Hay un claro deseo de los Estados de eliminar la doble tributación, el pago de un mismo impuesto en dos jurisdicciones diferentes, de las empresas multinacionales. Lo anterior en la medida que, por un lado, la imposición tributaria es un derecho universalmente aceptado del Estado, por el otro, los diferendos en materia tributaria no son fácilmente susceptibles de arbitraje. Este artículo analiza dos procedimientos de solución de controversias, el de la OECD, primer modelo de tratado sobre impuestos, y un convenio similar de la UE específico en solución de controversias relativas a la doble imposición. Analiza los diferentes mecanismos que el Estado puede asumir durante el procedimiento, marcando las diferencias con la protección diplomática en favor de la empresa afectada. El artículo examina las situaciones bajo las cuales se necesita y/o existe un proceso de solución de controversias; como se inician los procedimientos, cuales las obligaciones y las partes, los medios como se resuelven los conflictos, desde la negociación hasta acudir a un tribunal y las limitaciones de los procedimientos. En conclusión, el lector podrá analizar y comparar los dos procesos. Finalmente, el artículo nos muestra la cláusula de arbitraje que se pretende incluir en el artículo 25 del modelo de la Convención sobre impuestos así como si estos mecanismos son incompatibles con los tratados bilaterales en materia de impuestos y con los GATS.

El artículo analiza el fenómeno del desplazamiento forzado alrededor del mundo, así como la génesis del mandato de las Naciones Unidas para luchar contra este problema. Examina las conclusiones clave del estudio de la ONU que encontró que las normas existentes del derecho internacional tienen varios vacíos y zonas grises relativos a las necesidades de los desplazados internos. También analiza los orígenes y el contenido de los principios guía del desplazamiento interno, así como el estatus normativo de los mismos. Así mismo, sugiere que, a pesar de no ser vinculante para los Estados, estos principios guía se convirtieron en la expresión más autorizada de los estándares mínimos aplicables a los desplazados internos como consecuencia de la práctica estatal, es decir, que la mayoría de estos principios se volverán costumbre internacional. El artículo también señala la necesidad de que haya una implementación efectiva en el derecho interno de estos principios guía; examina cómo las autoridades gubernamentales, la Corte Constitucional y la sociedad civil en Colombia, así como las entidades intergubernamentales, respondieron a la crisis del desplazamiento interno en el país. Observando el marco legal colombiano en desplazamiento interno, el artículo concluye que el Estado no ha tomado las medidas necesarias requeridas para prevenir futuros desplazamientos o para asegurar una protección y asistencia efectivas para resolver las necesidades de los desplazados internos.

Conforme a las resoluciones de la ONU 1514 y 1541 (1960), usualmente se discuten solo tres formas de autodeterminación de los pueblos: la independencia, la integración y la libre asociación. En 1970, la Resolución 2625 amplió ese lenguaje, añadiendo una cuarta vía: “La adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo”. La Resolución 2625 y resoluciones posteriores plantean un marco de libertad de petición y negociación que no limita la búsqueda de soluciones razonables y realistas a las aspiraciones legítimas de progreso político, cultural y económico de un pueblo.La monografía también discute estas normas desde la perspectiva del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, concluyendo que ese corpus jurisprudencial también reconoce y permite diversas formas de organización política “soberana” más allá de los estados de la Unión, pueblos o jurisdicciones con diversos grados de autonomía, desde las tribus o naciones indias, hasta los Estados libres asociados, consistentes con el espíritu y letra de la Resolución 2625 y su progenie.

Editorial

Este artículo describe y analiza las prácticas en derecho internacional sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas. En primer lugar, expone los fundamentos en diferentes instrumentos internacionales en la materia, así como los criterios para una adecuada consulta. En segundo lugar, se realizan consideraciones sobre la diferencia entre el derecho a la consulta previa y el consentimiento vinculante de los pueblos indígenas. Por último, el artículo realiza una breve conclusión.

La compensación es una herramienta de adaptación entre intereses diversos. Con relación al medio ambiente, existe una variedad de mecanismos que aplican de distintas formas la técnica de la compensación. Dicho de otra forma, diferentes situaciones jurídicas aplican la compensación como un mecanismo para solucionar un diferendo, puede darse bajo la perspectiva de la indemnización, como en el caso “Trail Smelter”, así como en la Comisión de Compensación de Naciones Unidas; para reglamentar un daño futuro, siendo una compensación ex ante facto, como en el caso de la Convenció Ramsar; por vías jurídicas que incitan al comportamiento privado a través del uso de ciertas herramientas del mercado, como mecanismos de desarrollo propio, o en el ámbito del derecho internacional, la compensación de la biodiversidad francesa, la “mitigation banking” estadounidense, la “Servidão Ambiental” Brasilera, y la ecocompensación china, entre otras. El desafío epistemológico se presenta como consecuencia de la variedad de fuentes, de la variedad de actores así como del campo de acción en el marco jurídico medioambiental, exigiendo una ampliación de la visión del derecho estatal. También se trata de integrar una interpretación sistémica para una interrelación entre los sistemas jurídicos, ecológicos y económicosconcernidos. Es imposible acudir a algunas las herramientas como el pluralismojurídico, la teoría de los sistemas y el análisis económico del derecho ambiental. Los conceptos de corregulación y autorregulación pueden ser útiles en la ampliación que se requiere. Entre otras, es necesario establecer límites para que haya un equilibrio entre la puesta en funcionamiento de los intereses ecológicos y los económicos. Estos límites los da el derecho por la vía de la interpretación sistémica, por el Estado y por el fortalecimiento dela responsabilidad de las entidades privadas. El análisis presenta, en primer lugar, las características de la compensación en los instrumentos económicos y jurídicos; en segundo lugar, se comprueba como el pluralismo jurídico, la interpretación sistémica, el análisis económico y los conceptos de corregulación y autorregulación pueden ser útiles para la mirada epistemológica de la compensación, así como para su análisis jurídico.

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece dos funciones principales que la Corte Internacional de Justicia debe desarrollar; en primer lugar está la bien conocida función contenciosa que tiene como objeto dirimir conflictos entre los Estados miembros y, en segundo lugar, la función consultiva abierta al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General –así como a los organismos que la Asamblea autorice–.El presente artículo muestra aspectos generales de la función consultiva y su importancia desde una doble óptica: la consolidación de instituciones de Derecho Internacional y su potencial utilidad en la solución de controversias internacionales –o diplomacia preventiva–. Y concluye considerando las formas de mayor utilización de la función consultiva en el sistema internacional. Proposiciones que se justifican en los más de sesenta años de práctica consultiva de la CIJ.

La intersección entre género y edad hace que las niñas asociadas con grupos armados no sean protegidas adecuadamente en los procesos que ponen fin a su vinculación con tales grupos. Este estudio, partiendo de las experiencias de los organismos humanitarios que tratan con ellas y de la literatura al respecto, e centrará en la posible inadecuación de los procesos DDR para las niñas, tal y como son ideados, implantados y evaluados en la actualidad por los Estados, las OI y las ONG. Se concluye con una serie de propuestas para mejorar las deficiencias presentadas.