El Derecho Internacional Humanitario DIH es un sistema de protección, está directamente relacionado con la dignidad humana de las personas y con la posibilidad que ellas tienen de gozar de su vida, integridad y demás derechos, inclusive en situaciones de conflicto armado

En Colombia, los delitos y las penas frente a conductas relacionadas con la producción distribución de drogas ilícitas han aumentado progresivamente en el último siglo, llegando a ser incluso más severas que otras conductas que merecen un mayor reproche social como el acceso carnal violento o la tortura. El recurso excesivo al derecho penal para castigar estos delitos transgrede la garantía de proporcionalidad, que exige mantener un mínimo de coherencia razonable entre el daño ocasionado por la conducta y la pena impuesta para realizarla. Además al estudiar los costos que el prohibicionismo genera al Estado colombiano a nivel judicial y penitenciario, y tras confrontarlos con sus eventuales beneficios (que son muy pocos según la evidencia empírica existente), se concluye que los sacrificios de la política, tanto económicos como constitucionales, no se compensan con los eventuales éxitos de la misma. Este estudio sustenta con evidencia empírica sólida, que las políticas de drogas en Colombia que recurren al uso del derecho penal no respetan el principio de proporcionalidad, y por tanto, no son justificables desde el punto de vista constitucional. Semejante desproporción de la penalización de las drogas en Colombia, exige con urgencia el re-direccionamiento de la política hacia enfoques alternativos que no se centren en el castigo penal. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/penas-alucinantes-la-desproporcion-de-la-penalizacion-de-drogas-en-colombia/