unidad de Víctimas, Fundación Social, la Universidad de los Andes; el acompañamiento técnico y financiero de OIM y USAID, y el Centro de Memoria Histórica, es la evaluación social de la Ley 975 de 2005 ó Justicia y Paz.
Diferentes sectores de la población urbana colaboraron para obtener respuestas a preguntas como ¿Cuál es el impacto de la Ley de Justicia y Paz? Y ¿Cómo percibe su legado la sociedad colombiana? Los encuestados fueron seleccionados desde grupos de expertos, víctimas organizadas y ciudadanos del común.
Los resultados presentados ofrecen un panorama del camino que la sociedad colombiana ha recorrido con la Ley de Justicia y Paz, al tiempo que contribuyen con sugerencias sobre las falencias y la gestión colectiva que le falta a nuestra sociedad para terminar el conflicto armado y hacer justicia para las víctimas.
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Encuesta Nacional
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Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares
El presente documento hace parte del propósito del Grupo de Memoria Histórica -Centro de Memoria Histórica a partir de la Ley 1440 de 2011 conocida como la Ley de Víctimas, de elaborar y divulgar un relato sobre el conflicto armado en Colombia y de sus efectos a partir de distintas verdades y memorias, entre ellas las que emanan de las versiones libres de los desmovilizados de los grupos paramilitares postulados en los proceso de la Ley 975 de 2005 conocida como la Ley Justicia y Paz en la revelación de la verdad sobre las causas, responsables y usufructuarios del abandono forzado, la ocupación ilegítima y el despojo de tierras y territorios, así como de su contribución a la reparación integral de las víctimas a través de la restitución de sus bienes patrimoniales, particularmente de sus inmuebles rurales.
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Justicia y paz. ¿Verdad judicial o verdad histórica?
En Justicia y paz, ¿Verdad judicial o verdad histórica?, veremos ese lugar de la memoria que es Justicia y Paz desbordado internamente por la complejidad de una historia que el sistema poco a poco aprende a captar. En medio de los inevitables desfases entre la historia y la justicia, trataremos de ver qué sentidos se producen en relación con el pasado violento de nuestro país. En cualquier caso, en la medida en que el Grupo de Memoria Histórica hace parte de un dispositivo de justicia transicional, este trabajo tiene como premisa normativa la preferencia por la perspectiva y por la defensa de los derechos de las víctimas.
En ese sentido, somos parte en un mecanismo extra-judicial de justicia transicional que evalúa un mecanismo judicial de justicia transicional. Si bien no hacemos verdad judicial, la nuestra tampoco es, hablando de manera estricta, verdad histórica en el sentido científíco-social y disciplinar del término. La nuestra, como la judicial, es, finalmente, verdad al servicio de la justicia. A medio camino entre la pura afirmación normativa y la mera descripción empírica, hemos construido una sinuosa vía que, esperamos, contribuya a hacer más fuertes nuestras opciones éticas y políticas y haga al mismo tiempo más inteligibles nuestros problemas y aceptables nuestros métodos.
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Mujeres que hacen historia: Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano
Este libro reconstruye la trayectoria de cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios cuerpos. Son mujeres, madres, esposas o hijas que, luego de vivir hechos traumáticos, vencen las huellas del sinsentido que deja el ejercicio de una violencia arbitraria practicada por miembros de organizaciones armadas.
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Silenciar la democracia
Entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia, Nordeste Antioqueño, ocurrieron 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror generalizado se ha podido documentar que al menos cuatro masacres forman parte de una escalada criminal dirigida contra activistas políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estos hechos de violencia masiva contaron con la participación directa o indirecta de miembros de la Fuerza Pública, en una típica combinación de guerra sucia y sectarismo político.
Las masacres de Remedios y Segovia son pues emblemáticas de una violencia sistemática contra disidentes políticos de amplio espectro que se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país, y que tiene en el exterminio de la Unión Patriótica –UP– la más funesta y reprochable de sus expresiones. La tarea de la memoria es no sólo posible sino necesaria. De hecho, son muchas las iniciativas de memoria en curso promovidas por las víctimas o sus comunidades.
Muchas de ellas son estrategias de resistencia y confrontación, o ejercicios de reafirmación e identidad, que buscan un reconocimiento en la esfera pública. Son muchas también las víctimas que reclaman con justicia su visibilidad y la denuncia de las situaciones de coacción a las que fueron, o siguen siendo sometidas. Son muchos los hechos y las décadas de violencia que requieren ser esclarecidas por las instituciones y la sociedad en su conjunto. La memoria es un derecho de las víctimas y un deber del Estado y de la sociedad, y como derecho o como deber la tarea de la memoria es hoy en Colombia inaplazable. Este texto es un reconocimiento no sólo a los que decidieron confiarnos su palabra, sino también a aquellos, muchos, que todavía no pueden hablar.
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San Carlos
Este texto reconstruye la historia de los acontecimientos violentos sucedidos en el municipio de San Carlos, Antioquia, entre los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. A comienzos del siglo XXI, San Carlos era un pueblo fantasma. Cerca de tres décadas de asedio, terror y muerte produjeron un éxodo casi total de los 25.000 habitantes del municipio. Víctimas de todos, sus pobladores padecieron de manera sucesiva o simultánea la presencia destructora y asesina de guerrillas, paramilitares y hasta de miembros de la fuerza pública, que actuaban a veces con pasiva complicidad, y en otras con no disimulada intervención del lado de fuerzas contrainsurgentes.
San Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra. En la historia de San Carlos se perfilan los diferentes momentos del conflicto social y armado nacional: el dinamismo del movimiento social de los años ochenta y la apertura política en ciernes; la instrumentalización del conflicto social por parte de las guerrillas; el arribo de los paramilitares para contrarrestar a los insurgentes y neutralizar toda iniciativa de acción colectiva; y finalmente, para cerrar el ciclo, la connivencia de las autoridades con grupos paramilitares que se decían portavoces del orden.
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La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999: reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo
Se retratan los eventos de la noche del 9 de enero de 1999, en que aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz), en donde asesinaron a 28 personas, quemaron casas, motocicletas y vehículos. La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares.
La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.
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El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)
Se mueve en dos dimensiones: de un lado resalta la resistencia de la organización y la memoria de sus formas de enfrentar la violencia. Para ello se muestran los fundamentos originarios del rechazo a la violencia, las fases de la organización campesina y las diversas expresiones de resistencia y de uso de la memoria. De otro lado, el informe sigue los parámetros de los elaborados anteriormente por el Grupo de Memoria Histórica al contemplar aspectos relacionados con el proceso de victimización, la acción de la justicia y el proceso apenas inicial de reparación colectiva.
A diferencia de los otros informes publicados por el Grupo de Memoria Histórica, no se trataba de hacer memoria de un episodio inédito y anteriormente contado de manera fragmentaria, sino de reconstruir un proceso y la historia de una organización enfrentada en su transcurrir a diversas modalidades de violencia. Esa perspectiva de hacer memoria, no de un episodio sino de un proceso, hizo que la reconstrucción de la memoria histórica de la zona del Carare necesitara de un análisis sistemático y detallado, de los conflictos y violencias vividos en la zona, en una amplia temporalidad que abarcara los años comprendidos entre 1965 y 2010. Este recurso metodológico redimensionó la importancia de la asociación y las fases de su experimento y aprendizaje en la búsqueda de autonomía frente a los actores armados.
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La Huella Invisible. Desplazamiento forzado en Comuna 13
El Grupo de Memoria Histórica plantea un recorrido por los problemas de exclusión y violencia que ha generado la precaria presencia del Estado y sus instituciones en dicho territorio, y por el proceso de configuración de un escenario conflictivo, inducido, explotado o aprovechado por múltiples actores armados. El poblamiento de la Comuna 13, un conjunto de 19 barrios anclados en las montañas del centro occidente de Medellín, es el resultado combinado de procesos migratorios conocidos en otras regiones del país, pero también de la relegación social y económica, y muy especialmente del desplazamiento forzoso que ha provocado la guerra en las últimas décadas.
En un territorio tan densamente poblado resulta pues casi imposible para los lugareños sustraerse primero al control, y luego a los enfrentamientos. Como se muestra en este informe, los habitantes de la Comuna 13 han engrosado efectivamente las filas del actor de turno, pero también han sido víctimas, dolientes, y en proporciones significativas, esa misma población joven, ha resistido. La abrumadora y circular presencia de los actores de la guerra, y la permanente militarización y vigilancia de otra parte, han terminado por imponer una visión cruda y resignada de esos dominios. El informe sobre la Comuna 13 es no sólo un diagnóstico, sino también un reclamo profundo de movilización ciudadana para que se levanten los estigmas, se proteja con vigor a las comunidades amenazadas y se creen las condiciones de reinvención de la esperanza.
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La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010
El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación brinda una mirada al problema agrario en la costa Caribe colombiana. Este informe recoge las memorias de despojo de tierras y resistencias campesinas en los departamentos de Córdoba, Sucre y en los Montes de María. Asimismo, analiza los procesos organizativos del campesinado y la memoria institucional de políticas agrarias en la región, con particular énfasis en el papel de las mujeres como víctimas y a la vez líderes.
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La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe: 1960-2010