Desde un punto de vista político y, por oposición al régimen que se había establecido a partir de 1886, la Constitución colombiana de 1991 suele presentarse como un punto de ruptura o, si se quiere, un nuevo punto de partida o, como anhelaba un ex presidente liberal, como la “liquidación amistosa del pasado”. Ahora bien, desde un punto de vista social, con la misma Constitución se opera asimismo una refundación o reconstrucción de la realidad social colombiana, la cual no puede sin embargo separarse de un pasado más profundo y remoto de la Nación y del Pueblo de Colombia. Lo anterior obedece a que dicho proceso de renovación puede entenderse como el reconocimiento institucional, concretamente a través del derecho constitucional –con la intervención de los poderes constituyente y constituido–, de ciertas ideas, discursos o reivindicaciones que lo habían precedido.

Decidir si la información personal que consta en archivos estatales puede ser conocida por terceros es problemático. El Estado ha detentado históricamente una gran cantidad de información personal. Hasta hace poco este era un fenómeno sin mucha importancia, una cuestión menor. Sin embargo, la onda emocratizadora de las últimas décadas, representada en la expedición masiva de leyes de transparencia terminó por posicionar el tema del acceso a la información en poder del Estado, al menos en el plano interamericano. Este posicionamiento ha traído consigo nuevas preguntas: ¿pueden las personas acceder a información sobre quiénes participaron en operativos policiales o militares? ¿Sobre investigaciones penales o disciplinarias contra servidores públicos? ¿Sobre subsidios públicos entregados a particulares? ¿Incluso si los beneficiarios son niños y niñas? ¿Sobre la salud del presidente de la República? ¿Sobre la condonación de créditos fiscales y los beneficiarios de amnistías tributarias? ¿Sobre los antecedentes judiciales de terceros? ¿Sobre los ingresos y la situación patrimonial de los servidores públicos, sus evaluaciones o sus hojas de vida? ¿Sobre la información catastral y de la propiedad inmueble? ¿Sobre la relación de visitas a personas privadas de la libertad? ¿Pueden (¿deben?) editarse documentos públicos, como contratos, actos administrativos o sentencias judiciales, para proteger información personal? La relativa imposibilidad de responder estas preguntas de forma sencilla, de hacerlo de forma general y a la vez satisfactoria, y sin evitar contrapreguntar para precisar los detalles, nos indica la emergencia de un nuevo problema: la publicidad de la información personal en posesión del Estado.