Inconveniencia de incluir o mantener la cláusula paraguas en los AII y TLC con capítulos de inversión de Colombia
Los acuerdos internacionales de inversión (AII) y los tratados de libre comercio con capítulos de inversión (TLC), son quizá, los mayores estándares de protección para el inversionista extranjero y su inversión en el Estado anfitrión. Estos instrumentos internacionales han permitido que un particular que sea reconocido como inversionista bajo la protección de uno de estos tratados pueda llevar a un Estado a una instancia de arbitramento internacional.
Se toma como referente para este estudio, la cláusula paraguas, ya que a partir de esta se puede cuestionar todo el sistema de inversiones y porque permite estudiar el consentimiento de las partes para su adopción y aplicación. El argumento central para cuestionar la incorporación de esta disposición normativa en estos AII y TLC con capítulos de inversión, es que estos ya contienen estándares suficientemente favorables para los intereses de los inversionistas, como lo son las cláusulas de la Nación Más Favorecida (NMF), Trato Justo y Equitativo (TJE) y Nivel Mínimo de Trato (NMT), entre otros, que ponen en riesgo los intereses del Estado. Por tanto, se considera inconveniente su incorporación en los acuerdos internacionales que tiene el país.
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El Estado laico en Colombia: un análisis de sus orígenes
Colombia tiene un estado laico, aunque ni el texto constitucional ni sus antecedentes evidencian que dicha figura institucional fuera adoptada por el constituyente. La formalización del estado laico la hizo la Corte Constitucional en sentencias a inicios de los 90s, especialmente a partir de las sentencias T-403/92, C-568/93, C-088/94, y C-350/94, pero el estado laico es más que una institución constitucional: es un modelo de regulación normativa y política del hecho religioso, como apuesta particular de un país, Francia, que reivindica segmentos selectos (y discutibles) de su historia republicana discontinua como antecedentes para “inventar una tradición”, de modernidad, ideas que hemos acogido acríticamente en América Latina (y en Colombia), desde las instancias judiciales, académicas y en la gran prensa. Comprender estas circunstancias, obligan a asumir una apertura disciplinar, más allá de lo jurídico constitucional, combinando perspectivas históricas, sociológicas, y antropológicas, para debatir las ideas desarrolladas en otros ámbitos, de los que el derecho se ha hecho receptor sin estar consciente de la opacidad y ausencia de neutralidad del debate, y la baja consideración de otras alternativas conceptuales más cercanas a la intención constituyente, como el estado de la libertad religiosa, consideradas p ej, en las sentencias C- 084/94, C-1175/2004, y C-817/2011.
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La ideología de género en los medios de comunicación escrita : periódico El Heraldo y El Colombiano
La Constitución política consagra como derechos fundamentales el debido proceso, el derecho a la igualdad, y a la no discriminación, especialmente de grupos discriminados o marginados. Bajo esta consigna, la Corte constitucional ordenó la revisión de los manuales de convivencia escolar, luego de que un estudiante gay, Sergio Urrego, se suicidara por ser víctima de matoneo.
En cumplimiento de dicha orden, el Ministerio de Educación, trabaja en una guía denominada "Ambientes escolares libres de discriminación. Orientación sexual e identidades de género no hegemónicas".
Esta guía generó una controversia a nivel nacional, en la que sectores políticos y religiosos argumentaron que el Ministerio pretendía implementar la ideología de género en los colegios, atentando contra la niñez, la familia tradicional y los valores cristianos. Este debate permeó los Acuerdos de Paz, que tenían un enfoque de género.
Así pues, se procedió a recopilar las noticias que fueron publicados en algunos medios de prensa escrita con portal web, y analizar su contenido desde "las claves de la argumentación" de Anthony Weston y la metodología del "Framing" ("encuadre"), para medir el impacto que tienen los medios en los asuntos públicos.
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Acción pública de inconstitucionalidad en el Estado colombiano
Public action of unconstitutionality is an instrument that allows the citizen to participate in the formation of the political and legal order, which makes it easier to build a civil society that cares about maintaining constitutional mandate, thus generating the development of legal policies and categories in a Constitutional State.
The present work therefore seeks to determine how rigorously the Court has applied the criteria of clarity, certainty, specificity, relevance and sufficiency, as well as the effects this has had on the national legal order, for which it is conducted a field study of the public action claims of Unconstitutionality based, inadmitd and rejected from 1992 to July 31, 2019, as well as the imadmisory and rejection orders in the Constitutional Court.
Since its inception, the demand for unconstitutionality has kept its nature unsensed: the manifestation of political rights, a mechanism of direct control of laws and a form of participatory democracy. The Constitution of 1991 entrusted the Constitutional Court with the guardianship of the supremacy and integrity of the Political Charter, and within its powers is the knowledge of public action of unconstitutionality.
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Estatuto de la oposición colombiana : antecedentes, restos, alcances y deudas del legislador colombiano
La oposición política en Colombia, eje principal del presente artículo, se define como uno de los elementos más importantes del ejercicio de la democracia en un Estado Social de Derecho. Así, este articulo pretende no solo hacer un concreto recorrido por las definiciones y aplicabilidad de los conceptos más relevantes de “Oposición Política”, sino que va más allá y analiza la situación del concepto en la democracia ejercida en Colombia, dando respuesta a un marco Constitucional y de inclusión política generado a raíz de los diálogos y el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Las FARC EP.
Se pretende realizar más que un artículo de conceptualización de un término, por lo que su estructura se basa, en primer lugar, en resaltar y definir lo que en sí mismo es la Oposición Política, seguido por traer este concepto a Colombia, específicamente, y enmarcando: ¿Cómo se ha evidenciado el ejercicio del derecho constitucional de la oposición, contemplado en el artículo 112 de la Carta Política de 1991? De manera posterior, se aborda el tema concerniente al acuerdo de paz de La Habana, teniendo en cuenta principalmente el punto de Oposición Política, analizando el Estatuto de Oposición y la ley 1909 de 2018 a la luz de la realidad colombiana, de las garantías existentes para su aplicabilidad, y del estudio de constitucionalidad de la sentencia C-018 de 2018.
Finalmente, se realizará un análisis sobre los pros y los contras que el sistema de oposición puede generar en nuestro ordenamiento político, ligado con las posibilidades de éxito que pueda tener en nuestro país.
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Análisis de la presunción utilizada por la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual se determina la suma base de liquidación en el lucro cesante cuando la víctima no probó sus ingresos
Due to the incoherence and irrationality with which the presumptions have been developed within the legal systems, it has not been possible to clearly identify their basis, characteristics and functionality within them. In the present work, from the traditional procedural treatment that has been given to them and from their theoretical and philosophical study it was possible to recognize four essential characteristics of the presumptions: structure, theoretical reasoning, pretension of truth and defeasibility. Thus, legal presumptions are those norms with a rule structure that seek to propose, on the basis of a basic fact and in the absence of evidence to the contrary, a contingent truth based on reasons of normality, regularity and/or high probability. Applying the above in our legal system, it was established that in Colombia both legally and jurisprudentially the category of presumptions has been recognized for legal norms that do not meet such characteristics, as is the case of the judicial presumption used by the Consejo de Estado through which it sets the base amount for the settlement of the victim who did not prove his income, a possible reason why the effects produced after its application do not turn out to be those expected.
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Responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano en virtud a la inmunidad del Estado extranjero
En el presente Documento se efectúa un estudio respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que gozan los Estados extranjeros, y si su aceptación por parte de Colombia conlleva a la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano. Para ello se abordarán como temas centrales, los diferentes títulos de imputación de responsabilidad estatal desarrollados por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, las tesis que la doctrina internacional ha desarrollado respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estado, el marco normativo internacional respecto a la jurisdicción y de ejecución, la concepción jurisprudencial sobre dichos conceptos por parte de la Corte Internacional de Justicia, lo que las altas Cortes Colombianas han edificado frente al tema y la materialización de los derechos fundamentales en ese panorama.
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Controversia Eco Oro vs Colombia, hipótesis de un fallo
En el año 1994 la multinacional canadiense hoy llamada Eco Oro Minerals llegó a Colombia, obtuvo licencias de exploración y explotación minera en el área del Páramo de Santurbán y empezó a dar desarrollo al Proyecto Angostura. Los procesos de explotación empezaron a hacer mella en el ambiente y el Estado colombiano empezó a limitar las actividades de Eco Oro, con el fin de proteger el ecosistema del páramo y todo lo que de él se desprende (flora, fauna, recursos hídricos); hasta tal punto que la multinacional viendo afectadas sus inversiones, decide demandar a Colombia ante el CIADI. Dentro del trabajo se busca desarrollar una posible estrategia de defensa de las partes; de esta manera, según los hechos, se puede apreciar que la argumentación de la multinacional se fundamentará en la expropiación indirecta y la violación al trato justo y equitativo. Mientras que la argumentación de Colombia se basará en el Estado de necesidad como causal de ausencia de ilicitud ante el incumplimiento de una obligación internacional; sin embargo, se concluye dentro de una hipótesis del fallo, que la diplomacia y la experticia nacional fueron insuficientes, y por lo tanto, Colombia será declarada responsable por un hecho internacionalmente ilícito.
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Hupecol Operating Co Llc. vs. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corporación para el Desarrollo del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) : ¿La protección del medio ambiente o el desarrollo económico?
Research is fa~used on a case study: the controversy raised between the American company Hupecol Operating Co. Lle. against the National Authority of environmental licenses (ANLA) and the Corporation to the sustainable development of special handling area La Macarena (CORMACARENA), according to the revocation of the environmental license that was granted to the project "Serranía Exploratory drilling interest area", located in the jurisdiction of the municipalities of La Macarena and San Vicente del Caguán", once it started by the local authority the "Integral Management plan far the Sector "Río Losada" - "Caño Perdido", located in the recuperation zone far the production south of the integrated management district "DMI" Ariari-Guayabero of the ANEM, department of Meta.
In this, it warns clearly the macroeconomics consequences that would entail to Colombia, to be compelled to respond on stages of international controversies resolutions, because of setting up an international illicit fact, far affecting the transnationals direct investments, according to the farmulation and implementation of public politics of environmentai"protection, considering that the Colombian State acquired international commitments that guarantee the investment and limit its sovereignty.
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Análisis de la política pública de reincorporación de mujeres ex combatientes de las FARC como aporte a las garantías de no repetición
This document adresses widespread acceptance of the gender approach in public policy of reintegration. This document intends to analyze how the structure of the policy contributes to the Guarantees of Non-Repeating Violence against Women and contributes to the transformation of oppressive structures of power. The primary sources of information were the official documents of the Federeal Government, as well as interviews with ex-combatant women belonging to the initial peace processes and the experiences of women directly involved in the process with the FARC-EP. From the data found, progress was made gradually in the regulatory framework, as in the institutional discourse to address the problem. However, the strategies developed in the current design and implementation of the policies are insufficient to achieve the necessary adjustments that impact on the lives of ex-combatant women in the new roles assumed to see them reach their full potential in society. In this sense, the Staet must Carry out periodic evaluations of the impact of their policies, based on the evolution of new visions such as eco-feminism, a return to the belief that all deserve good life, and inclusive urbanism.
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Análisis de la política pública de reincorporación de mujeres ex combatientes de las FARC como aporte a las garantías de no repetición