Tal como señala Gardner, describir una ciudad sostenible requiere, en cierto modo, de un esfuerzo de imaginación. Aunque cada día conocemos más acerca de las tecnologías y políticas necesarias para lograr una ciudad sostenible, todavía no se han desarrollado ni aplicado “recetas” para crear una ciudad completamente sostenible. Es claro que los espacios urbanos, cada vez en mayor crecimiento, generan una presión y una demanda en aumento sobre los recursos naturales; pero a su vez, pueden convertirse en los escenarios ideales para apostarle a un desarrollo sostenible, mediante la interacción y articulación de diferentes dimensiones. Una de estas dimensiones es la biodiversidad urbana, como elemento fundamental de la sostenibilidad y criterio para la calidad de vida de los ciudadanos. Este es el objetivo del presente texto: señalar los diferentes elementos con los que cuestan las ciudades para la gestión de la biodiversidad urbana, principalmente los esquemas para su protección, como presupuesto fundamental para lograr ciudades sostenibles.

Frente a la protección del medio ambiente en los términos del artículo 79 constitucional, cada día cobra más relevancia la migración de la comunidad de la sede administrativa a la judicial, dimensionando el llamado activismo judicial. De otra parte, el recurso hídrico sigue siendo el elemento más transversal y estratégico de la gestión ambiental. No hay tensión socio ambiental donde el agua no sea un elemento principal del debate acerca de su uso y puesta en riesgo debido a la falta de instrumentos de planificación. Si la participación para incidir en la decisión de la administración no admite un efecto vinculante de carácter sustancial que conmine, como deber legal, a una autoridad a tener en cuenta los insumos aportados en un proceso democrático que se adelante dentro de un trámite administrativo iniciado para viabilizar la sostenibilidad de un proyecto, o ante la incapacidad estatal para salvaguardar con contundencia un ecosistema estratégico, se termina por percibir que la orden de un juez tiene más eficacia que el resultado de una audiencia pública o un tercero interviniente. No obstante, sin minimizar la valía del juez como instancia de cierre, no siempre el reconocimiento y protección de un derecho superior, como el goce de un ambiente sano plasmado en un fallo, encuentra las condiciones necesarias para materializarse con eficacia, bien por las mismas condiciones de quien detenta la responsabilidad de hacerlo, o, en últimas, por una visión del ordenador judicial que renuncia al argumento normativo para incursionar en una especie de militancia ambiental. En este artículo se presentan unas breves reflexiones respecto de ese dinámico escenario judicial, para lo cual analiza el estado del arte en materia de participación ciudadana, así como de algunas jurisprudencias relevantes que, de una u otra forma, reivindican el derecho amenazado.

Los diferentes ejemplos de injusticia, así como las problemáticas que se desprenden del uso indiscriminado del agua en Colombia, ha conducido a que hoy en día se hable con mayor frecuencia de Justicia Hídrica, y sean los Jueces quienes formulen o reformulen, de acuerdo al caso, la Políticas Públicas Ambientales que contribuyan ya sea a la protección y conservación de las fuentes hídricas o a garantizar el acceso de las poblaciones y comunidades de agua apta para consumo humano en las diferentes regiones del país.

From the specialty of Land Rights or Agrarian Law; the legal science has a great challenge in Colombia to avoid the social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface among those who want it and are apt to exploit it, the incessant demand growth for new available land for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. In other words, it is evident that the need to guarantee food sustainability or in order to satisfy other economic intentions, put pressure on the availability of more areas for exploitation. There is also the need of preserve areas of special ecological importance and the protection and increase public patrimony that is in the territory. ¿How to do all this simultaneously and legally possible? Although in Colombia it is frequently said that the land is unequally distributed, for various reasons, the truth is that most of it is occupied. Or because whoever owns it has titles of ownership or private property over it, or because it is occupied and exploited without title due to the carelessness of its private or state owner. And it is about this last situation that we will focus on; because society’s main concern must be how to avoid the illegal occupation of fiscal or state assets and public property owned by the Nation under State administration, and especially in the latter case, the moorland that should remain as wastelands to guarantee that they never remain occupy or adjudge like the ideal strategy of conservation by his immeasurable Currently the normative frameworks have been overwhelmed in their purpose of protecting vacant goods (for the needs of guaranteeing sustainable development and at the same time safeguarding the national fiscal patrimony) and some decisions of the courts, Constitutional and Supreme Court, possibly without aiming for it, they have increased the possibilities of this happening under the healthy intention that the people who occupy them do not see their fundamental rights undermined. ¿How to avoid it? At the same time, there has been high interest to effectively protect certain areas of the national territory, such as the moorland, the sanctuaries of flora and fauna, and national natural parks (the last two already legally included as protected natural areas), including agricultural activities to dedicate them exclusively to natural conservation which diminishes the possibilities of administrative adjudications by way of agricultural development and the protection of the rural man and at the same time, by reserving real estate as an inventory of the national patrimony. The formulas that are proposed to solve this situation and to answer the previous questions start from conceptual clarities and from common sense as a fundamental pillar of a public policy that reconciles the agricultural and environmental interests that, we discover, are intimately linked.

Este artículo presenta los principales debates en materia de responsabilidad ambiental frente a los negocios comerciales y analiza los aspectos relevantes de la debida diligencia legal ambiental, de la negociación de las cláusulas ambientales en los acuerdos comerciales y de los efectos en la responsabilidad ambiental de la venta de activos (venta de establecimientos de comercio), venta de sociedades, fusiones y escisiones de sociedades. De igual forma, examina los efectos legales ambientales de cara a la responsabilidad de los grupos empresariales, el levantamiento del velo corporativo y la responsabilidad de los prestamistas en la financiación de proyectos bajo las leyes ambientales colombianas.

Este artículo presenta un análisis del procedimiento sancionatorio ambiental actual en Colombia, y cuestiona la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en la medida en que la autoridad ambiental viene actuando como juez y parte. De manera que se proponen soluciones a corto y largo plazo para corregir la tensión existente entre el sistema actual y las garantías constitucionales y legales del individuo a ser juzgado por una autoridad administrativa autónoma, independiente e imparcial.

Este trabajo contiene un análisis de los instrumentos económicos y financieros para la gestión de las áreas protegidas de Colombia, las cuales se extienden por una amplia porción del territorio nacional y cuentan con un alto nivel de importancia ambiental. El citado análisis se enmarca en el actual y desfavorable panorama financiero de las áreas protegidas, panorama que genera un extenso abanico de dificultades en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con esas áreas.

El reconocimiento de derechos a la naturaleza en general, a una parte de ella o a alguna especie en particular es, sin duda, uno de los asuntos jurídicos medioambientales que mayores discusiones y curiosidad han generado en la comunidad jurídico medioambiental internacional.

En el medio siglo posterior a la partición de Palestina por Naciones Unidas en 1947, en la política doméstica y en las opciones de inserción internacional de Colombia se alentó un trato equilibrado frente a los actores del conflicto. Con el cambio de siglo, el Gobierno nacional dio el viraje completo, en detrimento de los legítimos derechos de una comunidad subyugada, cuyo Estado Colombia se rehusó a reconocer por décadas. Sin embargo, en agosto de 2018, de una forma inesperada, la administración Santos dio un nuevo viraje al reconocer la soberanía del pueblo palestino. Este vaivén en las relaciones con ese país revela el excesivo centralismo latinoamericano en torno al poder ejecutivo, que neutraliza los intentos por lograr políticas exteriores más discutidas y proyectadas de manera más diversa. Mediante el análisis histórico y cualitativo, este capítulo caracteriza las relaciones de Colombia con Israel y Palestina.

Given the lack of access to justice and a comprehensive public policy towards the victims of the crime of forced displacement, it is important to create an alternative (complementary) that recognizes the rights of victims and dignified as such. We propose a Truth Commission to take into account: the history of this crime, the ratio of displacement to the dispossession of land, the impact, the paradigmatic cases and visualization of reality, the actors (victims, state, civil society, local organizations and international organizations), a democratic strategy without polarization and partial and finally build a goal of institutional and social change through historical memory. The proposal centers for all victims of displacement with an emphasis on indigenous peoples.