Hoja suelta de Rafael Olaya Ricaurte en la que señala que los trabajos adelantados para la construcción de un desague de la laguna Ovejeras, en el valle de Ubaté, son legales y han sido autorizados por el Estado, razón por la cual, no debe ser acusado de causar daños naturales. Para comprobar lo anterior, Olaya adjunta varios decretos y comunicaciones que avalan sus acciones.

El resultado: toda una población desplazada y 12 víctimas (entre secuestros, tortura, desaparición forzada y homicidio en persona protegida). Mientras los asistentes seguían llegando al Parque, los familiares de las víctimas se reunieron en el segundo piso de la antigua Cooperativa Cooagrosarare para participar de un espacio dedicado al acompañamiento psicosocial liderado por la psicóloga del CNMH, Ana Lorena González. Allí, aprovecharon para afirmar que lo más importante para ellos es que se reconozca, no solo la dignidad de sus seres queridos fallecidos, sino de toda la comunidad que tuvo que desplazarse. “Se murieron los líderes y con ellos las costumbres de toda una comunidad”, dijeron. Hacia las 9 am, los familiares, vestidos ahora con camiseta blanca y la frase “Recordando unidos. Por la vida y para la paz”, salieron al parque para reunirse con las personas que venían a acompañarlos. Kalia Ronderos, investigadora del CNMH, dio la bienvenida a todos los asistentes y afirmó que este evento era un homenaje por la memoria de las personas que perdieron la vida, pero que hoy son símbolo de resistencia y fuerza para toda una comunidad. Seguidamente, Carolina Restrepo, investigadora del CNMH y relatora del informe “Recordar para reparar. Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca”, agradeció a los familiares de las víctimas por haberle abierto las puertas de sus vidas y permitirles tener ese nivel de acercamiento. Asimismo, comentó que este acto y la entrega del informe eran un aporte en el proceso de reparación y dignificación de las víctimas de Corocito y Matal de Flor Amarillo, reconocidas en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra José Rubén Peña Tobón, Wilmer Morelo Castro y José Manuel Hernández Calderas, exintegrantes del BVA de las Autodefensas Unidas de Colombia. Debido a ello, y luego de cerca de 2 años de una investigación juiciosa, el CNMH hacía presencia de nuevo en la vereda para realizar este acto de reparación y hacer entrega del informe, el cual, explicó, es una forma para recordar lo ocurrido y dignificar la memoria de las víctimas, pues ninguna de ellas merecía la suerte que les tocó. Carlos Mejía, también relator del informe, procedió a hacer lectura en voz alta de cada uno de los perfiles biográficos de las víctimas fatales de la masacre de Corocito, todos ellos contenidos en el informe: Los hermanos Gonzalo y Pedro González Romero, Gregorio Rojas Cárdenas, José Elías Motavita Arévalo, Onésimo Leonel Tonocolia Macualo y Santos Yimmy Contreras Ramírez. Al finalizar la lectura, una a una de las familias de las víctimas pasaron al frente para recibir, de manos de los investigadores del CNMH, la fotografía de su ser querido, una ofrenda floral que representaba su arraigo con el campo y ejemplares del informe “Recordar para reparar”. Posteriormente, y luego de una sentida oración de uno de los familiares, uno a uno de los asistentes se apropió de la tarima; cantantes, poetas y grupos de joropo fueron pasando al frente para rendir un homenaje y acompañar a las familias. El Alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández, aprovechó también el momento para recalcar la importancia que tiene el no perder la memoria de los hechos tristes y reconocer que, por omisión del Estado, se llegó a ellos. “Los araucanos son gente capaz de sobreponerse a las dificultades”, dijo. Para finalizar, Carolina Restrepo invitó a todos los asistentes a sembrar una palma de Corozo en el parque, como símbolo de una comunidad que vuelve a unirse y a recuperar sus costumbres. Explicó que este lugar se va a convertir en el futuro lugar de memoria de la vereda y se va a llamar Parque Representativo de la Paz de El Macaguán, un espacio que será dedicado a la memoria de los fallecidos en ausencia de sus cuerpos. Al terminar, todos se dirigieron a la discoteca para pasar un rato agradable en comunidad y comer ternera a la llanera con sancocho.

El informe Memorias en tiempo de guerra establece una tipología de iniciativas de memoria y analiza algunos casos de organizaciones y comunidades que han trabajado desde esta perspectiva. Un conjunto de productos complementan el presente informe: el Multimedia Memorias expresivas recientes. Resistencias al olvido; una base de datos de iniciativas sociales de memoria y el documental Mampuján: Crónica de un desplazamiento.

El despojo y abandono de tierras y sus implicaciones directas en el desplazamiento forzado de la población rural son un fenómeno complejo de reordenamiento de las relaciones sociales y políticas de un territorio. Ese fenómeno se va trasformando a través del tiempo, y se vuelve sofisticado a medida que la violencia directa va siendo reemplazada por mecanismos menos visibles utilizados para usurparle la tierra a los pobladores del campo. La tierra aparece como un instrumento del control de territorios y poblaciones, y en sociedades con pocas oportunidades de trabajo e ingreso, es fuente vital de subsistencia de los campesinos y las comunidades rurales. Además es una fuente de poder político para las elites y grupos armados ilegales que deriva en todo tipo de violencias y genera innumerables víctimas. En la primera fase de esta investigación (2009) de la línea de Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se explora esta problemática en los departamentos Córdoba, Sucre y el centro de Bolívar.

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) investiga los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002, cuando aproximadamente 80 personas murieron (entre ellos 48 menores) luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC, contra la iglesia de Bellavista (casco urbano del municipio de Bojayá) en donde la población se refugiaba. La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó. Este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha vivido Colombia, a la vez que es un punto culmen de la degradación del conflicto armado que aún padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas del medio Atrato y del departamento de Chocó. Esta acción violenta evidenció la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad.

Primer Gran Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sobre la masacre sucedida en el Municipio de Trujillo, Valle del Cauca, entre 1988 y 1994. Este municipio ha sido escenario de una violencia múltiple y continuada en ese periodo, en el cual se registraron, según los familiares y organizaciones humanitarias, 342 victimas de homicidio, tortura y desaparición forzada. Actores de todo tipo confluyeron para representar un espectáculo de horror que aún hoy sacude la conciencia de sus pobladores, en medio de la más aberrante impunidad. Este caso Ilustra el impacto desarticulador del terror que han vivido tantas comunidades y las dinámicas perversas del conflicto armado interno en todo el país. La memoria histórica que reconstruye este informe sigue teniendo numerosos rasgos de presente.

Impreso en el que Pedro López, ciudadano de Ubaque, denuncia ante el prefecto del departamento que durante los allanamientos a su propiedad por parte de la fuerza pública, ha sufrido abusos de autoridad que han perjudicado el estado de sus bienes.

Documento en el que Antonio Nariño responde a las acusaciones anónimas que lo inculpaban de cometer fraude y perjudicar los intereses de Manuel Ibañes. Nariño se defiende y asegura que la desconfianza y denuncias de Ibañes ocasionaron su ruina.

Hoja suelta en la que Manuel Carvajal se defiende de las acusaciones publicadas por Rafael Argáez, su antiguo socio. Según Carvajal las irregularidades que se produjeron en la asociación llamada Casa Argáez y Carvajal se debieron al mal manejo de los negocios hechos por Argáez, gerente y administrador, y no por él, debido a que era socio pasivo.

Hoja suelta en la que la Guardia Cívica de Popayán reproduce la correspondencia entre José María Obando, Ministro de Guerra de la Nueva Granada, y Francisco Dionisio Vives, Gobernador de Cuba, publicada en el periódico El Colombiano de Guayaquil en 1832. La publicación de las misivas tenía como propósito presentar a Obando como un traidor.