Por:
Jorge Iván Hurtado Mora
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Fecha:
2020
Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación.
Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente.
No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental.
En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.
Fuente:
Universidad Externado de Colombia
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