Editorial
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Preliminares
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LA REPONSABILIDAD DE CRECER EN EL CONFLICTO
Pese al acuerdo sobre la proscripción del reclutamiento de menores, representado principalmente en su carácter de crímen de guerra, no es claro si quienes cumplen la mayoría de edad al interior del grupo armado son sujetos de protección o deben responder ante la justicia penal por los crímenes cometidos, así como el alcance de esta responsabilidad. Al interior de la Corte Penal Internacional la dualidad de criterios se hace evidente cuando, por un lado, se condena únicamente por reclutamiento de menores a Thomas Lubanga, pero a la vez se juzga de manera plena a Dominic Ongwen por los crímenes cometidos siendo mayor de edad sin tener en cuenta su temprano reclutamiento.
De la misma manera, en el escenario colombiano existen posturas a favor y en contra de la responsabilidad, aunque la justicia se ha decantado por una eventual responsabilidad por hechos cometidos durante la minoría de edad pero responsabilidad plena para aquellos perpetrados siendo mayor. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz se enfrenta a un escenario en el que deberá conciliar argumentos contradictorios y hacer uso efectivo de sus características únicas con el fin de lograr verdadera justicia para todas las víctimas del conflicto colombiano.
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Justicia, (des)orden y grupos al margen de la ley: Miradas cruzadas sobre Brasil, México y Colombia
Las acciones de los grupos armados organizados en América Latina no se limitan ala realización de crímenes trasnacionales, sino que, con cierto grado de aceptación,estos grupos imponen una justicia comunitaria coercitiva, de carácter vertical dentrode las comunidades en las que operan. Así, se estudian los casos de Brasil, México yColombia para mostrar cómo esta situación, lejos de ser la excepción, se ha vueltola norma en el continente latinoamericano.
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El Potestad Jurisdiccional de la Corte Penal Internacional: El caso de Israel y Palestina, ¿estatolatría beligerante o falta de competencia?
En el año 2015, Palestina suscribía el Estatuto de Roma, a pesar de la resistencia férrea y la presión en contrario ejercida por Israel y los Estados Unidos, poniendo en evidencia la ineficacia de la política exterior y diplomacia norteamericana en Oriente Medio. Un año antes, en 2014, Palestina se convertía en “Estado Parte” de la Convención de Viena de 1969 relativa al derecho de los tratados, posiblemente para anticiparse a Israel en la defensa de sus derechos como Estado desde 1948.Una de las principales consecuencias de la pertenencia de Palestina al Estatuto de Roma es, sin duda alguna, la jurisdicción automática de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a eventuales crímenes internacionales perpetrados en los territorios controlados por la Autoridad Palestina. Frente a estos hechos, se plantean los siguientes interrogantes: ¿Qué consecuencias tiene para Israel el hecho de que Palestina sea el Estado miembro 123 en reconocer la jurisdicción de la CPI? Acaso, ¿no fueron los mismos principios de Núremberg los que inspiraron los juicios contra los criminales nazis que exterminaron el Pueblo Judío? Como Estado Parte del Estatuto de Roma, ¿logrará Palestina trasladar su histórico conflicto con Israel a La Haya? Y, a su vez, ¿la presión internacional obligará a Israel a ratificar el Estatuto de Roma?
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El interés de la justicia en el Estatuto de Roma: un análisis a partir de las decisiones en la situación de Afganistán
El primer acercamiento jurisprudencial en las dos décadas de historia de la Corte Penal Internacional al requisito del “interés de la justicia” ha generado fuertes críticas por la doctrina y la sociedad civil. Frente a la interpretación restrictiva del concepto de “interés de la justicia” defendida de manera abstracta por la doctrina mayoritaria, su traslado al mundo real por la Sala de Cuestiones Preliminares se ha materializado a través de una polémica interpretación extensiva que no ha sido rechazada de forma explícita por la Sala de Apelaciones. El presente trabajo analiza los elementos jurídicos, políticos y económicos presentes en esta interpretación expansiva para determinar las luces y sombras de su valoración a la hora de tomar una decisión de tal calado como la de qué constituye el “interés de la justicia”.
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Bases para una Justicia Restaurativa-Transicional en Colombia: problemas sobre la implementación de lo “restaurativo” en la JEP
Tras el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, en el campo jurídico colombiano comenzó un particular desarrollo teórico sobre el significado de “Justicia Restaurativa”. Sin embargo, encuentro que el debate presenta algunas dificultades metodológicas para aproximarse a este concepto y, con ello, en su implementación. Así, la pregunta a resolver es ¿qué tanto puede entenderse la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un modelo de Justicia Restaurativa? Atendiendo que la Justicia Restaurativa al que nos aproximamos nace de un contexto de transición dentro de un sistema judicial específico, siendo distinto a la Justicia Restaurativa que se discute en el sistema penal ordinario; por ello se hace referencia a una Justicia Restaurativa - Transicional. Luego, notamos que el concepto de Justicia Restaurativa está compuesto por varios elementos, pero, dependiendo del énfasis o de su agrupación, se pueden señalar tres grandes acepciones: (i) una desde la transformación de valores en la sociedad; (ii) una relativa a las reparaciones y sanciones restaurativas; (iii) y finalmente una relativa a los procesos restaurativos. Estas tres nos servirán como bases para aproximarnos a la JEP y evaluar qué tan “restaurativo” son sus finalidades, resultados y procedimientos y así formular problemas para futuras investigaciones.
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Círculo de moralidad, exclusión jurídica y capitalismo de vigilancia: Una reflexión sobre nuestros patrones de juicio
Nuestras sociedades exponen una insostenible fracturación de sus tramas intersubjetivas por la que millones de personas son privadas de sus derechos y sobreviven en territorios resignados por la juridicidad, negadas por el sistema que las excluye.
Aunque la exclusión jurídica precede al capitalismo de vigilancia, resulta funcional a sus objetos de predicción y comercialización de identidades y conductas futuras. Los excluidos del derecho y los incluidos deficientemente son, en los términos de esta lógica, el descarte.
La tesis de este ensayo parte del reconocimiento de la retroalimentación y continuidad del sistema: más capitalismo de vigilancia implica más certeza en las conductas futuras y consecuentemente, más descarte, más exclusión. Luego, los esquemas éticos de “éticas de círculo” legitiman y aceleran el proceso, naturalizando la pulverización del espacio político.
Con Zuboff, Benhabib y Fricker, propongo pensar una ética de justicia que avance sobre los prejuicios identitarios negativos que sostienen la injusticia epistémica, sustituyendo la compartimentación y/o el enfrentamiento como patrones de juicio por el reconocimiento al carácter intersubjetivo de cada subjetividad.
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¿Un Derecho penal «de» la comunidad?
El comunitarismo es una de las corrientes filosóficas que tienen mayor presencia en el debate académico actual, oponiéndose a las premisas del liberalismo. Así, el comunitarismo defiende la preeminencia de los valores éticos existentes en las comunidades y la pertenencia a las mismas sobre las nociones de derechos y justicia. Este artículo analiza la legitimidad de la influencia de la filosofía comunitarista sobre el Derecho penal, mediante el estudio de la configuración de un Derecho penal articulado sobre la defensa de los valores éticos comunitarios. Así, se comienza analizando el binomio comunitarismo-liberalismo, se estudia también la posición de la doctrina en relación con la neutralidad liberal y las posiciones relativas a la existencia de un mínimo ético, defendiendo que el Derecho penal debe ser neutral sin reflejar los valores dominantes en una comunidad dada. Además, se analizan diferentes manifestaciones del Derecho penal comunitarista (el Derecho penal del enemigo, el Derecho penal de aporofobia y los delitos políticos), concluyendo con su inadmisibilidad en el marco de los Estados democráticos y de Derecho.
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La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: : desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional
La criminalización de los graves daños contra el medio ambiente no es un problema nuevo para el derecho penal internacional (dpi). La Comisión de Derecho Internacional (cdi) resolvió esta cuestión tipificando ciertas conductas como crímenes de guerra. Sin embargo, en las últimas décadas, con motivo de la acelerada destrucción del medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas y la amenaza que supone para la seguridad de la humanidad y del planeta, se ha intensificado el desarrollo de propuestas normativas para la tipificación del ecocidio como un crimen internacional. Este artículo pretende realizar un análisis de los trabajos de la cdi sobre los daños contra el medio ambiente como un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, analizar las aportaciones doctrinales para la construcción del crimen internacional de ecodio cometido en tiempos de paz y, por último,analizar las dificultades técnicas que supone la definición del crimen de ecocidioen el dpi.
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La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: : desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional