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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

El silencio administrativo es un mecanismo de protección instrumental del administrado, que ofrece cierta efectividad al derecho constitucional de petición. Mediante el silencio administrativo se crean consecuencias jurídicas de la inactividad de la Administración, cuando esta no responde al cabo de un tiempo definido las peticiones o recursos que se le presentan. El silencio puede ser sustantivo o material, cuando se refiere a una petición que no tuvo respuesta sobre el fondo, o puede ser procesal o adjetivo, cuando la ausencia de respuesta se refiere a un recurso administrativo, interpuesto contra una decisión.

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Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Por medio de este artículo se pretende establecer que los miembros de la Fuerza Pública afectados en su vida e integridad personal por el empleo de minas antipersonal por parte de los grupos guerrilleros son, en efecto, víctimas de un crimen de guerra en razón de las disposiciones de derecho internacional humanitario consuetudinario que prohíben el empleo de medios y métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios a la parte adversa. Que exista claridad en lo anterior resulta imperativo, dado que Colombia se encuentra inmersa en un contexto de justicia transicional que aunque establece ciertos incentivos con la finalidad de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, exceptúa de la concesión de amnistías e indultos a quienes hayan cometido graves crímenes de guerra, entre otras violaciones. En consecuencia, aún en una situación excepcional como es la aplicación de instrumentos de justicia transicional, deberá garantizarse la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, como en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública víctimas de un medio ilícito de combate.

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Conflicto armado

Por: Bernardo Carvajal Sánchez | Fecha: 2020

En Colombia, relacionar jurídicamente la paz, la salud y el derecho administrativo, de manera adecuada y sistemática, es una tarea inacabada para el Estado y la sociedad. En la actualidad, con ocasión del proceso de paz más importante de los últimos tiempos, adelantado para poner fin al conflicto armado interno con las FARC, esa tarea se impone con mayor urgencia si se pretende erradicar la exclusión, el maltrato o la mala calidad de la salud, como causas tenidas en cuenta por algunos para entrar en rebelión. Las vías del derecho constituyen ahora el único camino a seguir, no solo para construir en la práctica un Estado social de Derecho, sino también para que la violencia armada no sea nunca más considerada como una forma de hacer justicia.

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Procesos de paz

Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

Este artículo pretende evaluar la labor de desminado humanitario realizada por el Ejército Nacional por medio de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario. Esto, con la intención de dar a conocer cómo mediante el desminado humanitario el Ejército Nacional ha contribuido y sigue contribuyendo a la disminución del número de víctimas de minas antipersonal, a la reconstrucción del tejido social de las comunidades y a la construcción de una paz estable y duradera.

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Por: Édgar Solano González | Fecha: 2020

En Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 C. P.). La Corte tiene la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un control jurídico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material.

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Por: William Alejandro Gamboa Sierra | Fecha: 2019

Este capítulo aborda la concepción de patrimonio cultural en el contexto colombiano y analiza los resultados del proyecto Memoria, historia e identidad: un estudio de caso en el Colegio Jorge Soto del Corral de la Localidad de Santa Fe, desde la perspectiva del patrimonio cultural, con el objetivo de demostrar que los proyectos participativos de esa índole constituyen el primer paso para la integración de comunidades tradicionalmente invisibilizadas y como evidencia de la necesidad de que las instituciones encargadas de la patrimonialización den cabida a la voz de las y los jóvenes.

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Patrimonio cultural
Museos

Por: Ana María Pérez Herrán | Fecha: 2020

Este capítulo presenta algunas reflexiones relacionadas con la definición y alcance de la cartelización empresarial en Colombia y discute el papel de la evidencia circunstancial en el encuadramiento de la conducta objeto de estudio de parte de la autoridad de competencia. Así mismo, a partir de algunas referencias asociadas a la teoría microeconómica, se ilustra la relevancia que tiene para la autoridad de competencia el asignar recursos para desenmascarar este tipo de comportamientos.

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Por: Luis Ferney Moreno Castillo | Fecha: 2020

Este escrito está inspirado en el artículo de Juan Carlos Cassagne sobre La permanencia del servicio público como institución jurídica (crisis y metamorfosis)1. Con base en sus importantes aportes a la permanencia de la institución jurídica de los servicios públicos, nos hemos dado a la tarea de analizar el derecho de los servicios públicos vigente en Colombia, con el fin de determinar cómo esta institución permanece, es útil y ha vivido una renovación desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial. Es reconfortante leer a Cassagne2, quien dice que países como Brasil, Chile, Perú y Colombia no se concentraron a poner fin a la ideologización del concepto de servicio público; en cambio sí lo propone, para el caso colombiano, Palacios Mejía, quien habla de la inutilidad del concepto de servicio público.

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Por: Adriana Martínez Villegas | Fecha: 2020

Durante el 2017 el Departamento de Derecho Minero-Energético, de la Universidad Externado de Colombia, con sus grupos de investigación, estudió lo referente a las políticas públicas para el sector y esa fue, además, la temática abordada en las jornadas anuales que se programan para el debate de asuntos de importancia y de coyuntura para la industria. Para el presente 2018, se tuvo como objetivo revisar el estado de la regulación, con el propósito de identificar eventuales necesidades de mejora del marco regulatorio sectorial, a fin de impulsar su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que se ha visto seriamente afectado por factores internos y externos que han reducido significativamente sus resultados.

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Por: José V. Zapata L. | Fecha: 2020

Uno de los aspectos que mayor dificultad representa en el contexto regulatorio del sector hidrocarburos es la manera cómo se pueden integrar las normas de dicho sector con aquellas relativas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. La ausencia de coherencia normativa dificulta no solamente la labor de los entes reguladores y administradores de los recursos, sino también la de los operadores jurídicos. Tal situación contribuye a la inseguridad jurídica. Todo esfuerzo tendiente a lograr una rigurosa congruencia jurídica podrá fortalecer los principios del desarrollo sostenible. En el interregno se continuarán presentando conflictos relevantes entre la normatividad regulatoria sectorial, los contratos en materia de hidrocarburos (tantos los contratos de evaluación técnica como los contratos de exploración y producción de hidrocarburos), la normatividad ambiental (particularmente aquella que regula los aspectos de licencia ambiental), la normatividad en materia social y de participación ciudadana, así como la realidad de las condiciones físicas in situ. En paralelo, resulta necesario que, en frentes nuevos de regulación, se ajusten las normas existentes a los avances técnicos y el “estado del arte” relativo al sector hidrocarburos. La falta de precisión técnica a nivel jurídico resulta en errores profundos y limitantes del desarrollo del sector.

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