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Se encontraron 1786 resultados en recursos

Por: Carlos Alberto Tello Mosquera | Fecha: 2020

Al interior de los territorios colectivos los consejos comunitarios de comunidades negras ejercen funciones administrativas similares a las establecidas en la ley para las autoridades catastrales, pues no solo regulan y administran el uso, goce y disfrute de su territorio, sino que además llevan un registro de los inmuebles (individuales y/o colectivos) y de sus poseedores, delimitando predios y certificando las posesiones. La implementación de un nuevo catastro multipropósito en Colombia requiere que las autoridades catastrales apliquen un enfoque diferencial étnico, en el que se comprenda no solo la necesidad de interactuar con las autoridades propias y de gobierno de las comunidades negras, sino también la posibilidad de incorporar su sistema de registro de bienes individuales y colectivos a un sistema de registro único nacional dirigido por el IGAC.

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Por: Claudia María Gafner-Rojas | Fecha: 2020

Uno de los efectos más alarmantes derivados del calentamiento global, especialmente para países costeros e insulares con un nivel de desarrollo no avanzado, es el aumento del nivel de los océanos. De acuerdo con los últimos informes del ipcc, este se ha incrementado en veintitrés centímetros en el curso del último siglo y el proceso manifiesta una tendencia a la aceleración. Las consecuencias del aumento van desde pérdidas de ecosistemas, erosión de las costas, inundaciones, aumento de tormentas y huracanes, salinización de reservas de agua subterránea, hasta la misma desaparición de países enteros, con los efectos sociales que esto supone para los grupos humanos afectados. Por tanto, es importante analizar los resultados de la Cumbre de París sobre Cambio Climático de 2015 en esta materia y qué derechos y obligaciones comportan para Colombia.

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Impacto ambiental
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Por: Ana Paola Gutiérrez Rico | Fecha: 2020

La industria de los hidrocarburos constituye uno de los sectores que ha permitido el progreso de la humanidad, sus usos son variados, así como los beneficios; no obstante, de la mano del crecimiento en el desarrollo de sociedades cada vez más civilizadas también se analiza el costo de ese progreso y la incidencia que actividades propias de las industrias extractivas han ocasionado o generan como un riesgo potencial en la afectación del medio ambiente y en especial en el agua. Teniendo en cuenta la importancia del agua como recurso natural que sustenta la vida, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a protegerlo y prevenir su agotamiento, pero no pueden estar encaminados a detener el progreso, por el contrario, se deben encontrar las fórmulas que permitan un desarrollo conjunto que no solo estimule el crecimiento de la industria, sino que proteja las fuentes hídricas. El derecho como mecanismo de control de la sociedad es el encargado de robustecer la regulación y de construir y desarrollar mecanismos para lograr este objetivo. Este artículo presenta una visión conciliadora entre el crecimiento de la industria petrolera y la necesaria protección del agua; petróleo y agua son dos recursos que no son excluyentes entre sí, por el contrario, se trata de presentar de forma armónica un sistema en el que pueden coexistir la industria petrolera de la mano de los mecanismos necesarios para proteger el agua como elemento preponderante en cualquier tipo de valoración, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad ambiental.

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Hidrocarburos
Ecología

Por: Sergio Alejandro Fernández Parra | Fecha: 2020

In this article we will try to demonstrate that the freedom of conscience and religion constitute a single right that have as a purpose to protect the beliefs and ideologies of people, regardless of their religious or secular character. Therefore, it will be argued that the formula adopted by the Colombian legal system to promote the religious phenomenon is contrary to the principle of equality because it privileges a view of the theist world against other visions, also valid in a constitutional and pluralist state like Colombia.

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Por: Mónica Liliana Ibagón Ibagón | Fecha: 2020

Es cuestión incontrovertible que la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos originados en un contrato cuyo juzgamiento radica en sede arbitral, no puede ser materia sometida a juzgamiento de árbitros, desde luego que tal juicio de valor no constituye objeto de transacción; dicho de otra manera, solamente el juez de lo contencioso administrativo resulta ser el competente para juzgar la legalidad o ilegalidad de tales actos emanados de las potestades exorbitantes de la administración. Pero también resulta comprensible que las causas y efectos relacionados con tales actos administrativos, si puedan ser solucionados por la justicia arbitral, cuando las partes los sometan a su resolución y, por otra parte, no exista normatividad que prohíba su eventual solución a través del negocio jurídico transacción.

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Por: José Luis Benavides Russi | Fecha: 2020

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Por: Paula Robledo Silva | Fecha: 2020

Desde hace años, diferentes escuelas y comunidades epistémicas han abogado por reconocer la compleja naturaleza de los diferentes conceptos que contienen (y a la vez edifican) los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. En ese sentido, cada vez es más frecuente encontrar doctrinas, teorías y movimientos que pretenden develar la verdadera naturaleza del derecho. Así por ejemplo, uno de los movimientos que mayor fuerza y reconocimiento ha adquirido en las últimas décadas es el de los Critical Legal Studies (Estudios Críticos del Derecho), el cual afirma que el derecho tiene una naturaleza política “oculta” mediante la cual se construyen y mantienen las estructuras contemporáneas del poder. De igual manera, también han cobrado fuerza teorías en las que se reivindican y se valoran otros factores que inciden en el derecho, como lo son la política, las políticas públicas, el marxismo, el pluralismo y la herencia colonial, entre otros; teorías que a su vez conducen a la necesidad de optar por un estudio interdisciplinar de los fenómenos e instituciones jurídicas.

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Por: Ana Lucía Moncayo Albornoz | Fecha: 2019

Las mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento forzado por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva–. Dicho de otra manera, la mujer desplazada es doblemente victimizada. La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo en algunas ocasiones trabajan en agricultura, modistería, manualidades, dicho en otras palabras, el trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el desplazamiento como hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno en su contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la justicia, son, casi inexistentes. El 73% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que certifica su situación de desplazada, el resto de las mujeres evidencian su situación con el fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado, pero no denuncian el hecho penalmente.

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Desplazamiento forzado

Por: Ana Lucía Moncayo Albornoz | Fecha: 2019

Este artículo está dirigido a los estudiantes y jóvenes investigadores interesados en la investigación sociojurídica. El mismo presenta de manera sucinta, cómo llevar a cabo una investigación, una vez se ha resuelto las preguntas de: qué, por qué y para qué investigar. En esta etapa se propone que el investigador además de acudir al análisis de fuentes secundarias o diseños bibliográficos, recurra a los hechos que contemplan la realidad social que quiere conocer, es decir a información de primera mano. Para ello resulta fundamental que elabore su diseño de investigación y realice un “diálogo entre la epistemología y las acciones de campo”3, que le permita seleccionar tanto el enfoque epistemológico de la investigación (cualitativo y/o cuantitativo) como las estrategias y las técnicas de recolección de información que desea emplear para el cumplimiento del objetivo propuesto. El artículo pretende que los estudiantes conozcan algunas categorías que diferencian el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación sociojurídica y expone brevemente tanto el estudio de caso –método tradicionalmente cualitativo– como la encuesta –estrategia o método de investigación cuantitativa–.

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Por: Sandra Milena Ortiz Laverde | Fecha: 2020

En el 2014, producto de las recomendaciones dadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el sector de las telecomunicaciones, dentro del proceso que está adelantado Colombia para el ingreso a esta organización, se consideró la conveniencia y la oportunidad de crear un órgano convergente para el sector de las comunicaciones electrónicas, no limitándolo al sector de las telecomunicaciones o al sector audiovisual exclusivamente, dando respuesta al fenómeno de la convergencia regulatoria desde el punto de vista institucional, siendo uno de los últimos aspectos a tener en cuenta para garantizar el desarrollo y evolución del sector tic, como un sector convergente, el cual es transversal a todas las actividades económicas del país. Por lo anterior, es necesario revisar desde el punto de vista institucional las implicaciones que traería para el sector TIC colombiano la creación de un solo ente regulador que cuente con independencia, autonomía y con unas competencias claramente definidas para este sector, así como las ventajas y desventajas derivadas de su creación, como lo son las modificaciones al modelo institucional vigente, para lo cual es necesario revisar el modelo comparado en aquellos países que han considerado oportuno crear un regulador convergente que integre a los sectores de telecomunicaciones y el sector audiovisual, así como la reciente experiencia del Reino Unido, México y Argentina que han creado reguladores convergentes y cuál sería el modelo más óptimo para Colombia.

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