Por:
Juliana Zuluaga Madrid
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Fecha:
2014
Abstract:
Companies are increasingly faced with demands for access to information which until quite recently was considered to fall under business (confidential) secrets and out of bounds for public access. In the environmental sector, however, the Aarhus convention (international, regional law) was one of the first to kick-start discussion on bringing privately held information under public scrutiny, in particular where these companies can be considered to be fulfilling ‘public’ duties, such as water and energy providers. At the EU level, the directives on access to environmental information contain provisions on privately held data. Moreover, the overall transparency Directives and Regulations are being used increasingly to force private companies to hand over data with respect to lobbying activities, scientific reports, risk assessment etc., where this information is held by EU Institutions or by Member States authorities. The perceived change towards a more transparent governance model on environmental and energy matters raises several legal issues that need to be promptly addressed.
The paper examines the current provisions that support access to environmental information held by the private sector from an international and European perspective in order to identify tensions between the right of the people to know and other legitimate rights such as business confidentiality and intellectual property rights and the available tools to address them.
Resumen:
Las corporaciones han sido objeto de crecientes solicitudes de acceso a información que hasta tiempos recientes estaba considerada información confidencial de las empresas y fuera del alcance para el público. Sin embargo, en el sector ambiental, la Convención de Aarhus (derecho internacional/regional) fue una de las primeras en abrir el debate sobre el acceso público a la información en manos del sector privado, especialmente cuando estas entidades desarrollan funciones públicas como el suministro de agua y energía. A nivel de la Unión Europea, las Directivas sobre acceso a la información ambiental contienen disposiciones sobre información del sector privado, e incluso, las directivas y regulaciones generales sobre transparencia están siendo utilizadas cada vez más para obligar a las entidades privadas a entregar información sobre actividades de lobby, reportes científicos, análisis de riesgos etc. cuando esta información está en manos de las instituciones de la UE o autoridades de los Estados Parte. El cambio que se percibe hacia un modelo de gobernabilidad más transparente en materia de ambiente y energía presenta varias cuestiones legales que deben ser tratadas con prontitud.
El artículo examina las disposiciones actuales en las que se basa el derecho de acceso a la información ambiental en manos del sector privado desde una perspectiva de derecho internacional y europeo con el fin de identificar posibles tensiones entre el derecho a la información y otros intereses legítimos como la confidencialidad industrial y los derechos de la propiedad intelectual y las herramientas disponibles para resolverlos.
