Este escrito surge como consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el cual se puso en evidencia una tensión entre estas altas cortes frente a "La Responsabilidad Patrimonial del Estado por Omisión del Legislador en Colombia", denotando dos posturas: la primera establece que el Estado no es responsable, y la segunda está encaminada a demostrar la existencia de una responsabilidad. De lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento ¿El Estado colombiano es responsable por la omisión del legislador? la hipótesis que se plantea en el escrito es que por regla general el Estado colombiano no debe responder patrimonialmente por la omisión del legislador, en función a dar respuesta a este interrogante se analizó una sentencia de carácter internacional que reconoció responsabilidad patrimonial del estado de Italia y un caso colombiano formulado en una tesis de grado que argumenta la responsabilidad del estado por omisión en "la mutilación sexual femenina en la comunidad Embera Chamí", este escrito concluye que hasta el momento no hay un caso en el cual se haya declarado la responsabilidad del Estado por omisión del legislador en Colombia, sin embargo se plantea una excepción a la regla general.

In the first place, this research intends to delimit the internal and international regulatory framework in this area and, in this way, become a useful tool to advance the enormous challenge that implies the exercise of the fundamental right to abortion. Secondly, in a context marked by a medicalized and criminal vision of abortion, this research aims to show that talking about abortion does not only mean referring to a medical procedure or a crime, but also to a human rights issue, which implies talking about human dignity, physical and mental integrity and autonomy of women, girls and adolescents. To meet these objectives, the study is based on a review of the main international human rights standards that favor the recognition, protection and guarantee of sexual and reproductive rights and, in particular, access to abortion. Likewise, the investigation shows how Colombian constitutional jurisprudence has made use of these standards, how it has incorporated them into domestic law and how, even, it has exceeded them.