Impreso en la que Francisco Montoya, prefecto departamental de Antioquia, informa sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la región y que conllevaron a la perturbación del orden público y generaron diferencias entre las autoridades civiles y militares. Al final del documento aparecen varias cartas que reafirman lo sucedido.

El presente artículo muestra las reflexiones etnográficas de una investigadora que indaga sobre el rol de un grupo de mujeres dentro de la comunidad del Software Libre en Colombia. Particularmente se problematizan las maneras en que la práctica etnográfica, desde las perspectivas feministas, contribuye en la (re)construcción del género como una categoría analítica en las realidades sociales que estudia

La equidad de género para las mujeres de ha convertido en parte de la agenda pública, hoy Colombia cuenta con un amplio marco legal y de políticas públicas en este sentido. Desde el Gobierno Nacional estamos comprometidos en un trabajo permanente e interinstitucional orientado a superar la discriminación, la desigualdad y la violencia que han sufrido las mujeres colombianas. En esta línea y con el propósito de dar continuidad al proceso iniciado en el año 2009, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer realizo una segunda medición del estudio de tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres. Esta II encuesta de medición reporta insumos de gran valor para la comprensión y la focalización de acciones más precisas para prevenir, atender y proteger de las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres en el país. El objetivo del informe es establecer la segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres en materia de representaciones sociales e imaginarios culturales en los que se sustenta la naturalización de las violencias contra las mujeres y que sea comparable con los resultados del estudio de base realizado en 2010

Letras y Encajes publica su primer número en 1926; esta revista fue fundada por mujeres de la clase dirigente de Medellín, muchas de ellas socias de la institución cultural Centro Femenino de Estudios (Sofía Ospina de Navarro, Teresa Santamaría de González, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echavarría), a lo largo del tiempo se consolidó como la revista femenina más importante del país, dirigida a mujeres de la clase alta y media, abordaba temas que giraban alrededor del hogar, la religión, la literatura y la moda de la época. La revista circuló mensualmente hasta 1959. Sus principales redactoras eran mujeres, pero contaba con la colaboración ocasional de algunos hombres y con traducciones de autores y autoras extranjeras.

Las categorías Genero, Profesión y Cultura constituyen tres dimensiones para interpretar crítica y científicamente los avatares en la construcción de la identidad académica y profesional de los trabajadores sociales. Este análisis permite develar los condicionantes de la subalternidad de un quehacer generizado y revalorar su contribución al desarrollo de los saberes y encargos históricos asignados por la sociedad al trabajo social.

El cultivo y exportación de flores, presente en el país hace aproximadamente cuarenta años, sigue constituyendo no solo un importante reglón de la economía nacional, sino una fuente de empleo para un gran número de mujeres, y es eje de la conformación de comunidades que entretejen sus vidas en torno a la floricultura.

El articulo describe la situación de conflicto armado en el municipio de Riosucio, departamento de Caldas, y examina los efectos de este sobre la familia, tomando como referencia, no solo los impactos sobre ella en cuanto grupo social, sino también los efectos diferenciales del conflicto sobre sus miembros según el género, la generación y la etnia (embera chami). A modo de conclusión, se hace una reflexión general sobre la forma como, además de los efectos derivados del conflicto armado sobre las familias, estas deben soportar en los territorios de conflicto impactos relacionados con situaciones sociales, económicas y políticas, que empeoran su situación.

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (la “Conferencia de Beijing”) fue un acontecimiento histórico desde el punto de vista de las políticas, pues en ella se estableció un marco mundial de políticas para hacer progresar la igualdad de género. Trascurridos 10 años desde la Conferencia de Beijing, en marzo de 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas presidió una reunión intergubernamental que tuvo lugar en Nueva York para examinar los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Este acontecimiento, conocido como “Beijing +10”, tuvo un perfil decididamente bajo. Su meta no era definir una agenda, sino confirmar la agenda existente; no se proponía formular políticas, sino afirmar las existentes. La pregunta que se hacen muchos movimientos femeninos internacionales es si este evento forma parte de un esfuerzo mundial en curso a favor de la igualdad de género o si señala el deterioro de este proceso. En el presente trabajo, que se alimenta de la investigación que se hiciera para el informe de UNRISD titulado Igualdad de género: La lucha por la justicia en un mundo desigual, se reflexiona sobre la historia ambivalente de los avances que han logrado las mujeres en las últimas décadas y se examina la forma en que el entorno de políticas ha cambiado durante todo el tiempo transcurrido desde que se celebrara el evento que ha constituido el punto culminante de los movimientos femeninos mundiales. A partir de una serie de indicadores utilizados comúnmente para medir el “avance de la mujer”, el documento sostiene que el historial de logros en materia de igualdad de género es más ambivalente y las influencias causales más diversas y menos unidireccionales de lo que en ocasiones se supone. También se indica que las políticas de desarrollo tienen un importante papel que desempañar para garantizar la obtención de resultados y que la primera fase de las reformas estructurales (que datan desde principios de los años 80) fue en muchos sentidos negativa para la mujer. En los 10 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing, se han dado algunos cambios importantes en la política de desarrollo internacional y una valoración cada vez mayor de la necesidad de formular políticas sensibles a la cuestión de género. Para finales de los años 80, el “fundamentalismo de mercado” y la terapia de choque habían perdido buena parte de su atractivo, abriendo así espacio para nuevas ideas y enfoques sobre políticas y prácticas de desarrollo. El creciente descontento con los efectos sociales de las reformas y las críticas que han formulado importantes economistas de las instituciones financieras internacionales (IFI) han generado un cambio de políticas que con frecuencia se denomina el “Consenso post-Washington”. Las nuevas políticas han demostrado una disposición a brindar mayor atención a las inquietudes sociales y políticas, lo cual puede constatarse en conceptos como “capital social” y “buen gobierno”. La política social y, en especial, la reducción de la pobreza lograron ascender en la escala de prioridades internacionales durante los años 90. No obstante, tras este aparente consenso que se forjase en torno al vocabulario compartido de “pobreza” y “protección social”, existen interpretaciones encontradas de la política social en razón de las diferencias en cuanto a los valores, prioridades y visiones de la responsabilidad del Estado. Existen serias preocupaciones sobre si se está brindando o pueden brindarse opciones sostenibles para superar la pobreza en un contexto donde no existen medidas apropiadas de creación de empleos y de regeneración regional. Habida cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el trabajo doméstico no remunerado recae sobre la mujer y que tiene menos acceso al dinero y a las oportunidades de generación de ingresos, es probable que la redefinición de la responsabilidad del Estado y el papel preponderante conferido a las fuerzas de mercado incidan negativamente sobre el tiempo y el acceso de la mujer a los beneficios sociales. El retiro del fundamentalismo de mercado ha permitido una rehabilitación parcial de la función del Estado como actor protagónico en el desarrollo, y se ha enfatizado el “buen gobierno” a través de la democracia, la participación, la descentralización y la integración de la sociedad. Una interpretación integral de la agenda del “buen gobierno” abarcaría la liberalización política, la participación, los derechos humanos y atender los problemas de desigualdad social como parte del compromiso fundamental con la democracia. Esta agenda comprendería cuestiones como la legitimidad del Estado y problemas de capacidad y rendición de cuentas que los movimientos sociales y los movimientos femeninos han confrontado durante décadas. Si bien las reformas de la gobernanza pueden y deben atender las cuestiones relativas a la legitimidad del gobierno y la participación pública de los grupos socialmente marginados, tales reformas se han visto frecuentemente dominadas por una preocupación más limitada. De allí que, si bien la reciente atención que han prestado los donantes al “buen gobierno” es un acontecimiento positivo, mucho depende de cómo se interprete tal hecho. Una buena parte depende de si, por un lado la democratización de la política y la participación de los grupos sociales marginados se entienden como parte integral de los objetivos de la reforma y se incorporan al cambio institucional y, por otro lado, si la reducción de las desigualdades sociales y de género figura entre los principios fundamentales que orientan el programa de transformación institucional del Estado. Existen algunos aspectos del actual clima político internacional que limitan las posibilidades de que esto se cristalice, a saber, el aumento del poder político de las fuerzas conservadoras en los Estados Unidos y otros países y los sucesos del 11 de septiembre. Aunque el primero de estos hechos ha llevado a la adopción, por parte de Estados Unidos y con el apoyo de las fuerzas religiosas, de políticas conservadoras en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, el último ha llevado a que se preste más atención y se asigne más financiamiento a la “seguridad”, en detrimento del desarrollo y los derechos humanos. En este trabajo se analizan la forma en que estos cambios en la política y el clima político internacionales en la última década han propulsado el surgimiento de nuevos problemas y desafíos para quienes participan en los movimientos femeninos mundiales.

Este libro presenta un balance crítico de las investigaciones sobre sexualidad del campo de las ciencias sociales y humanas realizadas en Colombia entre los años de 1990 y 2004. Tiene como propósito presentar un amplio panorama de los estudios disponibles, así como exponer los procedimientos metodológicos y los hallazgos más destacados de la literatura revisada. La propuesta de inventariar la producción bibliográfica sobre sexualidad en el país es una iniciativa promovida por el Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) y llevada a cabo en el seno del Grupo de Estudios en Género, Sexualidad y Salud en América Latina (GESSAM), adscrito a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Con la intención de realizar un balance del conjunto de las investigaciones sobre sexualidad en la región, en el marco de las actividades del CLAM, estados del arte similares fueron realizados en Brasil, Argentina, Chile y México (de próxima publicación). En Colombia los temas relacionados con la sexualidad han convocado de manera creciente a investigadores de diferentes áreas. Pese a su reciente conformación como campo de interés (que data principalmente de la década de 1990), importantes recopilaciones y ensayos ya recogen las principales discusiones sobre estas temáticas en el país. La producción de tesis de pregrado y posgrado con foco en este ámbito es cada vez mayor, así como la divulgación de investigaciones en seminarios y congresos. Si se considera el reducido número de investigadores y grupos dedicados a este tema, puede afirmarse que su institucionalización en el ámbito académico está todavía en curso. Además de los trabajos realizados en el ámbito universitario, la labor empírica de producir conocimiento sobre sexualidad en Colombia ha sido liderada por entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales (ONG), que han contribuido a la configuración de un panorama bastante plural de este campo.

Con este documento la Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, da a conocer los resultados de un proceso de seguimiento implementado desde el 2008, a las Recomendaciones que hizo el Comité de la CEDAW al Estado colombiano en enero de 2007. El proceso fue realizado por mujeres integrantes de organizaciones de las regiones de Montes de María, Meta, Magdalena Medio y Bogotá Distrito Capital. En el año 2008 la Procuraduría General de la Nación, responsable de hacer cumplir las leyes y de demandar la garantía de los derechos humanos acompañó el proceso; desafortunadamente por diferentes motivos y especialmente por incompatibilidad de intereses, en el año 2009 no lo hizo.