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Se encontraron 2733 resultados en recursos

Por: Maricela Lasso Gordillo | Fecha: 2020

El feminicidio constituye una problemática polifacética y compleja, que afecta todas las dimensiones de la vida social, y que en la actualidad configura un fenómeno de importancia mundial. El feminicidio ha tenido una serie de variaciones de orden conceptual para denominar las muertes violentas de mujeres en razón de su género o sexo. En el contexto colombiano a través de la Ley 1761 de 2015 se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, lo que significó un avance importante en tanto el estado colombiano asumió la responsabilidad de enfrentar esta problemática y garantizar el desarrollo integral de la mujer. Parte fundamental de la investigación insta en que el análisis del feminicidio en Colombia, se podría precisar desde el reconocimiento de los límites establecidos por la política criminal y punitiva, desde la importancia de la denominación normativa de las muertes de mujeres en el ordenamiento y como un espacio simbólico asumido desde la ley.

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Por: Marcos David Torres Barros | Fecha: 2019

As will be evident throughout the document, mining has historically consolidated itself as one of the main pillars of the Colombian economic system, impacting favorably on items of interest in macroeconomlc terms and generating growth in the territories. However, it has also been a political scenario marked by multiple economic, environmental and social dilemmas that have been reliably slowed in its development in recent years, has had this activity affected by its direct link to the armed conflict as a source of financing for groups outside the law, a situation that is an interesting scenario to analyze regarding the future of the mining sector in the post-conflict stage.

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Por: Carlos Roberto Alexander Ávila Aguilar | Fecha: 2020

Conclusión: Como se ha analizado en el documento presentado, "la economía colombiana ha dependido y depende en gran medida de la explotación de los recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos, razón por la cual las políticas de Estado giran en torno a la optimización en el uso de estos recursos, así como al descubrimiento y desarrollo de nuevos campos de explotación, para el caso de los hidrocarburos. En ese sentido, gran parte de los recursos con los cuales se financia la inversión en los Municipios, (26% del total de recursos de inversión), provienen del Sistema General de Regalías. De ahí que esta fuente de ingresos constituya un hito relevante en la inversión de los Departamentos, y sea primordial su administración y regulación, con miras a tener una mejor distribución de los recursos asignados a las regiones, principalmente las productoras, quienes son las más "afectadas". Teniendo en cuenta que la propiedad de los recursos naturales está en cabeza de la Nación, también es responsabilidad de ésta, realizar la fiscalización de la explotación de estos recursos y garantizar que la contraprestación que recibe el Estado por la explotación de recursos sea destinada a las poblaciones beneficiadas, según la normatividad que para el caso se encuentre vigente".

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Por: William Pacheco Oviedo | Fecha: 2020

La investigación demuestra que la vulneración del derecho a la dignidad humana del personal privado de la libertad en Colombia, configura los elementos para declarar la responsabilidad estatal, así como también determina el régimen y título de imputación a aplicar por la autoridad judicial. Para ello, se describen los derechos de las personas privadas de la libertad, los cuales han tenido un desarrollo legal a través de instrumentos internacionales, y jurisprudencia de la Corte Constitucional, se muestra mediante cifras actualizadas las estadísticas de los daños padecidos por este sector especial de la población por su condición jurídica, todo el proceso desde la primera declaratoria del Estado de Cosas Institucional (ECI) con la sentencia T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015, auto 121 de 2018, auto 623 de 2018 hasta llegar al auto 110 de 2019 sobre Plan de Contingencia ante la crisis penitenciaria. Seguidamente se realiza una línea jurisprudencial con sentencias del Consejo de Estado, que han variado sus posiciones respecto del régimen de responsabilidad del Estado aplicable a los casos donde se presentan daños a los reclusos, entre la subjetiva (falla del servicio) y la objetiva (daño especial).

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Por: Daniel Eduardo Rojas Poveda | Fecha: 2019

El Consejo de Estado ha desarrollado la regla conforme a la cual todas las reclamaciones que emanen del desequilibrio económico del contrato estatal deben hacerse al momento de suscribir documentos tales como prórrogas, suspensiones, contratos adicionales u otrosíes. De no ser así, se finiquitan los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores por resultar contrario al principio de la buena fe y a los actos propios. Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende analizar la restricción en la forma de aplicar el principio de la buena fe, pues al privilegiarse escenarios concretos de reclamación por desequilibrios económicos se disminuye la posibilidad de lograr el reajuste del contrato y la consecuente reparación de un daño. Hacerlo en momentos distintos a los señalados atrás, no supone per se y en todos los casos, una violación del principio general de buena fe y a la regla "venire contra factum proprium non valet", ni necesariamente un actuar desleal frente a las cargas recíprocas que genera el vínculo jurídico en un contrato conmutativo.

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Por: Luis Fernando Páez Díaz | Fecha: 2019

Este trabajo de investigación busca dar respuesta a la pregunta de si debería aplicarse en el ordenamiento jurídico colombiano un régimen de responsabilidad objetiva a los eventos de daños derivados de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IMS).Con tal propósito se hace un recorrido por los principios o criterios que han servido de fundamento, autónomo o complementario, de los regímenes objetivos de responsabilidad, como el principio de solidaridad, igualdad, equidad y el criterio del riesgo, que en todo caso encuentra su fundamento en la equidad, Seguidamente aborda el estudio de los daños que podrían derivarse de las IMS, a la luz de las categorías de daño material e inmaterial vigentes en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por último, analiza si el régimen objetivo del riesgo que actualmente aplica la Sección Tercera a estos eventos resulta apropiado, y si lo sería la eventual aplicación del régimen objetivo del daño especial o de aquel que apareja la existencia de una obligación de seguridad de resultado. Finalmente, propone cuál es el régimen de responsabilidad jurídica que en definitiva debería aplicarse en esta clase de hipótesis.

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Por: Maria Fernanda Pezzotti Toloza | Fecha: 2020

La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 establece el deber de protección del Estado, sin embargo, es la Corte Constitucional, quien se encarga de otorgarle el carácter de de,echo fundamental a este. En otras palabras, puede ser analizado desde dos perspectivas, primero como una obligación del Estado y segundo como un derecho de todos los habitantes del territorio. En el primer caso se han analizado ciertos matices. entre ellos, que dicha obligación es de medio y de no resultado y que debe ser estudiada a la luz de la relatividad de las obligaciones del Estado. En el segundo caso, como un derecho, es importante tener claro que, no solo conlleva una obligación por parte del Estado, también tiene inmerso una obligación de autoprotección. Una vez delimitada la obligación del Estado, se realiza un estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado, con el objetivo de determinar el título de imputación aplicable en los casos de omisión al deber de protección, concluyendo que esta alta corporación hace uso de la falla del servicio y la imputación objetiva, especialmente la posición de garante.

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Por: Estefhany Rodríguez Collazos | Fecha: 2019

El trabajo investigativo surge como una posibilidad de dar aplicación a principios clásicos que han regido el derecho administrativo, pero que indiscutiblemente han sufrido mutaciones derivadas del recorrido histórico, la interpretación amplia por las altas cortes sobre las fuentes del derecho y la necesidad de la Administración de flexibilizar sus actuaciones para tornarlas de eficacia. Para tal fin, se abordarán dos ejes temáticos, el primero, se centra en hacer un estudio acerca de las formas típicas y atípicas de relacionamiento de la Administración Pública; el segundo, se enfocará en realizar un análisis conceptual acerca del principio de legalidad, desarrollando un marco teórico a través del cual se describe los cambios de ambas transformaciones con el fin de abordar una idea más amplia de sometimiento de la Administración al Derecho. Finalmente, se pretende establecer un vínculo entre esas dos evoluciones para concluir en la necesidad imperante de transmutar la concepción clásica de legalidad y de acto administrativo lo que cuestionablemente conllevará a reconocer nuevos instrumentos normativos que permitan materializar la actividad de la Administración Pública.

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Por: Nataly Vera Castellanos | Fecha: 2020

Como consecuencia del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de la República de Colombia contra Prodeco-Glencore y el subsiguiente procedimiento arbitral fallado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado colombiano, queda en evidencia la necesidad de armonizar los compromisos internacionales relativos a la protección a las inversiones extranjeras con el poder regulatorio, como prerrogativa típica de un Estado soberano. Así las cosas, son múltiples los retos que deben ser enfrentados por parte del Estado con el fin de garantizar sus intereses y para tales fines, se considera esencial el diseño e implementación de un Plan Global de Administración de Riesgos que busque la prevención o mitigación de eventos que pueden ocurrir en los procesos de ejecución contractual y que tengan como consecuencia la generación de hechos internacionalmente ilícitos.

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Por: Camila Andrea Ayala Gómez | Fecha: 2020

En las últimas décadas, los Estados requieren no solo la construcción de obras sino también lograr su financiación por parte de entes externos, bien sean agentes nacionales o internacionales. Suplir estas necesidades ha impulsado mundialmente un proceso de identificación de las formas contractuales y de financiación más adecuadas para llevar a cabo la construcción de importantes proyectos, llevando a todos los involucrados a convenir y elaborar acuerdos bajo unas estructuras complejas que involucran componentes financieros, legales, de riesgos, técnicos y administrativos, entre otros. En este proceso se mezclan un gran número de intereses en cabeza de partes oriundas de diferentes lugares y tradiciones jurídicas, ha sido determinante lograr un lenguaje común que evite inconvenientes durante la ejecución contractual. Por lo que la contribución de la Lex Mercatoria a través de la estandarización de los contratos ha sido determinante. Organizaciones de profesionales, como la FIDIC, han logrado establecer un lenguaje contractual predominante a nivel internacional, facilitando el entendimiento entre los actores. Este documento analiza el proceso surtido por Colombia en búsqueda del desarrollo de su infraestructura a través de capital privado, el papel importante de la Lex Mercatoria en la consolidación de las relaciones internacionales en el mundo de la construcción, el modelo EPC propuesto por el Libro Plateado de FIDIC y algunas de sus cláusulas en relación con la legislación colombiana.

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