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Fecha:
2019
El desplazamiento forzado es sin duda la mayor tragedia humanitaria que haya vivido el país. Como consecuencia del conflicto armado colombiano más de tres millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares de residencia en busca de protección para sus vidas, su integridad y dignidad. A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para atender esta grave violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, aquellos han sido insuficientes. La superación de los problemas sociales y especialmente los de aquellos sectores sometidos a condiciones de vulnerabilidad, requieren de la formulación de políticas públicas integrales con enfoque diferencial, es decir, políticas que atiendan la particularidad de las necesidades de la población víctima del desplazamiento forzado. Por lo anterior y consientes del vacío de una política interinstitucional que desarrolle programas y proyectos destinados a intervenir específicamente las necesidades en materia de promoción, ejercicio y restitución de los derechos de la población en situación de desplazamiento, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la Defensoría del Pueblo como organismo responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos mediante acciones integradas de promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, con el apoyo técnico y financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, ejecutó el proyecto “Promoción y monitoreo del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual”, encaminado a fortalecer y desarrollar procesos comunitarios y territoriales para la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de desplazamiento forzado. La ausencia de una línea de política de derechos humanos que visibilice y analice la promoción y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del desplazamiento forzado interno, y de acciones específicas de promoción de derechos sexuales y reproductivos de ésta población, se traduce en una grave afectación a los derechos sexuales y reproductivos que hacen más gravosa la situación del desplazamiento, particularmente de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, principales víctimas del desplazamiento. Esta situación impacta particularmente a las mujeres quienes en gran número se convierten en jefes de hogar a causa de la viudez, de la ruptura de sus relaciones de pareja o por la pérdida de su compañero o de sus hijos e hijas, lo cual hace recaer en ellas la responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la familia. Adicionalmente, muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, entre otras, por parte incluso de actores armados. Si bien estas afectaciones cuentan con una sólida base testimonial en su gran mayoría no son denunciadas ni judicializadas por las entidades competentes para su investigación. Las condiciones psicosociales, la transformación de los roles familiares, así como el incremento en los niveles de hacinamiento contribuyen al aumento del riesgo de las mujeres, las niñas y los niños a sufrir alguna de estas violencias. Frente a esta problemática se evidencia un nivel bajo de denuncia por falta de acompañamiento y de garantías para las víctimas, lo cual redunda en impunidad e invisibilización de estas violencias. Lo anterior justificó la necesidad urgente de desarrollar acciones atendiendo la misión institucional de la Defensoría del Pueblo y los programas permanentes y sostenidos en promoción de estos derechos, con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, liderados por la Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, en coordinación con la oficina para la atención a la población víctima del desplazamiento.