Seguridad social.--Sistema de Pensiones.--Ley 100 de 1993.--Precedente jurisprudencial de la calificación integral de invalidez.--Criterios a tener en cuenta para la calificación integral de invalidez.--Juntas regionales de calificación de invalidez.--

Dispone el artículo 8.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. El artículo 2.°, ordinal 3.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé el compromiso del Estado parte de consagrar en sus sistemas jurídicos un recurso judicial efectivo para proteger los derechos y libertades. En el contexto regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José también consagran ese recurso efectivo al que pueden acudir las personas en busca de protección de sus derechos y libertades. La Corte Interamericana hace lo propio en su jurisprudencia cuando señala: “ no basta con la existencia formal de los recursos sino que estos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención”. En Colombia, tal y como se contempla en el XVI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, “la tendencia universal de consagrar mecanismos de protección de derechos se abrió paso con el constituyente de 1991 que consagró diversos mecanismos de protección de derechos”. Establecido el encargo que hace el constituyente al Defensor del Pueblo (artículo 282) de invocar el derecho de habeas corpus e interponer acciones de tutela, populares, de grupo y de cumplimiento, de recibo se considera reafirmar, también, que los personeros municipales y distritales, como defensores institucionales de los derechos humanos en el territorio, tienen el deber de accionar los mecanismos constitucionales, de utilizarlos en su quehacer cotidiano, en procura de la defensa de los derechos individuales o colectivos, bien de quienes acuden en demanda de orientación e intervención, o bien de manera oficiosa. No hay que olvidar que los personeros son los defensores del pueblo en el municipio y/o distrito y que el Defensor del Pueblo ha delegado en ellos importantes funciones contempladas en la Resolución 638 de 2008, en la que se precisan los lineamientos generales para el litigio defensorial, en aplicación de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales.

El siguiente caso, conocido por el Consejo de Estado, es un claro ejemplo de una acción de tutela en contra de una sentencia.

Con fundamento en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, el objetivo del presente libro consiste en describir el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Se busca alcanzar un nivel de detalle suficiente para que sean explícitos los derechos subjetivos que se derivan de la consagración del derecho a la salud en normas de rango superior, los precedentes jurisprudenciales y las obligaciones correspondientes a tales derechos. Las diversas clasificaciones que aquí se ofrecen, buscan la mejor comprensión de dichos derechos subjetivos. Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho a la salud

Qué es la actuación defensorial.--Modalidades.--Actuación en conflictos sociales.--Lineamientos de actuación.--Fortalecimiento institucional.--Prevención de violaciones de derechos humanos.--Protección y defensa de los derechos humanos en conflictos sociales y en sus contextos.--

Derecho humano al agua.--Disponibilidad.--Accesabilidad.--Calidad.--Normatividad y reglamentación del derecho al agua. Servicios públicos domiciliarios.--Medio ambiente.--Políticas públicas.--Plan de desarrollo.--Iniciativas legislativas.--Indicadores del derecho humano al agua.--Del sistema.--Monitoreo del cumplimiento.--

En este capítulo hablaremos acerca de lo que debe contener el escrito de derecho de petición y de los requisitos mínimos que debe incluir: ciudad y fecha, nombre y cargo de la autoridad pública o privada, asunto y contenido.

Esta cartilla se publica para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020), en fallo de tutela de segunda instancia. Ello a causa de evidenciar una problema ca nacional en la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pací ca y no destructiva. Allí se dispuso que en el desarrollo de un mi n, reunión o acto de protesta las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos debían contar con planes de fácil comprensión y acceso para obtener acompañamiento y asesoría jurídica para quienes, en actos de protesta, resulten o se hayan visto afectados por un uso desmedido de la fuerza desplegada por el personal al mando de la seguridad de las manifestaciones. Tanto la PGN como la Defensoría del Pueblo han identificado que sus funciones en materia de seguimiento y garantia de las movilizaciones ciudadanas abarcan la protección de los derechos de toda la ciudadanía durante tres momentos: antes, durante y después de la movilización pací ca, de manera que se permita transformar el conflicto social subyacente a través del diálogo social sostenido y con la concurrencia de las entidades en cada etapa y en la materia que responda a las causas del conflicto o de los conflictos identificados y priorizados.

Aspectos de protección del derecho fundamental a la salud.--Criterios de la Corte Constitucional.--Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 en 2013.--Regímenes especiales.--Reforma estatutaria a la salud.--Derecho a la seguridad social.--Sistema general de pensiones.--Sistema general de riesgos laborales.--Incidente de Desacato.--Análisis de las tutelas interpuestas en 2013.--Negociaciones de las EPS.--Acción de tutela en Colombia 2012.--Negaciones de servicios por parte de las EPS en 2013.--

Testimonio de víctimas de la violencia.--Participación de las víctimas.--Memoria histórica