Gracias al acuerdo suscrito entre el Ministerio del Media Ambiente y Ia Sociedad de Agricultores de Colombia, con el apoyo de FENALCE y CONALGODON, fueron elaboradas las "Gulas de manejo ambiental para el subsectores cerealista y Algodonero del país. Las guías ambientales fueron concebidas como herramientas de trabajo tanto para las autoridades ambientales como para los productores del sector agropecuario. Estas guías buscan mejorar Ia planeación y gestión ambiental de los procesos productivos, así como servir de instrumento de control por parte de las autoridades ambientales.

"El doctor Castaño Peña presenta aquí una notable contribución que, con ligeras modificaciones, reproduce su tesis doctoral, defendida el pasado curso académico 2018-2019 en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis, que tuve la satisfacción de dirigir, recibió la máxima calificación, por unanimidad. Al objetivo mérito de abordar el detalle de la gestación, el recorrido aplicativo y la interpretación de las cláusulas de disciplina fiscal y de estabilidad presupuestaria, de reciente articulación en las constituciones de Colombia y España, suma esta obra el acierto de su consideración en relación con la cláusula constitucional de Estado social. Y en eso estriba, sin duda, el mayor interés de esta relevante aportación doctrinal. A lo largo del estudio relativo a esas constitucionalizadas cláusulas muestra el autor una gran desenvoltura tanto en el manejo de conceptos basilares de la teoría del Estado y de la Constitución como en el tratamiento de las cuestiones concretas en uno y otro ordenamiento y mediante un aseado empleo de categorías económicas de un modo solvente y, por lo demás, inusual entre los constitucionalistas. Seguramente, el autor habría podido ampliar el foco de su estudio a fin de apreciar el grado de incidencia que esas cláusulas hayan podido tener en la vertiente democrática y de derecho del Estado constitucional (ahondando, incluso, en su caracterización tipológica entre las normas constitucionales). Y ello le habría permitido, quizás, enfatizar lo que de constreñimiento del pluralismo encierran articulaciones tan puntillosas de contenidos disciplinarios de las políticas democráticas. Sin embargo, lo cierto es que, mediante su restricta consideración de la vertiente social de la definitoria cláusula de Estado social y democrático de derecho, el autor alcanza a poner de manifiesto su propósito de avanzar en el anclaje constitucional de su faceta o vertiente social, mediante una interpretación comprensiva de las cláusulas de disciplina fiscal y presupuestaria que, lejos de automatismos simplificadores contrarios a la exigencia de sistemática interpretación de las previsiones constitucionales, se pretende contextualizar y modular en consonancia con las finalidades de las cuales es cifra la constitutiva cláusula de Estado social. En esa disposición, el autor apunta a la conclusión de que la articulación constitucional de esas exigencias de disciplina fiscal y presupuestaria no supone per se un cuestionamiento de la efectiva vigencia de la cláusula de Estado social. Sin perjuicio, pues, de la episódica regresión en unos u otros ámbitos de la política social, a resultas de la efectiva práctica del pluralismo político y, en todo caso, de coyunturas económicas (pues solo al amparo de un férreo dogmatismo cabría imaginar políticas sociales indemnes y a salvo de toda posible regresividad), esas previsiones constitucionales demandarían interpretaciones equilibradas, menos desajustadas, mediante una lectura comprensiva a la luz de la definitoria cláusula de Estado social"

Este artículo trata de la gestión ambiental concebida por el ordenamiento Constitucional de 1991 y delineada por la Ley 99 de 1993. El principal referente de análisis es el Sistema Nacional Ambiental –sina–, creado por el cuerpo normativo referido para concretar una carga amplísima de preceptos que expresa o tácitamente buscaban en la Carta Política asegurar la sostenibilidad, el ahorro, la planificación y la vigilancia de los recursos naturales renovables. No se trata por demás de realizar un ejercicio descriptivo después de años de implementado el sistema. Lo que sí cobra vigencia, y por tanto constituye la verdadera orientación de este documento, es consignar una serie de reflexiones que se decantan al analizar cada elemento que estructura el sina. Los retos presentes y futuros que se avizoran para el país en materia ambiental son varios y diversos, y si se tiene en cuenta que este elemento es definitivamente transversal en la relación Estado-sociedad-sector productivo, ello implica que las estructuras, instrumentos de planeación, políticas públicas, entidades establecidas, sean lo suficientemente capaces de afrontar con eficacia dichos desafíos, no teniendo otro fin que salvaguardar el derecho superior que consagró con coherencia el artículo 79 de la Constitución Política de 1991.

El contexto empresarial hace que las empresas tengan que competir en mercados cada vez más globalizados. Ello obliga a buscar estrategias y soluciones que permitan a todos los actores estar informados, utilizar su conocimiento y aplicarlo en los productos y servicios que elaboran. En este sentido, cobran especial importancia los flujos de información y conocimiento. Es por ello que esta investigación busca responder las preguntas ¿por qué se habla tanto de flujos de información y conocimiento?, ¿cómo la literatura científica refleja estos temas?, ¿en qué concepciones se apoya?, y ¿con qué procesos se vincula? Para responderlas se realiza un análisis teórico sobre los flujos de información y conocimiento lo que ha permitido detectar las aportaciones y limitaciones de ambos temas, así como proponer un enfoque superior que los absorba e integre.

El presente protocolo de producción agroecológica, contempla desde aspectos básicos y desarrollo de la agroecología: bases conceptuales, historia y definiciones, enfoque de la agricultura convencional y su impacto en el ambiente, políticas públicas para la propagación de la agroecología, contexto de buenas prácticas agroecológicas, sus ventajas e implicaciones; y aspectos básicos de la legislación aplicable. Lo anterior, con el fin de propiciar esta práctica y de esta manera pueda ser objeto de estudio en los diferentes centros de investigación de Universidades que aún no involucren esta temática en sus planes estudiantiles. El presente protocolo fue basado en la “Guía normativa de agricultura orgánica”, realizada por la “Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana – FUNDAFRO”, en convenio 052 de 2017 con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

La inocuidad de los alimentos es hoy en día una preocupación mundial tanto para los consumidores como para las autoridades y la atención se centra principalmente en la producción primaria, ya que en la mayoría de los casos el origen de los problemas está en las primeras etapas de las cadenas productivas. Esta atención se da hoy con un enfoque integral y preventivo a lo largo de la cadena agroaUmentaria, y su consolidación requiere no solo de un marco reglamentario y normahvo favorable sino de su comprensión por parte de todos los actores y sobre todo, de un alto nivel de conclenllzaclón y compromiso de ellos para lograr un manejo adecuado de los nesgos tanto qulmlaos como biológlcos asociados con la producción primaria.

La papa es el principal cultivo de zona fría del país. Los departamentos más importantes son Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y los Santanderes. El área cultivada anualmente es de aproximadamente 180.000 hectáreas: el número de familias que practican el cultivo es de 90.000, las cuales generan cerca de 20.000 jornales al año.

Papa-Solanum tuberosum

Las zonas de amortiguamiento en ecosistemas de páramo juegan un papel crucial como corredores biológicos y reguladores ambientales. Estas áreas brindan oportunidades para establecer negocios verdes y actividades productivas sostenibles que generen ingresos sin comprometer la biodiversidad. Ejemplos de estos emprendimientos incluyen cultivos agroecológicos, sistemas de ganadería silvopastoriles, apicultura, turismo rural y arqueológico, y elaboración de artesanías. Al adoptar técnicas como la rotación de cultivos, el compostaje y el manejo integrado de plagas, se reduce el uso de agroquímicos y se conserva la fertilidad del suelo. Estos negocios verdes ofrecen múltiples beneficios: generan empleo local, preservan servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, contribuyen en la captura de carbono y fomentan la soberanía alimentaria. Sin embargo, enfrentan retos como la falta de incentivos, el acceso limitado a mercados y la necesidad de capacitación técnica. Con planificación adecuada y el compromiso de comunidades, autoridades y empresas, las zonas de amortiguamiento pueden convertirse en modelos de desarrollo sostenible, combinando conservación ambiental con oportunidades económicas responsables para las poblaciones locales.

En la actualidad, el productor agropecuario enfrenta una constante incertidumbre ante el futuro de su actividad y el crecimiento de los costos de producción, pues además de los problemas climáticos, tiene una amplia competencia en los mercados nacionales e internacionales. Por esta razón, el convenio No. 000152/05 entre el SENA y la SAC, con la asesoría técnica y participativa del ICA, tiene como objetivo capacitar agricultores, asistentes técnicos, personal docente y autoridades regionales del sector agropecuario para suministrar las herramientas técnicas en materia sanitaria y organizacional, que permitan el acceso a un mercado global, cada día más exigente y preparado. Las fortalezas productivas de Colombia se concentran en la gran diversidad de productos agroalimentarios que se pueden ubicar en los mercados. Esta realidad debe complementarse con volúmenes de producción constantes, que cumplan con los requisitos fito y zoosanitarios exigidos desde la siembra o el desarrollo de especies pecuarias, hasta su adquisición por parte del consumidor.