La resolución de los conflictos que se suscitan en la sociedad es uno de los temas centrales de la organización y funcionamiento de todos los estados. Consciente de este panorama el constituyente de 1991 incluyó, en la Constitución Nacional, la jurisdicción de paz con el fin  de ampliar el abanico de posibilidades de la comunidad para solucionar  sus diferencias. Así este tipo de justicia tiene por rasgo principal  solucionar los conflictos comunitarios  a través de la equidad, y por intermedio de una persona elegida popularmente para el efecto.  A pesar que esta figura fue introducida en 1991, en Barranquilla comenzó a funcionar hasta el año 2005. Así las cosas, este  artículo tiene por objetivo principal: determinar la imagen, conocimiento y uso de la jurisdicción de paz en Barranquilla en el año 2010, y de este modo comprender la manera como esta forma de administrar justicia es percibida por la ciudadanos que habitan en la ciudad.

Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.

La Constitución colombiana de 1991 no opta por un modelo definido de administración pública ni regula sistemáticamente la materia, a pesar de la profusión normativa de su texto. Por el contrario, del conjunto del articulado se deduce un sincretismo involuntario que abarca prescripciones normativas del modelo burocrático y la gerencia pública, y anticipa algunos de los elementos de la gobernanza.

Para poder establecer la relación entre el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva se estudia sistemáticamente el contenido de estos derechos desde el punto de vista teórico-dogmático, estableciendo sus elementos constitutivos, así como el significado que la doctrina y la jurisprudencia nacional y del derecho comparado les ha otorgado a estas instituciones. Se extraen las consecuencias jurídicas que se derivan en la justicia administrativa a partir de los señalados derechos y se identifican algunos elementos que pueden tenerse en cuenta para fortalecer el valor justicia y el servicio público que lo concreta, la administración de justicia.

Los documentos recopilados aquí son solo una muestra de lo que se produjo en este primer siglo de República. La proliferación de prensa de opinión y análisis en el país, facilitó el debate intelectual y la discusión de ideas tanto importadas como originales. Lo que se pretende con la compilación es llamar la atención sobre el periodo y ofrecer una muestra del tipo de cosas que se encuentran. Estos documentos muestran que el periodo es mucho más rico en reflexiones, y en reflexiones de un buen nivel, de lo que se pensaba. Buscamos entonces invitar a una mayor investigación acerca de las ideas monetarias en el país. Libro disponible en Google books.

El 23 de julio de 2013 el Banco de la República celebró noventa años de trabajo, fiel a su compromiso de mantener la confianza en la economía y en la moneda del país, contribuir a la estabilidad macroeconómica y, en general, cumplir los mandatos que le fueron asignados desde su creación con la llegada de la Misión Kenmmerer al país. Dichos mandatos le fueron ratificados en la Constituyente de 1991, y desde ese entonces se le ha legado la tarea de “mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general, buscando un crecimiento del producto y el empleo”, todo en función del bienestar de la sociedad. Han sido noventa años “cuidando el patrimonio de los colombianos”, como reza el eslogan seleccionado (entre varias propuestas presentadas por los empleados) para conmemorar esta fecha.Y esto no solo es el patrimonio económico, sino además el cultural, el arquitectónico, el numismático y, por supuesto, el capital humano, entre muchos otros aspectos que abarca el concepto patrimonio, incluyendo el cuidado del medioambiente. Aduciendo a la definición de la Unesco del concepto patrimonio como: “nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el presente y la herencia que les dejaremos a los futuras generaciones para que ellas puedan aprender, maravillarse y disfrutar de él” (Unesco, 1968), nada mejor que recordar cuál ha sido ese legado que ha dejado el Banco a la sociedad colombiana en estos noventa años. Con tal motivo se organizó un seminario académico, del cual este libro recoge las reflexiones de los conferencistas que de manera desinteresada nos acompañaron en esta celebración.

Este ensayo tiene el propósito de reseñar los principales escritos económicos de Rafael Núñez y a partir de estos analizar su pensamiento económico. Se busca así enfocar el papel histórico de Núñez como economista, antes que como hombre de Estado o como “Regenerador”. Con el fin de establecer, como marco de referencia, el perfil profesional de Núñez y sus experiencias en el área económica a lo largo de su vida pública, cabe, a manera de introducción, hacer una breve reseña biográfica. Núñez ingresó a la Universidad de Cartagena en 1840, donde inició los estudios de Derecho.Después de su participación en las filas liberales en la guerra de los Supremos (1840-1841), regresó a sus estudios y se graduó de abogado en 1845. En Cartagena de Indias, Núñez perteneció a la Sociedad Democrática y fundó el periódico La Democracia. En el año 1849 fue nombrado rector del Colegio Nacional de Cartagena, poco después, secretario de hacienda y más tarde, gobernador de la provincia de Bolívar. Luego viajó a Panamá, donde se desempeñó como juez municipal, y fue elegido por el distrito de Chiriquí al Congreso de la República. En 1853 Núñez apareció en la vida parlamentaria nacional. Posteriormente, el presidente José María Obando lo designó secretario de Gobierno, y en 1855, Manuel María Mallarino nombró a Núñez su secretario de Guerra y luego de Hacienda entre 1856-1857. Después de la guerra civil de 1860-1861, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera lo designó como director de Crédito Público y en 1862 secretario del Tesoro, desde donde participó en la desamortización de bienes de manos muertas. Después de la Convención de Rionegro, en 1863 Rafael Núñez salió del país en misión diplomática, primero, al frente del consulado en Le Havre y luego en Liverpool, para regresar a mediados de los años setenta. De 1878 a 1879 se desempeñó de nuevo como secretario de Hacienda en la administración de Julián Trujillo El 8 de abril de 1880 Núñez tomó a su cargo la Presidencia de los Estados Unidos de Colombia hasta el 1° de abril de 1882. En el año 1884 ganó las elecciones contra la oposición radical. Fue su segundo gobierno, durante el cual le correspondió afrontar la guerra civil de 1885. Triunfante pues el gobierno de Núñez, se dio paso a la aprobación y sanción de la Constitución Política de 1886, que estructuró en forma definitiva la República de Colombia en torno a una centralización política y una descentralización administrativa. El tercer período de gobierno de Rafael Núñez ocurrió entre los años 1886 y 1892, y su último período presidencial correspondió a los años 1892 y 1896. En estos períodos Núñez dejó actuar a los vicepresidentes en el Gobierno. Él se retiró a su casa de El Cabrero, en Cartagena, en compañía de Soledad Román. Allí murió el 18 de septiembre de 1894 antes de terminar el período presidencial.

A veinte años de la Constitución de 1991, y después de padecer una violencia endémica durante la década de los noventa, y por qué no decirlo, también en la primera década del siglo XXI, es pertinente hacer una reflexión ponderada sobre los efectos que ha tenido la Constitución de 1991 sobre el comportamiento tanto del Estado como de los actores armados. En especial porque algunos críticos ven en la constitución un obstáculo para la terminación del conflicto debido a  su abundante carta de derechos, que según su entender están diseñados para proteger a los malos y maniatar al Estado. Para otros la Constitución se convirtió en una especie de fetiche que no debía ser reformado, pues de hacerlo, se perderían los espacios democráticos ganados y tendría como consecuencia una escalada de la violencia. El artículo demuestra que ni lo uno ni lo otro es cierto, es decir, ni la carta de derechos es la responsable de los problemas de violencia que sufre el país, ni los espacios de democratización abiertos por la constitución son la panacea para culminar con la violencia en Colombia. Este artículo pone en su justa medida los aciertos de los constituyentes como los dilemas no resueltos que conllevó la aprobación de la Constitución de 1991.

Por su posición geográfica, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sirvió durante muchos años como guía de navegación para los europeos, quienes utilizaron el mar Caribe para expandirse hacia el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Sus ecosistemas marinos y costeros son de gran belleza y riqueza ambiental, tanto así que en el año 2000 fueron declarados Reserva de la Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La base económica de su población ha sido dinámica, pasando de la agricultura como principal medio de subsistencia desde el siglo XVII y hasta mediados del siglo XX, hasta llegar al comercio y el turismo como principales actividades en la actualidad.Dada la relevancia de este departamento colombiano, Adolfo Meisel, María Aguilera, Andrés Sánchez y Javier Yabrudy, investigadores del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), del Banco de la República, sucursal Cartagena, realizaron diversos estudios acerca de la historia, la economía, la geografía, el mercado laboral, el medio ambiente, las finanzas públicas y la violencia en el archipiélago. El propósito fundamental de este proyecto es generar conocimiento sobre este territorio, que contribuya al diseño de políticas públicas adecuadas para promover el desarrollo armónico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“El elevado desempleo y la baja creación de empleo formal siguen siendo importantes cuellos de botella en la economía colombiana, impidiendo que un robusto crecimiento incida en una mayor reducción de la pobreza y en mayor bienestar. Entender la fuente de estos problemas y enfrentarlos es clave para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la de los sistemas de seguridad social, cuyo funcionamiento depende del mercado de trabajo. Sin embargo, se sabe todavía muy poco acerca de las causas del pobre desempeño laboral en Colombia.Este volumen viene a cubrir ese vacío, presentando información novedosa acerca de las tendencias y dinámicas laborales en Colombia, y analizando los efectos que el ciclo económico, el cambio tecnológico y el marco regulatorio generan sobre la situación laboral. Sin duda, una obra esencial para los que quieran entender la realidad económica colombiana”.Carmen Pagés, 2012, Jefe Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo.