Círculo de moralidad, exclusión jurídica y capitalismo de vigilancia: Una reflexión sobre nuestros patrones de juicio
Nuestras sociedades exponen una insostenible fracturación de sus tramas intersubjetivas por la que millones de personas son privadas de sus derechos y sobreviven en territorios resignados por la juridicidad, negadas por el sistema que las excluye.
Aunque la exclusión jurídica precede al capitalismo de vigilancia, resulta funcional a sus objetos de predicción y comercialización de identidades y conductas futuras. Los excluidos del derecho y los incluidos deficientemente son, en los términos de esta lógica, el descarte.
La tesis de este ensayo parte del reconocimiento de la retroalimentación y continuidad del sistema: más capitalismo de vigilancia implica más certeza en las conductas futuras y consecuentemente, más descarte, más exclusión. Luego, los esquemas éticos de “éticas de círculo” legitiman y aceleran el proceso, naturalizando la pulverización del espacio político.
Con Zuboff, Benhabib y Fricker, propongo pensar una ética de justicia que avance sobre los prejuicios identitarios negativos que sostienen la injusticia epistémica, sustituyendo la compartimentación y/o el enfrentamiento como patrones de juicio por el reconocimiento al carácter intersubjetivo de cada subjetividad.
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¿Un Derecho penal «de» la comunidad?
El comunitarismo es una de las corrientes filosóficas que tienen mayor presencia en el debate académico actual, oponiéndose a las premisas del liberalismo. Así, el comunitarismo defiende la preeminencia de los valores éticos existentes en las comunidades y la pertenencia a las mismas sobre las nociones de derechos y justicia. Este artículo analiza la legitimidad de la influencia de la filosofía comunitarista sobre el Derecho penal, mediante el estudio de la configuración de un Derecho penal articulado sobre la defensa de los valores éticos comunitarios. Así, se comienza analizando el binomio comunitarismo-liberalismo, se estudia también la posición de la doctrina en relación con la neutralidad liberal y las posiciones relativas a la existencia de un mínimo ético, defendiendo que el Derecho penal debe ser neutral sin reflejar los valores dominantes en una comunidad dada. Además, se analizan diferentes manifestaciones del Derecho penal comunitarista (el Derecho penal del enemigo, el Derecho penal de aporofobia y los delitos políticos), concluyendo con su inadmisibilidad en el marco de los Estados democráticos y de Derecho.
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Los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas Extranjeras como límite a la actividad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional
El presente trabajo examina algunas de las limitaciones jurisdiccionales que impiden a la Corte Penal Internacional ejercer de modo efectivo su competencia sobre los nacionales de Estados terceros, aun cuando el crimen se haya cometido en el territorio de un Estado Parte en el Estatuto de Roma. En su primera parte, el artículo profundiza en la inmunidad de jurisdicción penal de los agentes militares como funcionarios del Estado de la nacionalidad. En segundo lugar, analizamos la conformidad de los acuerdos del artículo 98.2 del Estatuto, también denominados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas Extranjeras, con las disposiciones de éste, al originarse en estos casos una especie de inmunidad procesal ad hoc que condiciona la operatividad de la Corte.
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La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: : desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional
La criminalización de los graves daños contra el medio ambiente no es un problema nuevo para el derecho penal internacional (dpi). La Comisión de Derecho Internacional (cdi) resolvió esta cuestión tipificando ciertas conductas como crímenes de guerra. Sin embargo, en las últimas décadas, con motivo de la acelerada destrucción del medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas y la amenaza que supone para la seguridad de la humanidad y del planeta, se ha intensificado el desarrollo de propuestas normativas para la tipificación del ecocidio como un crimen internacional. Este artículo pretende realizar un análisis de los trabajos de la cdi sobre los daños contra el medio ambiente como un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, analizar las aportaciones doctrinales para la construcción del crimen internacional de ecodio cometido en tiempos de paz y, por último,analizar las dificultades técnicas que supone la definición del crimen de ecocidioen el dpi.
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La Persona Civil y los Legados Esencialistas en la Corte Penal Internacional
El estatus de civil es fundamental en el derecho penal internacional, puesto que son las víctimas por excelencia en los crímenes de lesa humanidad y en los de guerra. Sin embargo, el concepto se originó en el derecho de la guerra donde la idea del civil se construyó en torno a ciertas características que se le adscriben como esenciales. Este concepto y sus esencialismos han sido trasladados al campo del derecho penal internacional. Empleando una metodología feminista, este artículo busca mostrar esta construcción del civil como débil, pasivo, sumiso y femenino y cómo se manifiesta y naturaliza en la práctica de la Corte Penal Internacional (cpi). Se argumenta que esos esencialismos impiden una justicia de género a la vez que dan lugar a la impunidad al no representar correctamente las experiencias de las víctimas y silenciar ciertos crímenes.
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¿Es posible la reparación integral a víctimas de trata de personas mediante una acción civil in forma pauperis?
La trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos fundamentales de sus sobrevivientes. Aunque la persecución penal de los autores y su eventual condena permita a la víctima librarse del sometimiento que padecía, esto no le asegurará la reparación integral del daño sufrido por el delito. Para obtenerla, el proceso penal argentino exige asumir el rol de actor civil o, de lo contrario, se rechazará cualquier pretensión resarcitoria. El principal inconveniente es que los requisitos para reclamar la indemnización para una víctima en situación de vulnerabilidad significarán la imposibilidad de llevar adelante cualquier reclamo al no contemplar la posición desventajosa en que se encuentra la víctima de trata para litigar contra quien poco tiempo antes era su explotador. Esto entra en colisión con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Argentina de garantizar el acceso a la justicia y la reparación económica de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta investigación indagará sobre la posibilidad de que el Estado otorgue un acceso integral a la justicia sin someter a la víctima a exigencias procesales para alcanzar la reparación económica que signifiquen una nueva victimización o impidan la satisfacción de sus derechos
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Preliminares
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Editorial
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Esperanza en el sistema jurídico de Derecho Penal de la comunidad internacional.
La protección de los Derechos Humanos genera obligaciones para los Estados, según recogen las normas internacionales de derechos humanos, no obstante, con unos mecanismos de supervisión, que aunque revisados, no terminan de culminar en su propósito. Unas normas de protección de derechos humanos que también pueden ser de prohibición, no obstante, con límites por falta de jurisdicción internacional en su persecución. En positivo, se ha desarrollado un sistema jurídico de Derecho Penal Internacional para la persecución centralizada de las violaciones de derechos humanos, aunque sólo las de especial gravedad y trascendencia para la comunidad internacional. Una persecución de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos, no obstante, bajo una responsabilidad individual. Y porque los Estados no consienten asumir su responsabilidad. En negativo, persiste una inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus bienes.
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¿Todos los caminos conducen a La Haya? Reflexiones de política criminal tras 17 años de examen preliminar en Colombia
Este ensayo constituye un diagnóstico alrededor de la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar más extenso de su historia. Así, plantea consideraciones sobre la política criminal de este organismo y las repercusiones y expectativas de tal determinación de acuerdo con el contexto colombiano. Para ello, parte por caracterizar el examen preliminar adelantado por 17 años; luego, valora la incidencia de su cierre; y finalmente, estudia las condiciones actuales de la situación de derechos humanos en Colombia y la capacidad institucional para hacerle frente de cara al papel de la Fiscalía de la Corte. De esta manera identifica las siguientes reflexiones: (i) la necesidad de delimitar las etapas de los exámenes preliminares; (ii) que la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia tuvo (y tendrá) más efectos políticos que prácticos en virtud de la complementariedad positiva; y (iii) los crímenes cometidos luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) constituyen una preocupación latente a la luz de los fines que persigue el Estatuto de Roma.
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