El estudio del crecimiento de las grandes ciudades, específicamente en las zonas de las periferias urbanas, se relaciona con el deterioro ambiental debido a la urbanización. Si se estima que a partir de 2008 más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas (Aguilar, 2009, p. 5), este sector se ve afectado por el hacinamiento, la segregación y el deterioro de las ondicionantes físicas, que van a repercutir en los aspectos sociales dentro de las localidades. Este gran crecimiento urbano se ha desarrollado, por lo general, con la ausencia de una planeación ambiental. Por ello, es necesario incluir en el desarrollo urbano los lineamientos hacia la conservación del ambiente y la rehabilitación del territorio.El futuro de las ciudades dependerá, en gran medida, de las acciones que se realicen ahora. Dado que el desarrollo urbano es inevitable, se requiere planear los asentamientos urbanos mediante un desarrollo sustentable, de manera que ofrezcan alternativas tecnológicas basadas en la realidad de países latinoamericanos.En el área periférica de la zona metropolitana de Guadalajara se toma como caso de estudio la localidad de La Venta del Astillero que, por sus características de acceso y funcionalidad, permite desarrollar una serie de criterios e indicadores hacia la sustentabilidad urbana, la cual puede tomarse como modelo de otras comunidades de la periferia urbana.

El deficiente conocimiento científico sobre la cantidad y calidad del agua, el indebido y desbordado uso, y la contaminación creciente del recurso hídrico son una realidad en Colombia. Los esfuerzos en su administración requieren de nuevos marcos regulatorios, una racionalidad en los instrumentos de uso y control, y mayor coordinación institucional, pues crecen las autoridades competentes. Esto afecta también a las aguas subterráneas, que ya no pueden verse como recurso que tenemos en ahorro y al que alguna vez acudiremos, sino como una fuente cada vez más demandada y origen de conflictos que no hemos previsto. En este documento confiamos en que una más eficiente gestión del recurso hídrico que parta de mayor conocimiento de la regulación existente y de su revisión con propósitos jurídico-científicos puede contribuir a la prevención de conflictos sociales.

Cuando se publicó, Laudato Si’ coincidió con una reflexión nacional acerca de si el modelo económico-capitalista fundado en el desarrollo sostenible adoptado por Colombia en su Constitución Política era suficiente para garantizar la sobrevivencia de la sociedad hacia el futuro, dada la forma como seguimos utilizando los recursos que lo hacen posible. Como católicos, y en relación con ello, como producto de una sincera reflexión ética, llegamos a la conclusión de que visto así el desarrollo sostenible no es tampoco la salida adecuada. Y en gran parte fue la Encíclica Laudato Si’ la que nos permitió llegar a la conclusión práctica y ética de que si seguimos usando los recursos naturales de que disponemos como lo venimos haciendo, de forma que los entreguemos a las siguientes generaciones en las mismas condiciones no es suficiente, pues ello plantea un futuro de igual o peor calamidad ambiental. De esa misma conclusión derivamos que el Derecho debe cambiar paradigmas en su papel de mediador en la sociedad.

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Uno a veces se pregunta por qué hace las cosas. Algunas veces encuentro la respuesta a esta pregunta en el simple hecho de que el ser humano tiene una tendencia abrumadora e incontrolable para complicarse la vida y tiende a una autodestrucción que deviene de su necesidad de desarrollarse. Esa inquietud por el sentir, por el hacer y por el pensar de su vida lleva al cambio de manera incansable.

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en construir un marco sólido de políticas públicas ambientales y reglamentaciones de todo nivel orientadas a darles a los residuos sólidos una gestión integral en aras de minimizar los impactos ambientales generados. No obstante lo anterior, los residuos sólidos siguen siendo uno de los más importantes problemas ambientales que debe enfrentar el país no solo por el aumento en la generación de los residuos y su bajo aprovechamiento, también por la situación de disposición final incontrolada que aún persiste en algunas regiones la cual genera inconvenientes sanitarios y ambientales. Bajo este contexto, el presente escrito revisa la evolución de las políticas públicas y de la normatividad ambiental con el fin de evidenciar los avances que han tenido.

La Sentencia T-622 de 2016 reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Con esta decisión se podría afectar el concepto jurídico de medio ambiente, y para verificar si ello es posible, en este capítulo se estudian las bases de la decisión y se verifica una débil argumentación de la categoría jurídica propuesta, en razón a una indebida aplicación del principio de precaución y a la inexistencia de un análisis de la “personalidad jurídica”. Igualmente, se estudia el paradigma propuesto y la suficiencia de esta decisión judicial como un mecanismo jurídico que logre un equilibrio entre las medidas ordenadas, las adoptadas, el tiempo y los recursos invertidos que, en definitiva, conduzca a una verdadera protección, mantenimiento, restauración y conservación de los recursos naturales, verificando dificultades en su efectividad.

Tanto en los escenarios globales como en los locales existe una preocupación generalizada acerca del agua como recurso. Es por esa razón que para comprender de qué manera se pueden responder interrogantes frente a su manejo, planificación y conservación, es necesario determinar cuáles son los principios constitucionales que rigen la aplicación y ejecución de las medidas que se tomen frente al recurso hídrico.

El presente artículo pretende dilucidar si la normativa constitucional chilena da cabida a la existencia y soporte de aquellas titularidades que la doctrina del derecho comparado ha denominado derechos de la naturaleza. De la consagración constitucional del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza–concebido como una obligación independiente al imperativo de velar para que el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado– ha venido surgiendo el reconocimiento jurisprudencial de un derecho correlativo autónomo, cuya finalidad es la supervivencia de los ecosistemas. Estos derechos –a los que indistintamente denominaremos derechos ecológicos– han venido cuajándose, tímidamente, en las manos de los jueces al amparo del principio precautorio. Es así como este deber de tutelar la preservación de la naturaleza abandona ese letargo y comienza a manifestarse en el entorno jurídico con repercusiones directas en el cuidado preventivo y en la restauración de la naturaleza, especialmente en materia de aguas.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.