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Uno de los elementos constitutivos de la justicia transicional es el de la verdad. El conocimiento de lo ocurrido en un escenario de, por ejemplo, violencia generalizada y graves violaciones de los derechos humanos lleva a la necesidad de ser muy cuidadosos al vincular dicha elucidación con el retorno a la paz. Sin embargo, una noción aparentemente simple como lo sería la de verdad conduce a un escenario más complejo cuando se la vincula de manera rigurosa a la historia y a la memoria. En este capítulo se abordan tales nexos y se hace énfasis en las particularidades y diferencias en el uso erróneo de historia y memoria como sinónimos, lo que suele ocurrir. Se consideran también los elementos del olvido y del recuerdo no solo en su dimensión asociada con la justicia transicional sino con la del sentir del individuo. Para esto se acude a la historiografía sobre la materia, los debates suscitados y ejemplos de algunas situaciones específicas. Se tienen en cuenta las fuentes clásicas y los desarrollos teóricos contemporáneos en torno a este problema para vincularlo con el aspecto de los estándares internacionales de justicia y discutir su pertinencia y posibilidad de aplicación.

El autor hace una aproximación preliminar a algunas de las percepciones que se han generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas han tenido en la sociedad civil. Con este propósito se realiza una selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la participación de las víctimas en la construcción de la memoria y la relación con los actores institucionales. Para tal fin, se realiza una revisión de la información existente en torno a la presencia de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado, con énfasis en el seguimiento a las versiones que muestren detalles para determinar su percepción como víctima o victimario. Por otra parte, se desarrolla una caracterización del lenguaje usado al referirse al adversario, lo cual también impacta en tales percepciones mutuas. El problema se considera teniendo como eje una selección de documentos periodísticos y algunos textos escritos por las víctimas y testigos excepcionales del conflicto. Se subraya la percepción que la sociedad civil ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado. Se ha desarrollado el estudio de una parte de la bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario del conflicto, teniendo como punto de partida la participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.

Luego de más de cincuenta años de conflicto armado, en el escenario del posconflicto se ponen de presente herramientas que harán posible una Reforma Rural Integral (RRI) en aquellas zonas especialmente afectadas por el conflicto: es decir, el campo colombiano. Para ese fin se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y su mecanismo ejecutorio, los Planes de Acción para la Transformación Territorial. Estos instrumentos buscan solventar el aspecto territorial del conflicto armado en los espacios rurales, respondiendo de manera integral a todas las condiciones que generaron victimización de los campesinos y campesinas del país. Así, de la mano de una participación directa de la población de zonas priorizadas en las cuales se dará aplicación a estas figuras, se busca transformar al campo colombiano en un escenario de reconciliación y progreso.

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From the specialty of the denominated Land Law or Agrarian Law, legal science has a great challenge in Colombia to avoid social conflicts that may arise when distributing the rural territorial surface between those who want it and can exploit it, and those who possess them materially, due to the incessant growth in demand for new lands available for agricultural or livestock exploitation, the growing needs of non-renewable natural resources and the constitutional obligation of natural conservation to guarantee the sustainable development of the Nation. Although the country has recognized the importance of closing the rural poverty gap and generating the factors to prevent migration to the cities of men who have a vocation to develop agricultural activities and has tried to implement policies and legislation to address these problems. Today, there is still a need to guarantee the food sustainability of the population and satisfy the economic desires of a growing population, which brings with it greater pressures to have more areas for agricultural exploitation. In order to formalize the holdings and possessions on rural properties with registration records that begin with false tradition, which have evidenced the enormous informality in the ownership of the domain or property over the rural property, the State issued Decree 578 of 2018, which generates many susceptibilities that merit analyzing and guiding a unique legal position. And there arises the purpose of this four-hand article between who must promote the formalization administrative processes supporting the responsibilities that in this matter correspond to the National Land Agency (ant) and who must ensure the defense of the interests of the farmers from the Public Ministry. Of course, without the presumption of declaring the debate exhausted, but instead providing elements from their experience for a better analysis.

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La construcción y operación de la infraestructura dispuesta para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, entendiendo por este su transporte desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, y en especial las actividades complementarias de generación, transformación e interconexión reguladas por la Ley 142 de 1994, provoca impactos ambientales que por su naturaleza, extensión geográfica y duración son calificados como críticos. El almacenamiento de agua en embalses para la producción de esa forma de energía induce a cambios dramáticos en el ecosistema, en los usos del suelo, en las actividades productivas y en ocasiones en la cultura tradicional de los pueblos, ante la presencia de nuevos actores atraídos por oportunidades de empleo, y por el desplazamiento forzado de sus habitantes tradicionales. Con impactos de menor criticidad (impactos moderados), la plataforma tecnológica para la transmisión y distribución de la energía eléctrica producida en plantas hidráulicas y térmicas requiere también la adopción de medidas adecuadas de manejo, que deben ser asumidas por los ejecutores en los términos y condiciones definidos en las licencias ambientales que autorizan los proyectos destinados a ese fin. Como unos instrumentos de compensación y para el beneficio de los ecosistemas afectados con esas obras, el ordenamiento establece diversos instrumentos para la financiación de acciones tendientes a la protección, conservación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas que aportan el recurso requerido para la generación eléctrica, entre ellos, la inversión forzosa de un porcentaje del costo total de los proyectos que, al margen de ser objeto de licenciamiento ambiental, requieren para su ejecución derivar el recurso hídrico directamente de la fuente natural. En este orden de ideas, se hará referencia a dos instrumentos de vital importancia para el medio ambiente: las transferencias por ventas de energía, y la inversión a que se ha hecho referencia. Pero, además, será objeto de unos breves comentarios otra actividad que ha aportado beneficios importantes a la memoria de nuestra identidad cultural: la arqueología de rescate, que se estatuye como requisito esencial para el otorgamiento de la licencia ambiental a cierto tipo de proyectos, y gracias a la cual se ha logrado el rescate de un patrimonio que ahora es valorado como una fiel representación de los orígenes de nuestra nacionalidad.