El presente escrito se fundamenta sobre el reconocimiento y garantía de los derechos culturales a los ciudadanos de Bogotá, en los años 2017 y 2019, tomando como base las políticas públicas que se estructuraron en Bogotá y sobre cuyo avance e implementación se llevaron a cabo, por administración distrital, en las dos últimas Encuestas Bienales de Cultura, las cuales se realizan cada dos años, a partir del año 2001, siendo la más reciente, la correspondiente al año 2019. Ahondando en el tema de la investigación que se realizó y que está relacionada con la problemática del reconocimiento, valoración y garantía de los derechos culturales en Bogotá, conviene mencionar que esta se llevó a cabo por el interés específico de conocer cómo ha entendido el gobierno distrital la importancia de reconocer y favorecer el goce de estos derechos a sus gobernados y cómo se ha estructurado la legislación frente a estos derechos en las políticas implementadas, en concordancia con los resultados arrojados por las Encuestas Bienales de Culturas que, como ya se reseñó en líneas anteriores, se realizaron durante los años 2017 y 2019 en esta capital.

Las diferentes comunidades indígenas de Colombia, han sufrido en mayor medida los efectos de los conflictos armados que ha vivido el país desde hace más de 50 años, no solamente en razón a las vulneración de sus derechos más básicos, sino que su afectación va más allá con la configuración de fenómenos de desplazamientos forzados, esto, en el entendido que su cosmovisión ligada a su etnia, hace que la pérdida de su territorio genere su desorientación total, partiendo de las formas de alimentación hasta las de trabajo y la correlación con su entorno. De manera que, cuando estas comunidades indígenas migran a las ciudades principales como Bogotá, se encuentran con choques culturales que afectan su calidad de vida de manera sustancial. Tal es el caso de los indígenas que se encuentran asentados en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de la capital hace ya varios meses, exigiendo un dialogo social en el que les brinden mínimos de subsistencia, y aunque por parte de la Alcaldía se le ha dado diferentes manejos, la dicotomía entre lo que por parte de la ciudad receptora se considera que es una buena medida, y la perspectiva indígena, según la cual la entrega de ayudas que contempla la normativa como subsidios temporales y entrega de bienes, no son las adecuadas, ya que desde la atención hasta la reparación, deben tener un enfoque de multiculturalidad, o de lo contrario, no serán ni ayudas ni reparaciones efectivas.