En el escenario de justicia transicional colombiano los daños causados por terceros excombatientes o por los servidores públicos con dolo o culpa grave en el conflicto armado son garantizados por el Estado. Al respecto surgen distintas preguntas ¿cuál es la justificación iusfilosófica para esta garantía del deber de reparar? ¿Cómo le es imputable causal y jurídicamente estos comportamientos al Estado? ¿Merece el Estado ser condenado por tales eventos? Dichas preguntas son abordadas en clave teórico-filosófica en el artículo que sigue. Para ello, se utilizan teorías modernas sobre el rol del derecho de daños, como distribución de derechos y deberes de indemnidad, y las exigencias a las que responde, tanto en escenarios de normalidad como en escenarios de transición desde el concepto de planes sociales esbozado por Shapiro en Legalidad. Con base en este sustento epistemológico se analiza el Acuerdo de Paz de La Habana, así como las normas que le desarrollan, para concluir, que la justicia transicional permite moldear las instituciones básicas de la responsabilidad con una finalidad social: la superación del mal causado, la redención de los responsables, el revestimiento de las víctimas y el fortalecimiento del Estado social de Derecho.

El presente artículo analiza la congruencia entre el consentimiento sustitutivo en la esterilización quirúrgica de menores de edad en situación de discapacidad intelectual en Colombia y los principios de autonomía y no discriminación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sostenemos que el consentimiento sustituto en este procedimiento anticonceptivo con efectos definitivos es una violación a los principios de autonomía y no discriminación de la Convención. Como seres humanos nos encontramos en constante interacción social para lograr satisfacer nuestros intereses, en este sentido, no puede entenderse un concepto de autonomía como mera independencia, al contrario, debe reconocerse que la conseguimos en un ambiente social y jurídico. Desde esta perspectiva, la no discriminación implica la existencia de ese ámbito jurídico y social donde las personas en situación de discapacidad intelectual puedan ejercer y disfrutar sus derechos. Decimos que entender la discapacidad intelectual desde un enfoque médico significa poner a las personas en estado de vulnerabilidad. Con estos presupuestos, realizamos un análisis crítico de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia sobre el tema.