Decreto número 1125 de 1950 (marzo 31)
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Mitos y realidades de la minería aurífera en Colombia
De la mano de expertos nacionales, este libro analiza nueve de los mitos en torno a este tema en el país, relacionados con temas ambientales, sociales, jurídicos y económicos y, desde ahí, el libro explora la bibliografía existente que se encuentra en revistas científicas indexadas, estudios internacionales, documentos oficiales, normatividad y jurisprudencia, y lo complementa con la revisión de estudios de impacto ambiental, entrevistas a funcionarios y visitas de campo a proyectos mineros. Se espera que este aporte de la academia sea una oportunidad para generar una discusión respetuosa, imparcial y crítica sobre los argumentos a favor y en contra de la minería de oro en el país, que sin duda será un referente fundamental para todos aquellos interesados en conocer más sobre este sector.
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Nuevo Código de Procedimiento Penal Colombiano
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El código de justicia penal militar decreto número 0250 de 1958
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Decreto número 2180 de 1944 (septiembre 12)
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Agroecología. Experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia
Los territorios rurales en Colombia enfrentan retos actuales relacionados no sólo con los aspectos sociales fundamentales para la paz, sino, también con las condiciones productivas y ambientales necesarias para avanzar hacia modelos de desarrollo rural sostenibles. Objetivos como alcanzar soberanía alimentaria, luchar contra la pobreza rural, adaptar la agricultura a riesgos emergentes y mitigar el efecto del cambio climático, proteger los recursos naturales especialmente suelo, agua y agrobiodiversidad, asegurar la prestación deservicios ecosistémicos, atender a la creciente demanda de alimentos, entre otros, requieren reconfigurar los sistemas agroalimentarios. Simultáneamente, la agricultura familiar viene siendo promovida por movimientos sociales que reconocen el papel esencial que cumplen de producir alimentos y cuidar la naturaleza y exigen el reconocimiento de su rol y políticas diferenciales que les permitan reproducir dignamente sus condiciones sociales de vida. Fortalecer las distintas formas de agricultura campesina, familiar y comunitaria, requiere de nuevos paradigmas científicos y prácticos en el desarrollo rural; uno de estos es la Agroecología, reconocido como el enfoque científico que mejor reconoce el potencial de la agricultura familiar para ayudar a enfrentar los retos mencionados. La Agroecología en Colombia ha sido promovida desde la década de 1980 por ONG's y la Iglesia, y más recientemente por las universidades. La práctica agroecológica ha permitido el surgimiento de innovaciones que han logrado niveles importantes de madurez. Desde la perspectiva de la transición hacia una agricultura sustentable, estas iniciativas comunitarias, reconocidas como “nichos sociotécnicos”, se constituyen en espacios protegidos en los cuales se gestan y desarrollan estas innovaciones hasta lograr que se consoliden y generen cambios consistentes en las condiciones de vida de estas comunidades. El propósito de este libro es analizar algunas de estas experiencias agroecológicas desarrolladas por organizaciones de agricultores familiares en distintos lugares del país, nichos sociotécnicos, donde se generaron aprendizajes prácticos con potencial para fortalecer programas de agricultura campesina, familiar y comunitaria.
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Ley 19 de 1890 (de 19 de octubre): Código Penal
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Código Penal de los Estados Unidos de Colombia (Lei 112 de 26 de junio de 1873)
Hemos señalado que las constituciones de 1858 y 1863 establecieron una transición hacia un régimen federal en el que se dispuso que cada uno de los 9 Estados Soberanos, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, contarían con su propia legislación en materia penal, y lo propio realizaría la federación, denominada para entonces Confederación Granadina, o Estados Unidos de Colombia, respectivamente.Es en este contexto que se profirieron, por cada uno de los Estados, una legislación penal, y para la federación se expidió la Ley 112 del 26 de junio de 1873, el segundo Código Penal que rigió en la historia de Colombia. Se trata de una legislación con 663 artículos que deroga expresamente (663) el Código de 1837, permitiendo su aplicación ultractiva en casos de favorabilidad (663).Tras una serie de guerras civiles, se expidió la Constitución de 1886 que derogó la de Rionegro (210) y estableció el regreso del modelo centralista (1) que había regido entre nosotros, con lo que perdieron vigencia tanto los Códigos estatales, como el Código Federal de 1873. Es por ello que, mediante la Ley 57 del 15 de abril de 1887, (1) se estableció que regiría en Colombia el Código Penal del Estado de Cundinamarca sancionado mediante la Ley del 16 de octubre de 1858, que se convertiría en el tercer código penal vigente entre nosotros.
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Introducción al análisis del espacio urbano: un método empírico
La serie de cinco tutoriales que compone este trabajo fue desarrollada con recursos del Fondo de Innovación Pedagógica de la Universidad del Rosario como experimento en la producción de material especializado de enseñanza para la formación de gestores urbanos a nivel de pregrado. El proyecto nace en respuesta a la necesidad de contar con apoyos de aprendizaje para orientar el trabajo autónomo de los estudiantes debutantes del programa de Gestión y Desarrollo Urbanos (GDU), para el cual, por su naturaleza única, no se encontraron precedentes existentes en el mercado editorial.
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Ley 599 de 2000 (julio 24): Por el cual se expide el Código Penal
La expedición de una nueva carta política en la que se crearon instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, así como la profusión de normas penales a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, sumado al relativo consenso sobre la teoría de la imputación objetiva, acogida en nuestro país a partir de 1995, generaron el consenso sobre la necesidad de actualizar y compilar la legislación penal vigente. Para el año 1998 se presentan tres proyectos de Ley al Congreso de la República, todos elaborados por la Fiscalía General de la Nación, que tenían una pretensión sin precedentes en la historia del derecho penal en Colombia: la expedición de unos Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario que fueran sistemáticos entre sí y se ajustaran tanto a la Constitución como al denominado Bloque de Constitucionalidad. Lamentablemente, esta empresa tan importante no se logró materializar en tanto que solamente se convirtieron en leyes el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) expedidas ambas el 24 de julio de 2000, y que entraron a regir desde el 25 de julio de 2001, dando, al igual que en los estatutos anteriores, un espacio para su entendimiento e implementación. Lo que iba a ser un ejercicio de compilación y actualización de las normas existentes terminó siendo un nuevo estatuto. El Nuevo Código Penal —como aún se le conoce— mantiene las normas rectoras (1-12) que priman sobre las restantes disposiciones del estatuto (13) y entre sus influencias más importantes encontramos el Código Penal Español de 1995, el Código Penal Alemán de 1975, y el Estatuto Penal Colombiano de 1980.
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Ley 599 de 2000 (julio 24): Por el cual se expide el Código Penal