As will be evident throughout the document, mining has historically consolidated itself as one of the main pillars of the Colombian economic system, impacting favorably on items of interest in macroeconomlc terms and generating growth in the territories. However, it has also been a political scenario marked by multiple economic, environmental and social dilemmas that have been reliably slowed in its development in recent years, has had this activity affected by its direct link to the armed conflict as a source of financing for groups outside the law, a situation that is an interesting scenario to analyze regarding the future of the mining sector in the post-conflict stage.

El alumbrado público (AP) continúa representando retos para las entidades territoriales, en materia de cobertura, calidad, expansión y modernización. Esto se suma al auge de las ciudades inteligentes (Smart cites), generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable, eficiencia energética y sustentabilidad. Es por esto que dentro de las señales de política y regulatorias es necesario que se brinden las herramientas que fomenten cambios orientados en este sentido y que las actividades que se desarrollen estén remuneradas de manera adecuada para fomentar la modernización del sector, acceder a los nuevos desarrollos tecnológicos y generar los canales adecuados de seguimiento. Con este referente, este documento presenta el estado del arte del sector, la situación de algunos países de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos, resume la reglamentación vigente del sector, con el fin de identificar qué aspectos de esta vale la pena incluir en la regulación a definir por la CREG, nuevos temas a considerar, como cambios en la metodología de estimación de costos, mecanismos flexibles de valoración de activos, mecanismos de inversión y operación del AP y finalmente, se identifica la necesidad de unificar, dar integralidad a la normativa, especialmente en aspectos regulatorios y contractuales.

Anexos en formato PDF

Conclusión: Como se ha analizado en el documento presentado, "la economía colombiana ha dependido y depende en gran medida de la explotación de los recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos, razón por la cual las políticas de Estado giran en torno a la optimización en el uso de estos recursos, así como al descubrimiento y desarrollo de nuevos campos de explotación, para el caso de los hidrocarburos. En ese sentido, gran parte de los recursos con los cuales se financia la inversión en los Municipios, (26% del total de recursos de inversión), provienen del Sistema General de Regalías. De ahí que esta fuente de ingresos constituya un hito relevante en la inversión de los Departamentos, y sea primordial su administración y regulación, con miras a tener una mejor distribución de los recursos asignados a las regiones, principalmente las productoras, quienes son las más "afectadas". Teniendo en cuenta que la propiedad de los recursos naturales está en cabeza de la Nación, también es responsabilidad de ésta, realizar la fiscalización de la explotación de estos recursos y garantizar que la contraprestación que recibe el Estado por la explotación de recursos sea destinada a las poblaciones beneficiadas, según la normatividad que para el caso se encuentre vigente".

La noción que sustenta la legislación vigente sobre licencias ambientales, tiene un espíritu jurídico basado en la protección de los ecosistemas frente a los posibles daños que pueden sufrir el entorno por causa de la construcción de un proyecto cualquiera de infraestructura que, para nuestro caso, es el hidroeléctrico; espíritu que se sustenta para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas cuando configuran energía renovable. De forma explícita la Ley 99 de 1993.