El precio de la igualdad - Análisis de la regulación del trabajo doméstico desde el DDL
El presente artículo realiza una crítica a la regulación actual del trabajo doméstico y a la última reforma legal sobre la materia, que incluyó la economía del cuidado en las cuentas nacionales. La autora argumenta que el derecho crea los incentivos suficientes para producir a las mujeres como actores ineficientes del mercado, utilizando mecanismos legales que disponen las obligaciones femeninas como prestaciones naturales asociadas con la maternidad y el cuidado del hogar. Los costos que socialmente pagamos por sostener la opresión femenina están externalizados en esquemas como el sistema de salud, el diseño pensional y la brecha de igualdad salarial para las mujeres. El artículo concluye mostrando cómo la contingencia de la regulación actual del trabajo doméstico y el costo social asociado a ella puede alterarse con reformas incrementales que aumenten el posicionamiento social de las mujeres en términos de poder y recursos.
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Los supuestos de aplicación del administrador de hecho: un análisis del caso español a propósito de la sociedad por acciones simplificada
El régimen de responsabilidad patrimonial de los administradores en el ordenamiento jurídico colombiano se caracterizó, antes de la irrupción de la sas, por un carácter marcadamente formalista. No obstante, la Ley 1258 de 2008 amplió el ámbito subjetivo de aplicación del aludido régimen, al incorporar la figura del administrador societario de hecho. En este sentido,el estudio de la responsabilidad de los administradores recibe con la Ley SAS un nuevo impulso, con el fin de que juegue un papel aún más representativo en Colombia. Así las cosas, en el presente artículo, se estudian los diferentes supuestos o circunstancias para la aplicación de la figura del administrador de hecho en el caso español, con miras a su aplicación en el entorno societario colombiano.
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El derecho a la educación como derecho social fundamental en sus tres dimensiones: educación primaria, secundaria y superior
En este artículo, se plantea el problema de si puede considerarse a la educación como un derecho fundamental. Se analizan las implicaciones que ha tenido su no inclusión como tal derecho en la Constitución en el capítulo de los derechos fundamentales. Se estudian dos grandes tradiciones sobre los derechos fundamentales: el neoliberalismo afirma que los derechos fundamentales son únicamente los derechos liberales civiles y políticos. Y el liberalismo social concibe que los derechos fundamentales son, además de los derechos liberales civiles y políticos, los económicos y sociales. En la parte final, se hace una reconstrucción del desarrollo del derecho a la educación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional; termina con unas críticas al proyecto de reforma de la educación superior y unas sugerencias con miras a proponer a la educación como un derecho fundamental.
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Igualdad, razonabilidad y género en los procesos de constitucionalización e internacionalización del derecho
Los temas de este escrito son la igualdad, la razonabilidad y los derechos de género en la dinámica de dos procesos sucesivos y convergentes: el de la constitucionalización del derecho legal y el de la internacionalización del derecho constitucional. La tesis del texto es que, ante el incumplimiento de las obligaciones de regulación, garantía y protección de los derechos de género, la mejor opción ha sido la del fortalecimiento del derecho judicial, el que ha permitido la producción de reglas de protección, la adopción de metodologías y técnicas contemporáneas de interpretación y adjudicación del derecho, así como la solución de los déficits de protección, desde los mencionados procesos de constitucionalización e internacionalización del derecho local.
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Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y responsabilidad)
Mi intención en este trabajo es la de proponer una reflexión sobre la posición y la trascendencia que el juez constitucional tiene en los sistemas jurídicos del constitucionalismo contemporáneo. La figura del juez encargado de proteger la Constitución es una institución clave, sin la cual no podemos entender los ordenamientos jurídicos de las democracias constitucionales, sus actuales líneas de desarrollo y la garantía de los derechos y libertades que forman el corazón normativo de esos sistemas. Por otra parte, la reflexión sobre el ejercicio de las competencias del juez, su alcance y su justificación hacen parte importante de la discusión jurídica contemporánea, siendo relevante –si bien de manera no exclusiva– en el ámbito de la filosofía del derecho. El objeto de atención de mi reflexión es el juez que tiene la competencia del control de constitucionalidad, en un esquema de defensa de la Constitución, con independencia de las modalidades concretas y determinadas a través de las cuales se lleve a cabo esa defensa.
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¿Punto final al limbo legal de las actividades de inteligencia en Colombia?
Los servicios de inteligencia en Colombia han operado durante casi sesenta años sin una regulación integral que demarque sus funciones y sus límites. Recientemente fue aprobado en el Congreso de la República, y en gran parte avalado por la Corte Constitucional, un proyecto de ley que pretende poner fin a esta omisión histórica. El presente artículo tiene como propósito revisar qué tan adecuada resulta la regulación que este proyecto de ley hace de dos aspectos relacionados con los servicios de inteligencia –el alcance del secreto y los controles a su funcionamiento– de cara a la protección de derechos como la intimidad, el acceso a la información y la verdad. La tesis que se defiende es que este proyecto de ley prevé aspectos positivos con relación a los dos temas mencionados, pero deja abiertos vacíos importantes que pueden llevar a que los servicios de inteligencia se aparten de sus funciones y sean utilizados para desconocer los derechos de las personas.
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Múltiples derechos, la misma desprotección: la eficacia simbólica de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas en Colombia
Este artículo indaga por las dificultades en la protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas, en el contexto de la pluralidad jurídica de que son sujetas y de la eficacia simbólica que comportan estos múltiples ordenamientos para ellas. Con base en la observación participante realizada por el autor, se sostiene que las relaciones entre la pluralidad interna y externa de los ordenamientos jurídicos, así como la eficacia simbólica, privilegian los intereses de los hombres y el Estado, y generan la desprotección de las mujeres indígenas desplazadas a través de fenómenos específicos. En la primera parte, se examinan las dificultades internas y externas de los ordenamientos nacional e internacional y su eficacia simbólica, las cuales no permiten desarrollar los derechos de las mujeres indígenas desplazadas de forma específica y diferenciada. En la segunda parte, se analizan los argumentos locales que, desde el punto de vista de las mujeres indígenas, dificultan las reclamaciones de sus derechos. Finalmente, se observan tres fenómenos específicos de desprotección de las mujeres indígenas desplazadas.
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El derecho internacional de los derechos humanos: ¿límite o elemento constitutivo de la democracia? –A propósito de la transición uruguaya a la democracia–
La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoría política que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre la libertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requiere pensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejerce sobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En la concepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores y tienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir esta concepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisiones de la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía popular y derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los graves crímenes cometidos durante la dictadura. La Corte IDH declaró, en el 2011, que esa decisión popular violaba la CADH y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponen los derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estado de acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de la democracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflicto se mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte IDH ofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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El reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo: el camino hacia un concepto de familia pluralista
El presente artículo contiene los resultados finales del proyecto de investigación realizado durante los años 2010 y 2011 por el grupo de investigación en Derecho “Filius”, adscrito al programa de Derecho de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de la ciudad de Armenia (Quindío). Dicho proyecto tiene como objetivo general “establecer el concepto de familia que se maneja en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de las sentencias de la Corte Constitucional que reconocen derechos a las parejas del mismo sexo”, para lo cual se realizó una línea jurisprudencial de las sentencias de esta corporación en las que se discuten derechos de parejas del mismo sexo, lo cual permitió concluir que, a pesar del gran avance que se produce en Colombia a partir de la Sentencia C-075 de 2007 en materia de reconocimiento de derechos a estas parejas, en todas estas sentencias, la Corte siempre se negó a reconocerles el estatus de familia, y solo hasta el año 2011, mediante Sentencia C-577, la Corte admite que las parejas del mismo sexo constituyen una familia, modificando de forma radical la doctrina constitucional que mantuvo el criterio de heterosexualidad como definitorio del concepto de familia.
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El reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo: el camino hacia un concepto de familia pluralista
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Bergsmo, Morten (ed.). Thematic prosecution of international sex crimes. Beijing: Torkel Opsahl Academic Epublisher; 2012, 452 p.
Reseña del libro
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Bergsmo, Morten (ed.). Thematic prosecution of international sex crimes. Beijing: Torkel Opsahl Academic Epublisher; 2012, 452 p.