Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta este contexto, visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica. El sobrepeso y la obesidad infantil son un problema que va en aumento en Colombia. De hecho, en los últimos 40 años se ha multiplicado por diez el número de personas entre 5 y 18 años con obesidad y, para 2022, se espera que los niños, las niñas y los adolescentes sufran más de obesidad que de bajo peso. Esto es grave, pues la obesidad infantil se asocia con muerte prematura, dificultades respiratorias, enfermedades vasculares y efectos psicológicos. Este fue el principal motivo de nuestra investigadora Valentina Rozo para investigar sobre lo que se oferta en las tiendas escolares. Los entornos escolares son fundamentales para definir los hábitos de consumo de los niños y las niñas. Aunque estos pasan gran parte de su tiempo allí, en Colombia no existe ninguna regulación a nivel nacional que establezca cuáles son los productos que se pueden vender o publicitar en estos lugares. Por tanto, depende de los entes territoriales desarrollar o no las normas. Teniendo en cuenta este contexto, visitamos 21 colegios en Bogotá a los que asisten alumnos con distinta capacidad económica: siete colegios con mayoría de alumnos de estrato 1 y 2, siete de estrato 3, y cuatro y siete de estratos 5 y 6. Allí entrevistamos a los rectores y a los tenderos, y documentamos qué se vende en las tiendas y a qué publicidad se enfrentan los alumnos. En el trabajo de campo identificamos que los alumnos de colegios de estratos medios son los más vulnerables: es allí donde la oferta de productos comestibles ultraprocesados es más alta y, a su vez, en donde hay mayor publicidad. Este hallazgo es más acorde con la teoría, pues en los países de ingreso medio, como Colombia, a medida que aumenta el ingreso también lo hace el consumo de productos elaborados principalmente con ingredientes industriales y con poco o bajo contenido de alimento natural. Sin embargo, hay un punto de inflexión en los estratos altos en el que, si bien hay suficiente ingreso para comprar productos comestibles ultraprocesados, la información sobre los efectos en la salud hace que en este grupo se reduzca el consumo. El documento responde a otras preguntas: ¿se cumple la Resolución 2092 de 2015 en los colegios oficiales? ¿La autorregulación de la industria de bebidas no alcohólicas funciona? Además, plantea otras preguntas cuyas respuestas reflejan la desigualdad generada en las tiendas escolares: ¿cuáles son las modalidades de la tienda escolar?, ¿quién es el tomador de decisiones acerca de los productos que se ofertan? y ¿la oferta cambia según la edad? son algunas de ellas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/dime-donde-estudias-y-te-dire-que-comes-oferta-y-publicidad-en-tiendas-escolares-de-bogota/

La principal intención de las víctimas, al contar sus historias, es reafirmar su inocencia y que estas páginas se conviertan en un llamado a restaurar su buen nombre. Mediante un ejercicio de memoria histórica, este libro reúne los testimonios de 19 personas que, entre los años 1999 y 2005, fueron capturadas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública colombiana en el municipio de El Carmen de Bolívar y sindicadas de pertenecer a grupos guerrilleros. La principal intención de las víctimas, al contar sus historias, es reafirmar su inocencia y que estas páginas se conviertan en un llamado a restaurar su buen nombre. Las víctimas narran lo que significaron esos días o meses en prisión, qué impacto tuvo la detención en sus familias, cómo se transformaron sus vidas y cómo lograron salir adelante en medio de las adversidades económicas y llevando encima el estigma de haber estado en prisión, señaladas de pertenecer a la guerrilla. A estos testimonios los acompaña un reportaje que da cuenta del contexto histórico y jurídico de las detenciones arbitrarias en la región de Montes de María, un estudio sobre la actuación y la responsabilidad de la prensa al informar sobre estos casos y un análisis sobre la evidente vulneración del derecho que tienen estas víctimas a acceder a archivos y expedientes oficiales que resultaron de las capturas y que resumen e informan sobre el estado de sus investigaciones. Todos estos insumos son el resultado del trabajo realizado por Dejusticia durante los años 2017 y 2018 en esta región del país. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/que-nos-llamen-inocentes-testimonios-de-detenciones-arbitrarias-desde-el-carmen-de-bolivar/

Este documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales. ¿Cuál es la relación entre el etiquetado de alimentos y nuestros derechos humanos? ¿Son claras las etiquetas de productos comestibles en Colombia actualmente? ¿Qué dicen las normas colombianas en esta materia? ¿Qué modelos de etiquetado se han adoptado en América Latina y cuáles han funcionado mejor? Este texto busca indagar sobre estas y otras preguntas desde un análisis jurídico de derechos humanos y desde la evidencia científica. En él se documenta por qué el etiquetado de alimentos es una herramienta de conocimiento importante para ejercer nuestros derechos y se discute qué está haciendo Colombia al respecto. Por último, se exploran los modelos de etiquetado implementados en México, Ecuador y Chile, evaluando desde la evidencia su efectividad. El documento muestra que los esfuerzos del Estado colombiano por establecer un etiquetado de alimentos claro, visible y veraz, no han sido suficientes. Además, hace una invitación explícita a los tomadores de decisión a nivel nacional para que regulen el actual modelo de etiquetado, cumpliendo sus deberes internacionales y constitucionales, y previniendo, así, el incremento de la obesidad en el país, particularmente de los niños, las niñas y los adolescentes. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/etiquetas-sin-derechos/

Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-terceros-complejos-la-competencia-limitada-de-la-jep/

Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto. Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-terceros-complejos-la-competencia-limitada-de-la-jep/

The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as “the transitional justice field,” and in societies suffering from mass violence. Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts. The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation. On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed. On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle. The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges. Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/beyond-the-binary-securing-peace-and-promoting-justice-after-conflict-2/

En este documento analizamos las políticas de privacidad de 30 empresas con modelos de negocios basados en los datos en Colombia, e identificamos las prácticas que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable a nuestro país. Como nunca, está latente la preocupación de que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales y las capacidades actuales para encontrar correlaciones entre ellos puedan derivar en otros datos personales, exactos o inexactos, a partir de los cuales se puedan tomar decisiones –a veces injustas o discriminatorias– sobre los ciudadanos, sin que ellos mismos tengan seguridad, conocimiento ni control de lo que sucede a partir de sus datos. Un ejemplo de estos riesgos se hizo evidente en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en el que Facebook permitió el uso de una aplicación que terminó recolectando información de 87 millones de perfiles de usuarios de todo el mundo, que luego sería utilizada por Cambridge Analytica para influenciar electores en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, y en el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Para enfrentar dicha vulnerabilidad en la que se encuentran ciudadanos de todo el mundo, en el 2018 entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y se expidió la Ley de Privacidad del Consumidor del estado de California, que buscan equilibrar el desarrollo de la economía digital con la garantía de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. ¿Cómo? Por medio de la regulación de nuevas fuentes de datos, tipos de tratamiento y finalidades de tratamiento que son propias de la era digital, y que incluyen el uso de cookies, el web crawling, los algoritmos, el profiling, la toma de decisiones automatizadas, la comercialización de datos y la publicidad comportamental. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en Colombia para garantizar dichos derechos en el marco de la economía digital? En este documento exploramos el grado de preparación de nuestro régimen jurídico de protección de datos personales y de nuestras autoridades competentes para enfrentar los riesgos que la era digital plantea para distintos valores y derechos, y así rendir cuentas a las empresas con modelos de negocios basados en los datos (EMNBD). A partir de la revisión de sus políticas de privacidad, analizamos la forma de operar de una muestra ilustrativa de 30 EMNBD, dentro de las que sobresalen, por su poder económico, tecnológico y social los llamados GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft). Una vez hecho esto, identificamos varias prácticas –propias de la era digital– que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable en Colombia, y cuya regulación, en comparación con el GDPR europeo y con el CCPA de California, posee un amplio campo de mejora. Asimismo, identificamos varias falencias en las capacidades de las autoridades de protección de datos colombianas para hacer rendir cuentas a las EMNBD, y se proponen, en consecuencia, algunas medidas correctivas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/rendicion-de-cuentas-de-google-y-otros-negocios-en-colombia-la-proteccion-de-datos-digitales-en-la-era-digital/

“La Profesión Jurídica en Colombia” responde a la creciente preocupación que existe hoy en Colombia, y en otros países de América Latina, por la justicia. En los últimos diez años se han hecho grandes esfuerzos por reformar el sistema judicial colombiano y, en particilar, por menguar las prácticas corporativistas y reacias a la rendición de cuentas que existen en su interior, sobre todo en las altas Cortes. Son muy pocas y muy parciales las investigaciones que se han hecho en Colombia sobre las facultades de derecho, y menos aún sobre el ejercicio profesional de jueces, abogados litigantes, árbitros, notarios y funcionarios públicos. Sorprende ver cómo, no solo los abogados, sino también los sociólogos, los politólogos y los antropólogos se han desentendido de la profesión jurídica. Tal vez esto se deba a que los científicos sociales en Colombia han tratado de explicar nuestros problemas más apremiantes, como la violencia y la desigualdad, a partir de fenómenos tales como la concentración de la tierra, la debilidad del movimiento social o la falta de apertura política, y se han despreocupado por estudiar el Estado y los actores institucionales desde una perspectiva sociojurídica. Con este libro intentamos llenar ese vacío en los estudios de sociología jurídica y, en general, en los estudios sobre el funcionamiento del Estado. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/la-profesion-juridica-en-colombia/

Esta cartilla busca contribuir al entendimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en general, y de la Comisión de la Verdad, en particular. Para eso se ofrecerán una serie de conceptos que permitan comprender la relevancia de la misión de la Comisión de la Verdad como parte del Sistema Integral para contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad en clave de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. La cartilla consta de dos partes. La primera parte aclara en qué consiste el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y cómo la Comisión interactúa con las demás instituciones del Sistema Integral. En la segunda parte se ofrece un catálogo de los conceptos que son clave para entender el rol de la Comisión dentro de la justicia transicional en Colombia. Esta cartilla es un recurso que las ciudadanas y los ciudadanos tendrán a la mano para reconocerse dentro de su interlocución con los componentes del Sistema Integral, en especial la Comisión de la Verdad. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/conceptos-clave-para-el-sivjrnp/

En “Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras” se encuentran los resultados de una investigación acerca de las ocupaciones secundarias en el proceso de restitución de tierras previsto en la Ley 1448 de 2011, elaborado a partir del análisis a profundidad de algunos casos en el departamento de Sucre. En el curso de la investigación se identificaron y analizaron dos problemáticas relacionadas: las dificultades de implementación de la política pública de restitución de tierras, particularmente las que han surgido a raíz de la situación de los segundos ocupantes vulnerables y la respuesta estatal que se le ha dado a la problemática, así como la situación de aqullas personas que, sin estar en una condición de vulnerabilidad socioeconómica en el presente, podrían legítimamente solicitar una atención del Estado para evitar una acción con daño. El principal planteamiento es que existe una respuesta institucional a los problemas asociados a los segundos ocupantes, pero que se observan fallas en la implementación de dicha respuesta institucional al menos en dos niveles: en primer lugar, en relación con los segundos ocupantes vulnerables, frente a los cuales se identifican algunas barreras de acceso que dificultan su efectiva y temprana atención, y que involucran la actividad de varias instituciones competentes dentro del proceso de restitución de tierras; en segundo lugar, en relación con otro tipo de segundos ocupantes que, sin ser vulnerables, legítimamente merecerían recibir la atención del Estado, pues como efecto de la restitución podrían caer en lo que acá se denomina como vulnerabilidad sobreviniente. Frente a estos es posible y legítimo, por vía de interpretación, que se les reconozcan y apliquen las mismas medidas desarrolladas para los segundos ocupantes vulnerables. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-segundos-ocupantes-en-el-proceso-de-restitucion-de-tierras/